Aparece el 'cartel' de los enfermos mentales en Sucre

Parece insólito, pero es real: la Gobernación de Sucre pagó 3.173 millones de pesos por tratamientos para enfermos mentales que no existían, y con facturación totalmente falsa. 

La denuncia la hizo este miércoles la Contraloría General, despues de realizar una auditoría al Sistema General de Participaciones de ese departamento. Lo que encontró es escandaloso e involucra a cinco IPS de la región.

La primera entidad implicada cobró 2.155 millones a nombre de un psiquiatra de la Univeridad Javeriana de Bogotá, al que le habrían falsificado la firma. Al ser entrevistado por el organismo de control, el especialista aseguró que, si bien firmó un contrato de seis meses en 2013 con esa IPS, nunca realizó las actividades por las que la Gobernación pagó todo ese monto.

Lo peor de todo es que, según afirmó el psiquiatra, nunca le pagaron lo pactado en el contrato ni lo volvieron a llamar. Por eso, dejó claro que nunca atendió pacientes en esa clínica y menos autorizó hospitalizaciones, como se indica en las historias clínicas de los pacientes que supuestamente se hicieron estos tratamientos.

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“La firma no corresponde a la mía, eso es un garabato que hicieron, intentando falsificar mi firma; el sello que utilizan las historias clínicas no corresponde al mío. (...) En el sello aparece mi nombre y el de la Universidad Javeriana mal escritos. (...) El registro médico que aparece no es el mío, es el número de la tarjeta profesional, no el del registro médico”, aseguró el galeno.

El millonario pago a esa entidad, ordenado por la Secretaría de Salud departamental, se hizo por la supuesta prestación del servicio a pacientes con drogodependencia.

Pero estas no son las únicas falsedades que aparecen en este escándalo de la salud. Según encontró la Contraloría, también se habría falsificado la firma de quien autorizó el servicio, que sería el líder del Programa de Auditoría de la Secretaria de Salud. Esta persona aseguró al organismo que la firma empleada no corresponde a la suya.

"Además del detrimento público que se da en cuantía de 2.155 millones, por pagos indebidos y/o improcedentes de bienes y servicios que no fueron prestados, se observa también la presunta comisión de delitos, con el fin de apropiarse de dineros de la salud", manifestó la Contraloría.

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Al igual que ocurrió con esta IPS, sucedió con las demás. Otra de las cinco clínicas cobró 32 millones de pesos a la Secretaría de Salud, también por solicitud de un supuesto médico especialista, pero esta vez de Montería.

Al igual que el otro galeno, este psiquiatra certificó ante la Contraloría que la firma que aparece en los documentos no es la suya y dice que fue falsificada.

"El Gobernador de Sucre está enterado de las irregularidades detectadas y se encuentra a la espera de que se oficialice este informe, con el cual el organismo de control evaluó el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones", finaliza la Contraloría.