Contraloría hará control preventivo a licitación del nuevo acueducto de Santa Marta; sigue la polémica por la millonaria obra

La Contraloría General de la República le puso lupa al proceso que se está adelantando para construir un sistema de acueducto en Santa Marta que permita solventar una de las mayores necesidades que tiene la capital de Magdalena: la falta de agua.

Por eso, el ente de control fiscal anunció que iniciará una actuación de control concomitante y preventivo sobre el proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto, específicamente en el contrato que se suscriba y la ejecución del proyecto.

“El objetivo es monitorear los riesgos hasta ahora observados por este ente de control y aquellos que se puedan apreciar durante el desarrollo del proyecto”, explicó el contralor delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Diego Alejandro Castro.

El contralor delegado aseguró que se hará uso de las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020 para llevar a cabo esta acción de control. La atención se centra en el proceso licitatorio LP011-2023 para la ‘Construcción del Sistema de Acueducto denominado El Curval’.

Con el objetivo de mejorar la cobertura de agua potable, la Alcaldía de Santa Marta inició el proceso licitatorio con un presupuesto oficial que se acerca a los $ 1,68 billones. Se busca producir un caudal de 2.400 litros de agua tratada para satisfacer las necesidades proyectadas de la ciudad hasta el año 2048.

Sin embargo, en medio de las revisiones adelantadas por el órgano de control, se identificaron importantes “debilidades” en el proceso licitatorio.

La Contraloría ha identificado varios riesgos durante el seguimiento a esta licitación. Uno de los principales puntos de preocupación es la forma de pago propuesta para la ejecución de las obras, así como la ausencia de un estudio de financiamiento que analice diversas alternativas de crédito. El plan actual contempla pagos anuales durante 30 años, financiados al 100 % por el contratista.

Además, se ha señalado que los requisitos financieros de la licitación no concuerdan con la forma de pago propuesta, lo que podría resultar en exigencias financieras superiores a las habituales en proyectos de obra pública, generando posibles problemas de liquidez y riesgo de parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista.

La Contraloría advirtió sobre la posibilidad de una financiación onerosa (un gran gasto) a través del contratista, sin explorar alternativas de crédito, lo que podría resultar en un sobrecosto financiero significativo.

Además, se planteó que la firma del contrato en las condiciones actuales podría constituir una presunta inobservancia de las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a vigencias futuras excepcionales.

Alcaldía de Santa Marta le responde a la Contraloría General

Ante los riesgos que encontró la Contraloría en la licitación para construir el nuevo acueducto, y tras asegurar que “hay debilidades en planeación y forma de pago”, la administración distrital de Santa Marta emitió un comunicado, el pasado 17 de noviembre, en el que le respondió a la Contraloría General.

“Respecto a la idea de la Contraloría de que el contratista incurra en ‘parálisis o abandono de los trabajos por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción’, precisamente, las empresas interesadas deben demostrar la solidez financiera para la ejecución del proyecto en un tiempo de tres años y medio, con una inversión de 1,6 billones de pesos, tal como se estipula en los pliegos de condiciones que están colgados en el Secop II para consulta de todos los interesados, garantizando la publicidad y transparencia del proceso. De no contar con este ítem, tal como lo estipula la ley, no podrán participar en el proceso licitatorio”, informó la Alcaldía.

Agregó: “El Distrito enfatiza lo siguiente: el recaudo tributario para obtener los 1,6 billones de pesos está proyectado a un plazo de 30 años, teniendo en cuenta el crecimiento de los pagos de los impuestos de los contribuyentes durante la última década, gracias a la gestión y modelo de administración pública de los gobiernos del Cambio, que iniciaron en 2012 con la inversión de dichos recursos en programas sociales y de inclusión”.

La Contraloría señaló la posibilidad de inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente en lo que respecta a vigencias futuras excepcionales. La Ley 1483 de 2011 estipula que el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.

Sobre esto, la Alcaldía respondió lo siguiente: “Se informa que la alcaldesa distrital de Santa Marta cuenta con autorización para el compromiso de Vigencias Futuras Excepcionales mediante Acuerdo No. 022 de 30 de diciembre de 2022, con el fin de ´atender la financiación de los componentes de inversión que permita ejecutar la solución definitiva al desabastecimiento de agua en Santa Marta (…)´ y con fundamento en ello, se respalda la forma de pago del futuro contrato”.