NACIÓN
Los daños ambientales que dejó la Ruta del Sol
De los más de 442 requerimientos realizados por la ANLA a los constructores sólo 12 son objeto de procesos de investigación sancionatoria. El fin del contrato con la sociedad liderada por Odebrecht siembra dudas sobre el pago de compensaciones.
En la quebrada La Torcoroma convergen varios de los estragos que dejó a su paso la Ruta del Sol en los departamentos que atravesó. Los socavones construidos para extraer el material necesario para las obras y el paso de volquetas desviaron el río de su cauce, generaron procesos de sedimentación y de erosión que afectaron el ecosistema que alimenta a la comunidad de San Martín en el Cesar.
Debido a las quejas de los vecinos preocupados por el fenómeno y al diagnóstico de la Corporación Autónoma del Cesar (Corpocesar) en el que se evidenció la "grave afectación ambiental" causada, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió la actividad extractiva a principios del 2015.
Luego, inició dos procesos de investigación sancionatoria en contra de la empresa Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., a quien acusa de incumplir los requisitos ambientales necesarios para la construcción de un proyecto de esta envergadura.
Pero las fallas no se limitaron al tramo II de la autopista que busca conectar a Cundinamarca con el Cesar.
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De acuerdo con la Contraloría General de la República, el número "increíblemente" elevado de requerimientos hechos por la ANLA a los concesionarios de los diferentes tramos de la Ruta del Sol - 442 fueron censados en tan sólo 20 expedientes - evidenciaron no sólo el descuido de las normas ambientales en el que incurrieron los beneficiarios de las diferentes licencias del proyecto, sino su poco interés en subsanar esos actos aún después de haber sido notificados de su existencia.
En cuanto a la ANLA, fue severamente criticada en el informe de la Contraloría por no sancionar prestamente las posibles infracciones derivadas de esos requerimientos. "Ante la debilidad institucional de la ANLA" el cumplimiento de las licencias ambientales "queda en muchas ocasiones a discreción o voluntad del licenciatario", detalla entre otras conclusiones el organismo de control.
A la fecha, de los 442 requerimientos censados por la ANLA desde 2011, tan sólo 12 han derivado en autos de investigación o procesos sancionatorios en contra de las empresas infractoras en 6 años. De estos 12, la mayoría se encuentra en etapa de descarga de pruebas, lo cual es cerca de la mitad del camino necesario para poder llegar a un primer fallo.
De acuerdo con lo que pudo establecer SEMANA, la mayoría de esos casos se concentran en cuatro puntos críticos que son los municipios de Río de Oro, Aguachica y San Martín en el Cesar, así como el tramo Mamatoco-Puerto de Santa Martha en el Magdalena. Pero existen otras ocurrencias tan graves como el desvío de cauces de ríos, los malos usos de residuos sólidos de origen industrial o las afectaciones a la fauna silvestre y especies vegetales en el universo de los 430 requerimientos restantes que no han prosperado a denuncias formales hasta el momento.
Foto: Cortesía El Pilón
El problema de la compensación ambiental: ¿Quién pagará?
Otro problema importante de la Ruta del Sol ha sido la demora en el pago de las compensaciones previstas en las leyes 99 de 1993 y subsecuentes que regulan la generación de un fondo equivalente a cuando menos 1 por ciento del costo total del proyecto, disponible para financiar procesos de mitigación de impacto ambiental, reforestación, restauración de ecosistemas y pedagogía ambiental con las comunidades afectadas.
En el caso de los diferentes tramos de la autopista que atraviesa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena, estos proyectos fueron negociados con las corporaciones regionales, más todavía no se ha desembolsado ni un solo peso proveniente de esta bolsa.
"No se entiende porque, si la licencia ambiental fue dada en el año 2011, tan sólo 5 años después, el concesionario radica ante la ANLA el Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM) para revisión de esta entidad", advierte la Contraloría.
En tanto que el vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto estimó que "hay una enorme permisividad por parte de la ANLA en el manejo del tiempo que está estipulado para que la concesión lleve a cabo las compensaciones.”
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Por su parte, la ANLA asegura que es normal que los procesos derivados del incumplimiento de requerimientos sean demorados ya que tienen que respetar las diferentes etapas del proceso judicial, además considera que cada tramo de la ruta debería estudiarse como un caso aparte y no como un todo.
