Contraloría les pone la lupa a irregularidades en el Guaviare: revisa procesos de responsabilidad fiscal por más de $21.000 millones

Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, anunció este jueves 29 de junio que la Contraloría General de la República adelanta 17 procesos de responsabilidad fiscal en el Guaviare por 21.841 millones de pesos. Desde la capital del departamento, el funcionario informó que se trata de una posible gestión fiscal irregular.

La entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades encontradas en la ejecución de un convenio con el objeto de identificar, validar e implementar paquetes tecnológicos para transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación. Se trata del hallazgo con mayor cuantía, por un valor total de 16.542 millones de pesos.

La Contraloría logró identificar omisión de la amortización del anticipo que fue entregado. Además, todo apunta a que no se revisó la debida inversión de los recursos entregados.

El segundo le pone la lupa a irregularidades en la ejecución de un proyecto para la interconexión eléctrica al sector de Boquerón y su zona de influencia, en el municipio de San José del Guaviare, con daños estimados de 2.988 millones de pesos.

Tercero, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la asignación de subsidios para la construcción de viviendas de interés social en los municipios de Calamar y San José del Guaviare, con un posible daño de 547 millones de pesos.

La investigación se centra en que los subsidios para dichas viviendas fueron asignados a postulantes que ya habían sido beneficiarios con anterioridad o que percibían ingresos superiores a cuatro salarios mínimos.

En desarrollo de la actuación, se profirió imputación de responsabilidad fiscal en contra de Julia Vergara Giraldo y Carlos Contento Suescún, y se vinculó a compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño.

A su vez, la Contraloría adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del plan maestro de alcantarillado para el área urbana del municipio de Calamar. El proceso tuvo origen en una denuncia que indicó que los colectores construidos no cumplen con las especificaciones técnicas para dichas estructuras.

La entidad también le pondrá la lupa a otro proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en las acciones de salud pública en el departamento y abrió indagación preliminar por irregularidades por desgastes en la estructura de un centro de acopio de leche, en la vereda Agua Bonita en el municipio de San José del Guaviare.

Contraloría encontró irregularidades en la ejecución de más de $33.000 millones provenientes de los Ocad Paz en San José del Guaviare

El contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, desde San José del Guaviare, anunció la detección de un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por 33.673 millones de pesos en la ejecución de recursos Ocad Paz destinados para un proyecto de potabilización del agua para estudiantes de zonas rurales del municipio.

De acuerdo con el contralor encargado, esto deja en evidencia que los sistemas de potabilización en la capital del departamento del Guaviare “no cumplen con los estándares de calidad” establecidos en la normatividad colombiana. Según conoció la entidad, la comunidad reporta diferentes problemas de salud en la población estudiantil, como alergias, brotes y malestar general.

“El agua que consumen los niños tienen heces fecales. Montaron unas plantas de tratamiento que no cumplieron el objetivo. Por eso abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por el valor total del proyecto”, manifestó el contralor encargado en el Guaviare.

Según los hallazgos de una actuación especial de fiscalización, la Contraloría evidenció que una intermediación innecesaria para la adquisición de los sistemas de potabilización en 88 sedes educativas provocó que se pagara más por la ejecución del proyecto, que posteriormente fue aprobado para ser financiado con recursos Ocad Paz.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare es la entidad ejecutora. Finalmente, por las irregularidades y la baja calidad del agua, el objetivo de evitar la deserción escolar de 14.000 menores no se cumplió.

“Se presentan cifras negativas de deserción escolar en 19 sedes educativas en comparación a 2021, año en el cual no se contaba con la implementación de los sistemas de potabilización de agua”, informó la Contraloría.

Frente a esta situación, el contralor encargado anunció que la entidad vigilará posibles irregularidades alrededor de recursos aprobados por el Ocad Paz.

“No va a haber un solo proyecto que la Contraloría no vigile y le ponga la lupa. Vamos a ir a todos los departamentos del país para hacer la valoración de los recursos. No vamos a permitir que un solo recurso del Ocad Paz y regalías se vaya a la caneca”, agregó el contralor en su intervención.

La Secretaría de Salud del Guaviare y el Instituto Nacional de Salud (INS) detectaron que en cinco instituciones educativas el agua tiene un nivel de riesgo alto para el consumo. En otras 18, el riesgo es medio, que significa que el agua no es apta para el consumo.

Junto con la evidencia presentada por la Defensoría del Pueblo, que muestra las afectaciones por laceraciones y reacciones alérgicas a raíz de la ingesta del agua, se concluyó que el proceso de potabilización no cumple con los estándares de calidad establecidos en la normatividad colombiana.

“El agua contenía elementos nocivos para la salud. Visitamos 22 establecimientos educativos y en todos ellos nos narró la comunidad que no tenían acceso a agua potable”, dijo el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, quien estuvo presente en el anuncio.