Contraloría destapa parte del costo del escándalo de la Aerocivil revelado por SEMANA: siete hallazgos fiscales suman 92.959 millones

Lo que encontró la Contraloría en sus pesquisas frente a las irregularidades de la Aerocivil es impactante. Se trata de siete hallazgos fiscales por 92.959 millones. Están relacionados “con el diseño, construcción e interventoría de Obras en los Aeropuertos de Villavicencio, Ibagué, San Andrés, Pasto, Puerto Carreño y Yopal”.

“La Contraloría realizó una intervención por un artículo de SEMANA publicado en noviembre de 2022″, dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez

La entidad explicó en un comunicado, uno a uno, los hechos que tienen que ver con esta situación. La mayoría se relacionan a obras en aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, se encontró que había “vencimiento del plazo contractual sin terminación de las obras e Infraestructura aeroportuaria hasta ahora construida que no es funcional”, esto en el Contrato de obra 20001200 H4 de 2020.

El organismo de control estableció que al 15 de diciembre de 2022, fecha de finalización del contrato, el contratista aún no había entregado la obra. Ese daño patrimonial lo calculan en 14.644 millones.

En el aeropuerto Perales de Ibagué también se contrató la “impermeabilización en cubiertas que presentaban filtraciones y la rehabilitación de la estructura metálica que presentaba alto grado de deterioro en la nueva terminal de pasajeros y torre de control del Aeropuerto”.

“Adicionalmente, se identificó la falta de un oportuno mantenimiento rutinario de cubiertas y estructura metálica de la Terminal de pasajeros y torre de control, que contribuyó al deterioro acentuado de la estructura metálica y a reboses ocasionados por la obstrucción y colmatación de los desagües en la cubierta. Lo anterior generó un detrimento patrimonial por 3.395 millones de pesos”, agrega la entidad.

Algo similar pasó en el aeropuerto de San Andrés. El día 7 de diciembre de 2022 se debía culminar la obra, pero la torre de control no se encuentra terminada, “está paralizada su construcción y expuesta al deterioro por el ambiente salino de la isla y, por ende, no pueda operar conforme a lo previsto en el objeto contractual”.

También hubo problemas en el contrato de mantenimiento del aeropuerto de Providencia.

Sobre el aeropuerto de Pasto, la Contraloría aseguró que “se evidenció el deterioro prematuro de la carpeta de rodadura instalada por el contratista en la pista del Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, principalmente por la aparición de fisuras predominantemente longitudinales. Esta anomalía genera una disminución de la vida útil de este pavimento asfáltico. Lo anterior ocasionado por deficiencias en la instalación de esta carpeta de rodadura y también por deficiencias en la revisión y aprobación por parte de la interventoría, que ha producido un daño fiscal por 32.016 millones de pesos”.

Por otro lado, en el de Puerto Carreño, “las obras contempladas en el alcance inicial del Contrato n.° 18001550-H3 resultaron insuficientes para poder terminar y poner en servicio la Terminal de pasajeros del Aeropuerto de Puerto Carreño, lo cual ha ocasionado que la obra esté paralizada e inconclusa, generando un detrimento por 32.858 millones de pesos”.

Y en el Alcaraván de Yopal, el contrato incluía “La construcción de tramo de la vía calle 46, calle salida rápida de la base SEI y mantenimiento lado aire y lado tierra del Aeropuerto el Alcaraván de Yopal, pero la Aerocivil no contaba con la disponibilidad de los predios necesarios que permitiera cumplir con el alcance previsto en relación con la construcción del tramo de vía calle 46, por lo cual, este componente de obra ejecutado de manera parcial hoy está inconcluso y no es funcional”.

Esta fue la portada de SEMANA: “El cartel de la Aerocivil”

La corrupción aterrizó de barriga en la Aerocivil hace una década y los delincuentes armaron allí su nido. SEMANA destapó una olla podrida de denuncias por narcotráfico, contratos tramposos, estafas, venta de servicios y hasta nóminas paralelas con funcionarios fantasma que solo aparecen para cobrar los sueldos. Hay evidencias de una organización criminal dedicada a cobrar millonarias coimas por legalizar horas de vuelo y expedir licencias para los pilotos.

Las denuncias comprometen a cargos directivos, contratistas, funcionarios en las regionales, controladores y hasta bomberos. Todo, en un círculo de complicidad e impunidad expuesta con cientos de documentos, soportes y correos llenos de advertencias por el voraz apetito por quedarse con el dinero público. Lo peor es que hasta la fecha no se han tomado medidas.

