Contraloría destapa nombres de los vinculados con responsabilidad fiscal por el escándalo del MinTic

Un nuevo paso dieron los organismos de control y vigilancia en Colombia que tienen bajo la lupa el escándalo que se ha desatado en el país, alrededor de un billonario contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), el cual fue entregado en 2020, a la Unión Temporal Centros Poblados, con el propósito de dotar de internet a más de 7000 colegios en el país.

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República anunció que el viernes 13 de agosto de 2021 procedió a abri formalmente un proceso de responsabilidad fiscal, por la suma de $70.243 millones, ante las presuntas irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC (Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones), en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020 con la que se buscaba llevar internet a un total de 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos y que estaba a cargo de la controvertida Unión temporal Centros Poblados.

¿Qué investigarán?

Según expresa la Contraloría, dentro de los temas que se van a investigar se encuentra el manejo del anticipo y la ejecución del contrato que estaba en manos de la unión temporal y que fue caducado por el Gobierno la semana pasada.

Adicionalmente, el ente de control investigará a las personas que tuvieron a su cargo la interventoría del proceso, pues eran estos quienes tenían que velar por el control y seguimiento de dicho contrato.

Los vinculados

Dentro de las personas que fueron vinculadas al dicho proceso de responsabilidad fiscal, según señala la Contraloría, aparecen:

Adriana Meza, representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FunTic.

Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual.

Camilo Jimenez, supervisor del contrato.

También, la Contraloría investigará a los representantes legales de La Unión Temporal Centros Poblados: Carlos Enrique Paramo, Jeremías Olmedo Cabrera, Hugo Armando Canabal, Juan Sebastián Vergara.

Por el lado de la interventoría, se vincularon nombres como: Paola Izquierdo, Francisco Javier Barrena y José María Hougton.

El desconcierto que ha suscitado el escándalo es monumental, toda vez que se trata de un tema que toca muchos puntos polémicos: la brecha digital, el derecho a la educación en medio de necesidades digitales y un millonario contrato, quizás el más grande que había tenido en sus manos la cartera que hoy lidera Karen Abudinen, a quién en el Congreso piden que se le haga moción de censura.

Haciendo memoria

Un ambicioso proyecto nació en medio de la pandemia. Se necesitaba conectar a los niños a la internet para que pudieran acceder a la educación en la virtualidad que exigía la bioseguridad y las cuarentenas, entre otras medidas restrictivas aplicadas por la presencia del coronavirus.

El Ministerio TIC, luego de un proceso licitatorio, firmó el millonario contrato (diciembre de 2020).

fue necesaria una integración de empresas, pues un contrato por más de un billón de pesos no es para cualquiera. Es lo que se llama Unión Temporal, que, en este caso, fue integrada por Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %); ICM Ingenieros (35%); Intec de la Costa (15 %), y Omega Buildings Constructora (15%).

Los contratistas recibieron el 6,55 % en adelanto, es decir, $70.000 millones, que es precisamente el monto que ahora la Contraloría pone en la mesa para reclamar la responsabilidad fiscal de los nombres mencionados.