Contraloría emite fallo de responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, exagente interventor de Saludcoop, por $297.630 millones

SEMANA conoció que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General, emitió un fallo con responsabilidad fiscal en contra de Guillermo Enrique Grosso Sandoval, quien se desempeñó como agente especial interventor de la EPS Saludcoop. El fallo implica una suma de $297.630 millones que deberán ser asumidos por el señor Grosso Sandoval.

La decisión emitida se basa en los hechos declarados de “impacto nacional”, tal como se estableció en el Auto No. 013 del 17 de agosto de 2018 y el Auto No. 0003 del 18 de enero de 2019. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop, los cuales han sido objeto de diferentes actuaciones fiscales, disciplinarias y penales.

El fallo con responsabilidad fiscal se fundamenta en diversas irregularidades, entre las cuales se incluyen la realización de anticipos, la transferencia de recursos, la falta de seguimiento y control sobre los giros directos, la provisión y el castigo de la cartera en cuentas de sociedades vinculadas al grupo Saludcoop y de terceros no relacionados con la misma. Además, se determinó que se excedió el porcentaje permitido de gastos de administración para el año 2015.

Cabe destacar que la Contraloría General, a través de la misma Unidad de Investigaciones contra la Corrupción, ya había llevado a cabo una investigación fiscal en el año 2021 dentro del mismo proceso, mediante el Auto No. 1095 del 12 de julio. Dicha investigación reveló irregularidades adicionales en el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop, con un valor total de $219.734.473.262,78.

Guillermo Grosso, condenado por millonario desfalco

El pasado 21 de marzo, Guillermo Grosso, en su calidad como expresidente de la EPS Cafesalud, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, y cohecho (ofrecimiento de sobornos en tres casos). En la lectura del sentido del fallo, el juez 28 de conocimiento de Bogotá advirtió la gravedad de la actuación de Grosso al afectar el sistema de salud y los recursos públicos para beneficiarse económicamente.

Para el juez, existe evidencia suficiente para inferir que Grosso montó una IPS con un aire de legalidad y ofreció millonarios sobornos para resultar beneficiado. En ese sentido, según el togado, se contactó con Eva Katherine Carrascal, quien, entre los años 2016 y 2018, fungió como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, para pagarle dádivas para que le entregaran la administración de recursos y pacientes de otras EPS que estaban en crisis.

“Su vocación no era salvarlas, sino tener información, una asesoría interna de la Superintendencia de Salud para luego pervertir el sistema y decir ‘mire, yo soy su salvador’, y esto es lo que hacía Guillermo Grosso Sandoval”, precisó el funcionario judicial en la lectura del fallo.

En este sentido, advirtió que se concertó para conformar una IPS, adquirir contratos para la atención de pacientes. “Podían estar tres personas, prácticamente, generando empresa: Guillermo Grosso, Javier Peña y John Colmenares. Realizaban una labor legalmente permitida que es atender a pacientes, tener una IPS, de cualquier tipo de atención que se presentara, pero traer a Eva (Carrascal) cruzó la línea de lo que es legal”.

El juez advirtió que estas tres personas “cruzaron la línea de lo que es legal e ilegal (...) No se le puede estar pagando, prometiendo a una funcionaria pública, que tiene funciones de vigilancia dentro del mismo gremio las dádivas que se le prometieron y los dineros que en verdad entraron a su causa personal”.

Por estos hechos, la Fiscalía General pidió una condena ejemplar y su traslado a un centro carcelario: “No está acreditada circunstancia alguna de marginilidad, ignorancia o pobreza extrema que hubiese podido incidir en la comisión de delitos por los que se judicializó (...) Tiene situaciones privilegiadas”.

El fiscal advirtió que en los últimos años se han presentado múltiples casos de corrupción en el sistema de la salud: “Es necesario que la sociedad comprenda que debe primar la transparencia en la relación derivada de la prestación al servicio de salud, que no es un servicio público y un derecho fundamental”.

El expresidente de Cafesalud, quien fue capturado el 29 de abril de 2021, habría concertado con los exrepresentantes de dos Institutos Prestadores de Salud (IPS), Luis Enrique Flórez Fontalvo y José Luis Mayorca Castilla, extender de manera irregular un contrato firmado por el anterior presidente de Cafesalud. La ampliación de uno a tres años aumentó el valor en más de 26.800 millones de pesos.

De otra parte, suscribió tres contratos con Mayorca Castilla. Uno por 110.826 millones de pesos, otro por 37.631 millones de pesos, y el tercero por 48.294 millones de pesos.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, por estas actuaciones que terminaron por favorecer a los contratistas, Grosso Sandoval habría recibido 2.496 millones de pesos. Los pagos, supuestamente, se hicieron en efectivo y a través de una tercera empresa de servicios de salud. Asimismo, se estableció que recibió parte del dinero luego de dejar el cargo como presidente de la liquidada EPS.