No se trata solo de un saqueo. Hay una alarmante lista con nombres de cerca de cien funcionarios presuntamente vinculados con redes de narcotráfico que, de forma sincronizada con delincuentes, apagan los radares o los sacan de funcionamiento justo en los momentos en que las avionetas repletas de cocaína surcan los cielos o llegan al país con maletas llenas de efectivo.

SEMANA tuvo acceso exclusivo a las denuncias. Hay audios, videos, correos, declaraciones de funcionarios y arrumes con cientos de folios en los que se documentan las irregularidades omitidas durante años por directivos y organismos de control. Una bomba corrupta que, según las fuentes, esperan que estalle ahora en el “Gobierno del cambio”, desnudando la forma como se robaron la Aerocivil. Hay denuncias de irregularidades con contratos de servicios o necesidades de tecnología, infraestructura y comunicaciones. Llama la atención la compra de sillas ergonómicas que se pagaron a casi 11 millones de pesos cada una.

Hay repuestos para equipos que nunca funcionaron o, peor aún, que nunca se instalaron. Se habla de oficinas alternas con particulares que ofrecen servicios y trámites en la Aerocivil, como la venta de licencias para pilotos a diez millones de pesos.

Los sindicatos, veedurías, funcionarios y exfuncionarios dejaron cuestionarios, anotaciones y correos a todos los directores desde 2012 a la fecha. Pero no hubo respuesta más allá de algunos operativos liderados por la Fiscalía con la captura de funcionarios en el capítulo de licencias para pilotos y otros señalados de narcotráfico. Pero el miedo no es un sentimiento en los corruptos de la Aerocivil. Con nombre propio están las denuncias, y quienes aparecen en ese listado siguen atornillados en sus cargos.

Las denuncias que obtuvo SEMANA tienen un complejo lenguaje técnico, pero explican en detalle cómo cada espacio en los aeropuertos se convirtió en una necesidad y un argumento para contratar, incluso cuando no era necesario. Los expertos, que son funcionarios de la Aerocivil, advierten cómo el modus operandi se repite, una y otra vez, en los procesos de contratación de la entidad y en hechos que fueron advertidos en su momento por el propio Congreso con el cartel de los repuestos. Pero ni eso frenó la dinámica corrupta.

Nexos con el narcotráfico

A la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense llegará una explosiva información en poder de SEMANA. Las denuncias son graves e incluyen amenazas en contra de quienes se atreven siquiera a mencionar los hechos que vinculan a funcionarios de la Aerocivil con organizaciones narcotraficantes.

La red, según el documento, funciona así: los controladores supuestamente comprometidos con las actividades ilegales en cada regional tienen misiones puntales; ya sea apagar los radares o parquear las aeronaves en espacios previamente fijados, donde se supone que es cargada la cocaína. Incluso, algunos utilizan los privilegios de ser funcionarios de la Aerocivil para ingresar con vehículos de la misma entidad hasta los hangares evitando los controles del personal de seguridad. Vehículos de la entidad transportan la cocaína.

“El controlador (se reserva el nombre) quien con el vehículo asignado tumbó la barda de seguridad para pasar, por un lado, sin hacer uso del carné de identificación y autorización del vehículo (...) ese carro es usado entre otras actividades irregulares para facilitar el ingreso de narcotráfico. Tiene una capacidad de carga de dos toneladas”, advierte el informe especial, que compromete a cerca de 100 funcionarios, conocido por SEMANA.

En las regiones la situación es diferente, casi de película. Los controladores tienen la posibilidad de inhabilitar los radares o simplemente permiten su deterioro a tal punto que quedan fuera de servicio y peligrosa y convenientemente a merced de los criminales.

El vacío en la vigilancia aérea en los radares secundarios que posee la Aerocivil es justamente la estrategia del narcotráfico y deja, en mayúsculas, según un documento enviado a la dirección general de la Aerocivil, “pistas no controladas”, que, dicho por los propios funcionarios, es la arena de operaciones criminales para los narcos.

“En temporadas altas los narcos advierten los aviones que salen y entran, los técnicos apagan los radares y en ese momento pasan más de cinco aeronaves en fila… Se detecta en el centro de control, se abre una investigación… pero no pasa nada”, le aseguró una fuente a SEMANA. Además, hace otras denuncias de cómo, curiosamente, la lista de problemas en los radares, microondas y en los sistemas de seguridad aérea en la región oriente del país están abandonados por la propia Aerocivil.

