Contraloría iniciará acciones penales contra varias EPS, ¿por qué?

La Contraloría General de la República iniciará acciones penales por falsedad documental contra las EPS que no habrían aportado información real sobre su solvencia financiera. Así lo manifestó Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general, quien señaló que el ente de control está dispuesto a controvertir en “los escenarios que sea” el informe técnico que realizó sobre la solvencia financiera de una muestra de 26 EPS.

“Si Acemi o cualquiera de los que me suministró información me dice que la información no es real, quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos. Quiero recordarle a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguna de ellas le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no los afecte ni su reputación ni algunas cosas que hemos dicho que se deben mejorar”, dijo.

El contralor en funciones reiteró que, en el mes de marzo, se publicará un nuevo informe donde se dirá legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y qué pasó con los recursos girados a las EPS en la pandemia.

Acemi respondió a informe de la Contraloría sobre EPS: dice que “hay una inmensa diferencia” frente a estudio similar de la Supersalud

La Contraloría General de la República hizo públicos en días pasados una serie de hallazgos sobre la situación financiera de 26 EPS del país. El informe, que fue elaborado con datos actualizados hasta octubre de 2023 y que encendió las alarmas en distintos sectores sobre la gravedad de la crisis de la salud, indica que estas EPS acumulan una deuda total de 25 billones de pesos con IPS y proveedores, además de enfrentar problemas con reservas técnicas y pasivos administrativos.

Lo que señala el ente de control es que, del total de las empresas prestadoras de salud que pasaron al tablero, 16 de ellas (61,5 por ciento) presentan indicadores de margen de solvencia insatisfactorios. Además, según el informe, ninguna de estas empresas cumple con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los requisitos para operar, de acuerdo con la Contraloría.

En respuesta el informe, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral —Acemi—, que reúne a las 11 más importantes EPS del país, expresó a través de un comunicado que el informe de la Contraloría “genera grandes confusiones y crea un ambiente de desconcierto en todos los actores del sistema”.

Sobre dicho documento, Acemi precisó algunos aspectos. Por un lado, sostiene que se evidencia “una inmensa diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría. Desde nuestra perspectiva, las cifras están muy lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS y comunican una imagen deformada del estado del sistema”.

El gremio también reitera que en la actualidad “la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas, hecho que se explica de forma sencilla: los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema”.

Acemi subraya que esta delicada situación fue “reconocida recientemente por la Corte Constitucional”.

Como se recordará, a comienzos de este mes ese alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud cumplir con los “presupuestos máximos” para financiar servicios en salud de las EPS en Colombia. Y el pasado 13 de febrero, el ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional ya tendría listos 3 billones de pesos para ponerse al día, antes de finalizar este mes, con las entidades prestadoras de salud.

En su momento, la Corte le ordenó una serie de medidas al Minsalud para que dé cumplimiento a las disposiciones que buscan la suficiencia de los presupuestos máximos para financiar los servicios y tecnologías en salud del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).