Sin contar el hecho de que tienen que lidiar con los mayores proyectos de infraestructura del país con una planta de personal reducido, según sus propios términos.
A pesar de ello, los voceros de la ANLA con los que dialogó SEMANA afirmaron haber contratado recientemente nuevos funcionarios y mejorado la sinergia entre sus áreas jurídicas, técnicas y de cobros para asegurar una mayor eficiencia en la sanción y recaudaciones de las infracciones ambientales que le competen.
Los líos de Odebrecht
Todo el panorama se complica por el hecho que la empresa brasileña Odebrecht, líder del consorcio que ganó la licitación del tramo II de la Ruta del Sol, se vio envuelta en el escándalo de sobornos a políticos que ha sacudido al país. Parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía busca demostrar el hecho de que fue gracias a esas coimas que la constructora consiguió la concesión del megaproyecto.
En respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) -cuyo director renunció el jueves pasado para enfrentar la imputación adelantada en su contra por el presunto delito de interés indebido en celebración de contratos- anunció el 22 de febrero que había logrado un acuerdo para la terminación y liquidación del contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Lo cual generó inquietud entre las corporaciones regionales con quienes tiene acreencias ambientales el consorcio.
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Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Luis Fernando Mejía explicó que en ningún caso se podrá pensar que los pasivos ambientales serán asumidos por el gobierno nacional, sino que seguirán en cabeza de la concesionaria hasta que se proceda a su liquidación. En ese momento, tendrá que analizarse si esos pasivos se descontarán del saldo a favor que pueda tener la empresa o si se trasladarán a las empresas que conformaron la sociedad constructora del proyecto.
Foto: Cortesía El Pilón
Finalmente, el tercer punto sobre el que llamó la atención la Contraloría fue el posible conflicto de interés y la incompetencia en los que pudo haber incurrido la trabajadora de la ANLA encargada de dictaminar la posible afectación ambiental de la Quebrada Pedralonso que denunciaron en reiteradas ocasiones los habitantes del Cesar.
De acuerdo con el informe de auditoría, la funcionaria trabajó en el proyecto Ruta del Sol antes de laborar en la ANLA y no tenía la competencia necesaria para emitir la opinión que prestó –en compañía de un físico y un especialista en biótica- sobre la no culpabilidad del consorcio en las afectaciones ambientales que sufrió la fuente hídrica, porque estas eran propias de un ingeniero y ella tiene formación de trabajadora social.
Lo cual dejó abierta la posibilidad de que existan errores o incoherencias en los dictámenes que absolvieron a la Concesionaria Ruta del Sol de las denuncias presentadas en su contra en otras partes del trayecto que las 442 que si prosperaron en requerimientos.
El papel de las corporaciones regionales
Este conjunto de factores ha preocupado a las organizaciones responsables del medio ambiente en las regiones que atravesó la mega autopista.
"Nosotros concertamos en la Ruta del Sol unas compensaciones junto con las comunidades y nos hemos quedado a la espera de que se hagan esas inversiones. No puede ser que el departamento quede con los impactos ambientales ocasionados por la construcción de la vía sin la compensación" advierte el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel, quien estima en cerca de 8.400 millones de pesos las compensaciones adeudadas en su región.
Si bien el departamento de Boyacá ha sido aparentemente menos afectado por los impactos ambientales de la Ruta del Sol, el funcionario de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, Nelson Leonel Soler, añadió que en su región también se identificaron manejos inadecuados de materiales cerca de Puerto Boyacá, por lo cual habían acordado una compensación equivalente a aproximadamente a 1.800 millones de pesos con la empresa beneficiaria de la licencia ambiental.
En tanto que el director de la Corporación del Magdalena Corpamag, Carlos Francisco Díaz-Granados, detalló que en su región se consideró necesaria la reforestación de 5 mil hectáreas de árboles afectados por el desarrollo del tramo 3 de la vía. Pero que el hecho de que la construcción de esta parte de la ruta fuera liderada por la empresa italiana Impregilo y no por Odebrecht le confería mayor tranquilidad respecto al pago de compensaciones ambientales por venir.
Por el momento, la contraloría anunció que iba a abrir una nueva auditoría específica para averiguar el tema de las compensaciones que no habían llegado a las regiones mientras se dilucida la cuestión de quien se quedará con el segundo tramo de la obra que ya causó una “grave afectación ambiental” a pesar de que se encuentra apenas a más de la mitad de la construcción total prevista.