La realidad del abandono y la falta de elementos de detección de aeronaves que salen desde pistas clandestinas ubicadas en la zona de frontera con Venezuela (región oriente) está plasmada en un documento que fue remitido por correo electrónico al director (e) de la Aerocivil, Francisco Ospina Ramírez, con el asunto “Carencia de sistemas aeronáuticos confiables”. “Claramente, facilitando un corredor para el narcotráfico que es de conocimiento público en la Aerocivil, pero nadie dice o hace algo”, señalan los funcionarios que hablaron con SEMANA.

Los reportes de daños o radares fuera de servicio están, particularmente, en la zona de frontera con Venezuela y donde organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc y el ELN, se disputan a sangre y fuego el control de las rutas del narcotráfico. Incluso advierten en el mismo documento cómo la Fuerza Aérea en ocasiones impide el acceso de los funcionarios que realizan los mantenimientos a los radares y los microondas.

En orden se explica la situación de los sistemas de navegación y control aéreo en la región oriental de Colombia. Por ejemplo, el radar Carimagua, que cubre los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, está fuera de servicio desde agosto. Desde hace un año también lo están los equipos de comunicaciones, transmisores y receptores tierra-aire en Puerto Inírida.

“En Pompeya (estación de la Aerocivil en el oriente del país), una ventisca fuerte tumbó la torreta que sostenía las antenas de microondas y equipos de comunicaciones. Además, el suelo del cuarto de equipos se cedió, dañando el sistema de energía. Es urgente que se recupere esta estación que ayuda a la operatividad de la frecuencia de Villavicencio con el tráfico de helicópteros y aviones”, señala uno de los documentos del dosier. Eso indica que el corredor del narcotráfico está libre.

En el informe especial que llegará a la DEA, se advierte, por ejemplo, que en Bogotá al menos nueve funcionarios, plenamente identificados, estarían comprometidos en los hechos irregulares, incluso con funcionarios de la Policía Antinarcóticos y de Bomberos, adscritos a la Aerocivil.

La lista crece en número de funcionarios vinculados en las zonas de mayor penetración del narcotráfico. En Antioquia, por ejemplo, son 28 los enredados, mientras que en Cali se cuentan 21 encargados de la seguridad aérea.

En el caso de los aeropuertos del norte del país, la situación es más preocupante. Los consideran la principal base de operaciones y señalan a los aeropuertos de Cartagena, Santa Marta y Riohacha como los puertos de salida más apetecidos por el narcotráfico. En esa zona del país serían 16 funcionarios comprometidos. No solo son controladores y bomberos, sino también personal administrativo de los aeropuertos.

Sin embargo, la mayoría son controladores que están en los centros de control y las torres, los mismos que se encargan de los radares, de dar indicaciones a los pilotos y de señalar dónde se parquea un avión al momento de aterrizar.

Quienes denuncian piden a las autoridades hacer una investigación sobre el incremento patrimonial de los funcionarios. Aseguran que es evidente y así podrían identificar quiénes, de la noche a la mañana, pasaron de ser modestos funcionarios a convertirse en millonarios inversionistas con fincas, edificios y autos de lujo.

El director (e) de la Aerocivil, Francisco Ospina Ramírez, en entrevista con SEMANA aseguró que tiene conocimiento de algunos hechos relacionados con narcotráfico que están en manos de la Fiscalía y que ya hay condenas. Aclaró que, si bien la Aerocivil monitorea el espacio aéreo, es la Fuerza Aérea la llamada a ejercer la vigilancia y tiene “la responsabilidad de verificar actividades ilícitas a estas aeronaves”.

Ospina reveló que tiene reportes, advertencias e investigaciones internas por los radares que se apagan en determinadas regiones, aunque dice que no hay zonas que queden ciegas por cuenta de estas actividades delictivas de los funcionarios de la Aerocivil. Las evidencias indicarían otra cosa. “Tenemos un caso con un funcionario que hizo una transferencia inadecuada, eso lo capta y reporta al sistema. Se trata de unos funcionarios que estaban tratando de traer una señal de un cerro a otro; en esa transferencia se desconectó una señal por unos minutos”, dijo el director encargado.

Respecto de las áreas abandonadas que se denuncian en los documentos en poder de SEMANA, Ospina Ramírez aseguró que efectivamente hay problemas en zonas como el oriente de Colombia, pero dijo que allí hay unos respaldos con otros radares que incluso se comparten con la Fuerza Aérea. Otras son las observaciones que hacen los funcionarios que están en esos puntos del país.

