Contraloría detecta irregularidades por casi $15 mil millones en contratos de la Uspec para brazaletes electrónicos

La Contraloría General reveló graves irregularidades en los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con un impacto fiscal estimado en $14.981 millones.

Estas anomalías, de acuerdo con el órgano de control, se centran en la adquisición de una solución integral para la prestación del Servicio Ininterrumpido de Vigilancia Electrónica (SVE) para personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, beneficios administrativos o medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El descubrimiento más significativo, valuado en $14.652 millones, se realizó tras una inspección al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi). Durante esta revisión, la Contraloría solicitó la documentación de facturación y pago correspondiente a todos los meses de 2022, revelando que se había facturado por servicios de monitoreo diario para dispositivos inactivos, considerados erróneamente como “efectivamente monitoreados”.

Esta situación se ha generado debido a la “falta de examen” del código fuente, “que genera estos reportes y que constituye el soporte para el cálculo del monto de facturación mensual del servicio, no ha sido examinado, ni verificado, por parte de la Interventoría; evidenciando deficiencias de seguimiento y control en las labores de la Interventoría, y la Supervisión”, determinó el organismo de control fiscal.

Además de estos hallazgos de gran magnitud, la Contraloría identificó 34 hallazgos administrativos en total, de los cuales 7 podrían tener implicaciones disciplinarias y 2 muestran un daño al patrimonio público por casi $15 mil millones. Todos estos casos serán remitidos a las instancias correspondientes para su debida investigación y trámite, según la entidad.

En cuanto a los estados financieros de la Uspec correspondientes al ejercicio 2022, la opinión de la Contraloría General es negativa, conforme a lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de 2017. Esta conclusión refleja la gravedad de las irregularidades encontradas y la necesidad urgente de acciones correctivas para salvaguardar los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión de los servicios penitenciarios y carcelarios.

Cómo se adjudicó el contrato de brazaletes electrónicos

Tras un cuestionado proceso licitatorio, en diciembre pasado la Uspec adjudicó el contrato de brazaletes electrónicos a la Unión Temporal ‘Efectiva’, integrada por Synergye Tecnología Da Informacao Ltda (50%), Prepacol S.A.S. (45%) y Dinatel S.A.S. (5%).

La adjudicación se realizó luego de que la entidad abriera una licitación por más de $94.000 millones para contratar la operación de los brazaletes electrónicos para custodiar a más de 5.500 personas privadas de la libertad en todo el país, que se cuentan con el beneficio de casa por cárcel.

El 26 de diciembre, la Uspec estaba a punto de asignar el contrato, pero, según se conoció, diversos proponentes denunciaron supuestas irregularidades en los términos del contrato que favorecían únicamente a uno de los interesados, por lo que la audiencia tuvo que ser aplazada mientras, por solicitud de la Procuraduría, se revisaban las observaciones de los oferentes, en aras de la transparencia y en representación de los intereses colectivos.

Finalmente, el 27 de diciembre se definió el ganador y este empezó a prestar el servicio de vigilancia electrónica a partir del 29 de diciembre y durante 20 meses.

A pesar de ser considerado un mecanismo excepcional, durante los últimos cinco años, la Uspec había recurrido a la urgencia manifiesta para entregar este contrato de manera directa, argumentando dificultades presupuestales y falta de tiempo para llevar a cabo la licitación pública.

Solo hasta ahora la Uspec logró avanzar en el proceso licitatorio para contratar servicios de vigilancia electrónica para los reclusos. La Procuraduría había manifestado su preocupación y emitido observaciones tanto en aspectos jurídicos como técnicos, con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y una selección objetiva.