Contraloría encontró irregularidades en la ejecución de más de $33.000 millones provenientes del Ocad Paz en San José del Guaviare

El contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, desde San José del Guaviare, anunció la detección de un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por 33.673 millones de pesos en la ejecución de recursos Ocad Paz destinados para un proyecto de potabilización del agua para estudiantes de zonas rurales del municipio.

De acuerdo con el contralor encargado, esto deja en evidencia que los sistemas de potabilización en la capital del departamento del Guaviare “no cumplen con los estándares de calidad” establecidos en la normatividad colombiana. Según conoció la entidad, la comunidad reporta diferentes problemas de salud en la población estudiantil, como alergias, brotes y malestar general.

“El agua que consumen los niños tiene heces fecales. Montaron unas plantas de tratamiento que no cumplieron el objetivo. Por eso abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por el valor total del proyecto”, manifestó el contralor encargado en el Guaviare.

De acuerdo con los hallazgos de una actuación especial de fiscalización, la Contraloría evidenció que una intermediación innecesaria para la adquisición de los sistemas de potabilización en 88 sedes educativas provocó que se pagara más por la ejecución del proyecto, que posteriormente fue aprobado para ser financiado con recursos Ocad Paz.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare es la entidad ejecutora. Finalmente, por las irregularidades y la baja calidad del agua, el objetivo de evitar la deserción escolar de 14.000 menores no se cumplió.

“Se presentan cifras negativas de deserción escolar en 19 sedes educativas en comparación a 2021, año en el cual no se contaba con la implementación de los sistemas de potabilización de agua”, informó la Contraloría.

Frente a esta situación, el contralor encargado anunció que la entidad vigilará posibles irregularidades alrededor de recursos aprobados por el Ocad Paz.

“No va a haber un solo proyecto que la Contraloría no vigile y le ponga la lupa. Vamos a ir a todos los departamentos del país para hacer la valoración de los recursos. No vamos a permitir que un solo recurso del Ocad Paz y regalías se vaya a la caneca”, agregó el contralor en su intervención.

La Secretaría de Salud del Guaviare y el Instituto Nacional de Salud (INS) detectaron que en cinco instituciones educativas el agua tiene un nivel de riesgo alto para el consumo. En otras 18, el riesgo es medio, que significa que el agua no es apta para el consumo.

Junto con la evidencia presentada por la Defensoría del Pueblo, que muestra las afectaciones por laceraciones y reacciones alérgicas a raíz de la ingesta del agua, se concluyó que el proceso de potabilización no cumple con los estándares de calidad establecidos en la normatividad colombiana.

“El agua contenía elementos nocivos para la salud. Visitamos 22 establecimientos educativos y en todos ellos nos narró la comunidad que no tenían acceso a agua potable”, dijo el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, quien estuvo presente en el anuncio.

Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Desde San José del Guaviare, Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, anunció que la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por presunta pérdida de patrimonio en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).

De acuerdo con la entidad, el posible daño patrimonial se representa en 14 lotes valorados en 543 mil millones de pesos. El caso se centra en que, en medio de la construcción del proyecto América Centro de Negocios, Cremil transfirió el derecho de propiedad a una sociedad fiduciaria sin recibir en los plazos estipulados la segunda torre y 289 estacionamientos, que equivalen a 16 mil metros cuadrados.

De acuerdo con la entidad, la situación “se observa contraria a los fines esenciales del Estado”. Además, detalla que Cremil no exigió la constitución de garantías para proteger el patrimonio público entregado en medio de la obra.

El proceso se deriva de un hallazgo hecho en medio de auditoría financiera adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad.

En el proceso, por ser gestores fiscales, fueron vinculados un contralmirante, varios generales de las Fuerzas Militares, el fideicomitente del fideicomiso de América Centro de Negocios, la sociedad fiduciaria, y compañías aseguradoras.

De la misma forma, la Contraloría anunció que se decretaron medidas cautelares para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio público.