La contratitis

Una enfermedad que aqueja a las entidades públicas es la contratitis y la Aerocivil no es la excepción. En la entidad se expandió con una desbordada y millonaria adjudicación que argumentan como necesaria, pero que los funcionarios consideran una excusa, muy técnica, para robar.

Los contratos van desde la reparación de pistas en aeropuertos, equipos para garantizar el aterrizaje de los aviones, las comunicaciones entre pilotos y controladores, hasta sillas de lujo para funcionarios.

En la lista de contratos, por grado de descaro, llama la atención uno que costó casi 300 millones de pesos y cuyo objeto se resumió así: “Adquirir sillas ergonómicas para el personal ATC de la regional Centro Sur”. En principio no habría nada raro, pero cuando se pone la lupa se establece que son apenas 23 sillas, cada una por casi 11 millones de pesos.

Las sillas llegaron a precio de trono de rey y, según el documento conocido por SEMANA, fueron asignadas a los encargados del Centro de Control y la Torre de Control en Bogotá.

Las especificaciones o necesidades no justifican su exorbitante valor. Según el formato de contrato de compraventa, las sillas “deben contar con un diseño innovador y elegante”. Otras condiciones parecen una burla: “El espaldar debe proporcionar apoyo a la espada” y el “tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento”. La compra se autorizó en plena pandemia.

Ospina Ramírez le dijo a SEMANA que la compra de estas sillas se hizo mediante una subasta inversa con tres oferentes y justamente se escogió la propuesta más económica, que resultó ser la de casi 11 millones de pesos. Advirtió que los requerimientos salieron de la ARL y se incluyeron en las condiciones de la adquisición.

Otro contrato en la mira es para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y la navegación aérea del aeropuerto de Riohacha. La Contraloría hizo una serie de observaciones en el informe que presentó el pasado 2 de noviembre.

El contrato se firmó por más de 20.000 millones de pesos y las observaciones del organismo de control reflejan cambios de fondo en las condiciones iniciales. En otras palabras, lo que se contrató no se hizo y, sin previo aviso, se desarrollaron obras que no quedaron fijadas.

El documento de 89 páginas, conocido por SEMANA, describe siete observaciones, cada una más grave que la anterior. Por ejemplo, advierte sobrecostos del 940 por ciento en el suministro e instalación de luces en el aeropuerto de Riohacha; estudios y diseños que no usó el contratista, pero que sí pagó la Aerocivil por más de 1.000 millones de pesos, sumado a que la Aerocivil no cargó la información completa en el Secop.

Al respecto, Ospina Ramírez aseguró que son procesos de contratación que se firmaron hace algunos años y que son susceptibles de verificación por los entes de control. Agregó que por eso compartieron la información con el ánimo de esclarecer cualquier inquietud. “Hay un listado de contratos sujeto a revisión y justamente ese forma parte de ese listado”, dijo el funcionario.

Ese mismo problema lo padece la comunidad de Puerto Carreño, en Vichada, que espera modernizar su aeropuerto. Ahí el asunto es escandaloso, ya que terminó en una pelea legal. La Aerocivil, según una fuente, decidió conciliar sin muchos reparos por una obra que nunca se realizó, pese a que giró un anticipo de 3.450 millones de pesos.

La Aerocivil contrató la adecuación del aeropuerto por 9.500 millones de pesos con un consorcio, pero en el contrato dejaron, misteriosamente, una cláusula de controversias que obligaba a la entidad a conciliar en caso de que algo le disgustara al contratista, como efectivamente ocurrió.

Las obras en el aeropuerto tenían fecha de vencimiento el pasado 31 de julio de 2022, cuando se supone que serían entregadas. Pero ocho días antes la interventoría advirtió que los retrasos eran del 86,13 por ciento.

El último día para el vencimiento del contrato se otorgó una prórroga hasta el 23 de noviembre, pero ni siquiera llegaron a esa fecha. En septiembre el mismo contratista solicitó la suspensión, y la Aerocivil, en lugar de ejecutar las garantías o pelear por los recursos públicos, prefirió conciliar con el incumplido. De acuerdo con las denuncias, ahora tiene que pagar cerca de 10.000 millones de pesos.

El director encargado de la Aerocivil aseguró que no es cierto. Dijo que no hay una conciliación en curso con este contrato, pero reconoció los problemas en la ejecución. Sin embargo, los denunciantes lo contradicen e insisten en que la conciliación está fijada: “O si no, para qué una cláusula de controversias que obliga a las partes a conciliar”.

