Contraloría le pone la lupa al contrato de alimentos de cárceles de la Uspec por más de $411.000 millones

La Contraloría General de la República confirmó que le puso la lupa a las posibles irregularidades y actos de corrupción que se estarían gestando en el contrato de alimentación para la población privada de la libertad en varios centros de reclusión del territorio nacional, a cargo de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

El contrato, por $411.000 millones, tendría fallas en el proceso licitatorio. La decisión fue dada a conocer por el órgano de control luego de distintas advertencias y denuncias hechas por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común e, incluso, por el ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien les pidió en agosto a la Procuraduría, la Fiscalía y a la Contraloría investigar los contratos de este tipo en los centros penitenciarios.

El ente de control, comandado por el contralor Carlos Felipe Córdoba, ordenó la vigilancia del proceso licitatorio por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia.

Informó, además, que esta dependencia le solicitó a la Uspec el pasado 4 de octubre toda la documentación contractual (estudios previos y pliego de condiciones) para llevar a cabo las investigaciones de las irregularidades que se están cometiendo donde, según la Veeduría Bien Común, los pliegos licitatorios están “hechos a la medida de los intereses particulares de unos pocos”.

“Se solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) remitir a este despacho toda la documentación precontractual (estudios previos y pliego de condiciones) que hace parte de la Licitación Pública No. USPEC-LP-026- 2021, para la Contratación de Alimentación de la población privada de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país, que está adelantando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia —USPEC— y el respectivo link de la plataforma SECOP II”, acotó la Contraloría.

De acuerdo con el calendario publicado por la Uspec sobre el proceso licitatorio, el pasado 14 de septiembre la Unidad debió haber publicado los pliegos definitivos y, hasta la fecha, esa publicación no se ha dado.

En su momento, el jefe de la cartera de Justicia dijo que de acuerdo con esas denuncias, algunos contratistas de la Uspec estarían exigiendo dinero para renovar contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten si no acceden a sus pretensiones.

“He solicitado a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría que se investiguen los presuntos actos de corrupción en los contratos de alimentación para las personas privadas de la libertad. Apoyaré las acciones para esclarecer estos hechos. No toleraremos ningún acto de este tipo”, dijo Ruiz a la opinión pública.

Agregó: “Las denuncias que recibí señalan que presuntamente se está exigiendo dinero para la renovación de los contratos y amenazando con declarar incumplimiento o no pagar oportunamente las cuentas. Solicitamos que investigaciones avancen con prontitud”.

A lo que hacía referencia el ministro de Justicia es que se han conocido diversas denuncias sobre las obras de construcción de una estructura modular puntualmente en la cárcel de Roldanillo, ubicada en Valle del Cauca.

“Allí se construyó una estructura modular que inicialmente había sido contratada para una capacidad de unas 100 personas y solo fueron terminados 66 cupos. La obra tiene muchas irregularidades de infraestructura que no permiten que se cumplan con las condiciones que deben tener los centros de reclusión”, advirtió Ruiz.

El pasado 12 de agosto la Contraloría informó sobre su participación a través de su delegación del sector Justicia en una mesa de trabajo convocada por la Uspec, para escuchar y analizar las denuncias de parte de los 19 contratistas que llevan los contratos de alimentación.