Los 1,6 billones de pesos que la corrupción le robó a Saludcoop, Conalvías y la UAESP

Si algo genera inquietud entre la opinión pública es el futuro de los recursos que el Estado ha perdido por la corrupción, pues son dineros públicos que no salen de un lugar distinto que de los bolsillos de los colombianos a través, por ejemplo, del pago de impuestos. 

Es por eso que cada vez que se conoce un nuevo escándalo de corrupción la gente –de todos los estratos– se pregunta cuándo se podrá recuperar la plata perdida. No obstante, el común denominador está inclinado hacia el pesimismo y se da por sentado que esos dineros nunca regresarán a las arcas del Estado.

Esta percepción generalizada es lo que precisamente quiere cambiar la Contraloría General de la República, apuntándole a casos de gran impacto –no solo ante la opinión pública sino por las cuantías que implican– y buscando ante los estrados judiciales que el Estado, como víctima, pueda recuperar las multimillonarias sumas que la corrupción le roba.

En un principio este organismo fiscalizador está enfocando sus esfuerzos en tres casos concretos, ampliamente conocidos por la opinión y con los que se quiere desmontar lo que al interior de esta entidad se considera como un lastre, pues no se puede describir de otra forma el hecho de que generalmente lo que se roba por corrupción se considere perdido.

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En concreto se trata de recuperar $1,4 billones por parte de Saludcoop; $174.000 millones por parte de Conalvías por los daños en la construcción de la troncal de Transmilenio de la calle 26, en Bogotá; y de los 47.000 millones de pesos que están relacionados con los pleitos contra ex directivos de la UAESP, también en la capital del país.

“En el país se ha vuelto lugar común pensar o decir que los corruptos se salen con la suya, y no es verdad”, precisó hace poco el contralor General, Edgardo Maya Villazón, durante su rendición de cuenta por los tres años que lleva en el cargo y en referencia directa a dichos casos.

Lo que pretende es que su equipo enfrente con toda decisión la eventual pérdida de ese dinero, por lo que incluso está dispuesto a llegar a las últimas instancias que se establecen en el ordenamiento jurídico colombiano para que el Estado, como víctima, no vea frustrada la posibilidad de recuperar esas multimillonarias sumas.

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A la larga, si se materializa ese propósito, lo que se hará es volver a tener el dinero que todos los colombianos –de alguna manera– han contribuido a recaudar.

Maya Villazón, tras enfatizar que este perfectamente puede ser su principal objetivo en lo que le resta de periodo constitucional, aseguró que “en estos casos no solo apelamos la decisión de los jueces, sino que en caso de que sea necesario iremos a la Corte Constitucional para exigir que no se relegue al último puesto al Estado en el orden de prioridades de pago de los acreedores”.

Esta tarea es ardua, y más si se analizan los antecedentes en casos similares en los que el dinero robado en contextos ilícitos de corrupción se ha perdido, pero puede romper con esa cadena de frustraciones que generalmente dejan este tipo de procesos.

Y, de acuerdo con Maya Villazón, en la tarea de recuperar dineros se han dado pasos importantes. Según dijo en su reciente rendición de cuentas la Contraloría ha logrado recuperar $128 por cada peso que invierte en este tipo de tareas.

Según sus propias palabras, en 35 meses que lleva de gestión al frente del organismo fiscalizador se han logrado recuperar 221.847 millones de pesos, lo que –según cálculos de sus asesores– equivalen a recoger por día un promedio de 340 millones de pesos.

Lo que quiere el Contralor, precisamente, es que antes de culminar su periodo constitucional pueda continuar por este camino y evitar que el dinero público se pierda por cuenta de la corrupción. En cuestión de meses se sabrá qué tan efectivo será en esta materia.