En esos términos, con semejantes observaciones, hay un centenar de contratos que no cuadran para los expertos de la Aerocivil. Proyectos de modernización y actualización tecnológica con productos que son obsoletos o que terminan en bodegas y oxidados.

La lista de contratistas, de acuerdo con los denunciantes, es la misma desde hace una década. La Aerocivil compra y guarda. Incluso, se advierte que en algunas oportunidades ha pagado por repuestos que ya estaban en los almacenes, es decir, les venden los mismos productos que compraron con anterioridad.

El pasado 30 de julio de 2022 al despacho del director encargado de la Aerocivil llegó otra comunicación que tenía por asunto “Denuncia corrupción al interior de la Aerocivil”. Se trata de diez páginas con hechos presuntamente ocurridos durante su administración y anteriores. Contratos y más contratos, bien redactados, pero presuntamente mal ejecutados.

En la denuncia, de la que no se conoce respuesta, los contratos suman más de 100.000 millones de pesos en tecnología que, en criterio de los mismos funcionarios de la entidad, resulta innecesaria por razones tan simples como la incompatibilidad con los equipos de la Aerocivil. El inventario de irregularidades, ahora en poder de SEMANA, es abrumador.

La oficina alterna

SEMANA obtuvo audios entregados por funcionarios y pilotos que resultaron extorsionados para hacer trámites en la entidad, principalmente para obtener licencias de vuelo. En este capítulo están plenamente identificados los responsables, con oficina y nombre propio.

Los denunciantes advierten que en la sede central de la Aerocivil hay una dependencia que se convirtió en una oficina de trámites que remite clientes a una mujer. En los audios es nombrada como Adriana Ávila, con un despacho alterno, muy cerca, y dispuesta a facilitar las diligencias que resultan imposibles de resolver en la entidad a cambio de coimas. Pero lo más grave es que garantizan que “pueden convertir un conductor de camión en un piloto de avión” con solo pagar diez millones de pesos.

SEMANA tuvo acceso a una conversación en la que un piloto le revela a un funcionario la forma como la “señora” logró legalizar unas horas de vuelo que no cumplió en Colombia, pero que, gracias al pago millonario y en cuestión de horas, lo dejó como un experimentado piloto comercial.

“–Yo incluso le dije a la vieja por qué no más bien le dice a Quijano que cuánto me cobra, que me acepta plata, pero él sin meter ningún certificado falso.

–¿Y por eso le mandó a la muchacha?

–Claro… Todo me lo dijo a través de la vieja”.

La información indica que, una vez la pandemia obligó a digitalizar los trámites en la Aerocivil, la oficina de licencias de la entidad se convirtió en un búnker donde los usuarios, en su mayoría pilotos, solo podrían acceder a través de Adriana Ávila, que ubicó sus servicios en el aeropuerto El Dorado, en la “entrada 1, interior 27, hangar 2″. Ahí se negociarían las licencias de vuelo.

La conversación que conoció SEMANA se refiere a una red de corrupción que ya la Fiscalía está investigando. Como sucedió hace ocho años, vuelven a caer los mismos funcionarios que ahora resucitaron el ilícito negocio. Según los denunciantes, quienes cometen las irregularidades son los repitentes.

En el audio se menciona al actual jefe de la oficina de licencias de la Aerocivil, Juan Manuel Quijano.

“–Ese es un negocio que tienen, y por eso fue que Quijano le negó la licencia, todo lo manejan con esa vieja. ¿Cómo se llama?

–Adriana. Adriana Ávila.

–Peor todavía… Me preocupa qué pueda pasar, será que me estoy metiendo en un problema berraco.

–Mk…, por eso era que Quijano se la negaba.

–El certificado ya está hecho, ellos están esperando solo a que yo presente el examen en la Aerocivil”.

Pero obtener licencias para pilotos de manera amañada y sin cumplir los requisitos mínimos no era lo único en el portafolio de servicios ilegales. Las denuncias advierten que personas en las escuelas de aviación, principalmente en una ubicada en Villavicencio, y que en los audios se identifica como Centro de Entrenamiento Aeronáutico (Cedal), serían las encargadas de motivar y auspiciar los hechos de corrupción al certificar horas de vuelo que nunca se realizaron. Un verdadero peligro.

No se necesita experiencia ni capacitación para convertirse en un piloto. Basta con hacer el pago de las coimas y acudir a la Aerocivil, donde se venden hasta las fechas para los exámenes con precios que oscilan entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, de acuerdo con la urgencia del solicitante.

