Hasta con avisos clasificados Contraloría buscará oficinas

Mientras muchas entidades y jefes de distintos organismos disfrutan de las festividades de fin de año, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, continúa en una encrucijada de talla mayor por no tener dónde reubicar los más de 2.300 trabajadores de sus entidad.

¿La razón? El vencimiento del contrato de arrendamiento de la sede del organismo de control. Por eso, en lo que ya es una medida desesperada, los encargados de la sección administrativa de la Contraloría apelarán a ‘avisos clasificados’ para buscar rápidamente oficinas de más de 2.000 metros cuadrados para ir reubicando a los empleados. El inmueble que entregan tiene más de 32.000 metros.

En principio será para arrendamiento mientras se surte un proceso de compra de un inmueble definitivo para la entidad. Se sabe que el Gobierno destinó 30.000 millones de pesos para el arriendo de una sede para la Contraloría y 80.000 millones de pesos para iniciar la compra de una sede propia, pero estos recursos sólo estarán disponibles a partir del 1 de enero del próximo año.

Por ahora los empleados deberán ir alistando sus cosas e ir a un sitio provisional hasta ahora no definido. Se ha considerado una opción en el viejo edificio del Ministerio de Justicia, donde a duras penas caben más de 400 funcionarios. “No sabemos para dónde irán unos y otros. Estamos esperando instrucciones. Lo cierto es que terminaremos en oficinas satélites”, dijo a Semana.com un alto funcionario.

Como se puede concluir, se trata de una verdadera tragedia de una institución que tiene la sensible misión de hacerle control al gasto público.

Así es la historia

El contrato de arrendamiento en el edificio Gran Estación II –lugar donde funciona la Contraloría y la Auditoría- ha tenido una mancha que va ensuciando todo lo que encuentra por su paso.

Para empezar, el contrato de 2.500 millones de pesos mensuales trajo consigo un proceso judicial de inmensas proporciones que terminó enredando a la excontralora Sandra Morelli. Ella se vio obligada a salir del país por considerar que en su proceso –donde la acusan de varios delitos derivados de ese proceso contractual- no cuenta con garantías.

En septiembre pasado, cuando llegó al cargo Edgardo Maya, encontró que el contrato de arrendamiento vencía a finales de diciembre. Entonces, comenzó a hacer gestiones para una prórroga mientras aseguraba una nueva sede, ya fuera en arriendo o bajo el sistema de compra.

Justo cuando se encontraba en ello llegó una advertencia de la Fiscalía General. En ella, el fiscal, Eduardo Montealegre, decía que la edificación donde funciona la Contraloría estaba bajo la lupa del ente investigador porque, presuntamente, algunos extraditados por lavado de activos participaron en su construcción.

Es decir, había un riesgo inmenso si se prorrogaba el contrato de arrendamiento o (se adquiría el inmueble). Todo por la investigación que podría derivar en una medida de extinción de dominio, embargo o secuestro de esa edificación.

Maya envió una carta en respuesta a esa advertencia donde dijo “por mi despacho se han dado instrucciones para la planeación contractual para adquirir de manera temporal o definitiva un inmueble para la sede. Estas acciones se deben concretar en el tiempo que sea necesario, tanto en lo legal como en lo técnico y financiero, pero sin afectar el normal funcionamiento de la Contraloría, por lo que estos procesos no podrán culminar antes del 31 de diciembre próximo”, indicaba la misiva.

Para finalizar, Maya fue contundente en exponer a la Fiscalía que no le quedaba más remedio que prorrogar el polémico contrato.  

Adicionalmente Maya comenzó una batalla judicial –a través de consultas, tutelas y demandas- para que le permitieran la prórroga del contrato. Pero el tiempo fue corriendo y no pudo llegar a acuerdos con los arrendatarios. además seguía viva la advertencia de la Fiscalía sobre el fantasma que rodea el Centro Comercial Gran Estación, donde funciona la Contraloría.

Llegó diciembre. Y a tan solo pocos días de que acabe el año, Edgardo Maya vuelve a encender las alarmas porque físicamente no hay de dónde cogerse para mantenerse en esa sede.

En entrevista con Blu Radio, el jefe del organismo de control dijo que entraba en un plan de contingencia porque a partir de la fecha no tenía para dónde trasladar la entidad.

“Es una situación deplorable para la cual he pedido la intervención del defensor del Pueblo para efectos de que haya alguna posibilidad de que se acepte un cronograma de entrega del bien por parte de los arrendadores”, explicó Maya y aseguró que le solicitó al Consejo del Estado que permita a la Contraloría permanecer un tiempo prudencial mientras encuentra una nueva sede”.

Según Maya, el  Gobierno destinó 30.000 millones de pesos para el arriendo de una sede para la Contraloría y 80.000 millones de pesos para iniciar la compra de una sede propia, pero estos recursos sólo estarán disponibles a partir del 1 de enero del próximo año.

El contralor aseguró el martes pasado en rueda de prensa que ha recibido varias ofertas de edificios que tienen 1.000 o 2.000 metros cuadrados, pero que eso no es suficiente para albergar a toda la planta con la que cuenta la entidad. La sede en la que hoy se encuentran tiene 32.000 metros cuadrados.