La oficina alterna tiene como socios, según la denuncia y los audios en poder de SEMANA, a personas que previamente fueron procesadas por la Fiscalía en casos de estafas a pilotos convencidos de que llegaban a las escuelas para adelantar los cursos de aviación. El problema es que esas escuelas no estaban acreditadas ante la Aerocivil. Sin embargo, con los sobornos todo se logra y rápidamente homologaban las horas de vuelo y en cuestión de días están graduados con honores.

Los nombres de los funcionarios y particulares están en las denuncias, al igual que las direcciones donde estarían delinquiendo y ofreciendo los servicios ilegales. En las próximas semanas la documentación, los audios y correos serán entregados a la Fiscalía para que adelanten las investigaciones y desmantelen esa cloaca que juega con la seguridad aérea del país.

Al respecto, el director (e) de la Aeronáutica Civil aseguró que el “proceso de licencias es complejo y controversial en Colombia”. Dijo que incluso hay particulares condenados. Por eso, en su criterio, es importante que las personas que se sientan afectadas hagan las respectivas denuncias, pero infortunadamente quienes ponen en evidencia la red de corrupción, generalmente, ya han pagado por los servicios de la oficina de licencias.

Aseguró el funcionario que de todas formas abrirán las investigaciones internas bajo la premisa de la presunción de inocencia en el caso de los funcionarios que aparecen relacionados en los audios, pero considera que es oportuno tomar algunas medidas que incluyen refrescar ciertos despachos de la entidad.

Los fantasmas de la aerocivil

Una reestructuración en la Aerocivil, mediante decreto presidencial, descentralizó los poderes en la entidad. Ahora las regionales son autónomas en el gasto y en el número de necesidades que requieren para garantizar el funcionamiento de los aeropuertos y la seguridad aérea.

Con esos argumentos, la planta de personal se incrementó por medio de contratos de prestación de servicios y resoluciones de provisionalidad. Los mismos funcionarios advierten que la suma de cargos en puestos inventados se convirtió en un verdadero descalabro para la entidad y, por ende, para el Estado.

La denuncia que hicieron llegar a las directivas de la Aerocivil, a través de un correo electrónico que obtuvo SEMANA, advierte que en regionales como el Valle del Cauca hay más de 30 funcionarios que aparecen en la nómina de la entidad, pero que nadie conoce, no tienen puesto y los cargos fueron creados al mismo tiempo de su nombramiento. Son funcionarios fantasma que realmente tienen asustados a los sindicatos de la Aerocivil.

“Está mal visto que estas asignaciones no se hayan publicado por correo, como es el caso de los demás procesos, donde se hace el estudio de verificación de requisitos. Por lo anterior alertamos para que se impida la consumación de este acto carente de transparencia y que deja de manifiesto la existencia de corrupción en la Aerocivil”, señala el correo electrónico.

Los fantasmas recorren los pasillos de la Aerocivil con el capítulo de nombramientos irregulares. Las denuncias dejan claro, con lista en mano, cómo algunos cargos en la entidad se lograron por pagos, cobrando por ser parte de la nómina del Estado. Son 40 funcionarios que en la regional centro sur y en Bogotá habrían pagado para garantizar su nombramiento.

“Se han recibido evidencias de que hay cerca de 40 servidores públicos postulados a cargos de áreas técnicas que están asignados no solamente a dedo, sino con exigencias de cuotas o dádivas de considerables sumas de dinero por quien encabeza la lista expuesta”, advierten las denuncias. Además, habría modificaciones al manual de funciones.

Estas denuncias de lo que ocurre en la Aerocivil llevan años y parecen un saludo a la bandera. Nadie las escucha, a nadie le preocupa, y los denunciantes han terminado amenazados, perseguidos o trasladados.

La situación se agrava tras la interinidad que vive la entidad, según los funcionarios. Quien estaba en la dirección, Jaír Orlando Fajardo, salió volando en julio tras ser declarado insubsistente por el Gobierno Duque. Desde entonces, Ospina Ramírez está encargado.

Los funcionarios y denunciantes piden acabar con esa interinidad y que se nombre a un director en propiedad que ayude a destapar la cloaca en la que se convirtió la Aerocivil. Que sea un director sin heredero político, que sepa del sector y conozca los aeropuertos desde su interior y no como un pasajero más. Que ayude a desmantelar el cartel que actúa a sus anchas bajo una vergonzosa impunidad. Lo que está en juego es la vida de los usuarios del transporte aéreo, la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y miles de millones de pesos de recursos públicos.