Contraloría le solicitó al Gobierno tener más claridad en la política de transición energética

El contralor Carlos Rodríguez le recomendó al Gobierno que tenga mayor pedagogía con respecto a la transición energética y también solicitó claridad sobre cómo se llevará a cabo.

Durante el Foro ‘Transición Energética: Luces para el Futuro’, espacio deliberativo por la Contraloría, Rodríguez aprovechó el momento para referirse sobre este tema, considerando que la transición debe hacerse de manera eficiente, responsable, confiable y segura; debido a que ya hay trazados compromisos por parte del Estado, los cuales deben cumplirse.

Rodríguez indicó que los pronunciamientos que se expongan por parte del Gobierno en torno a la transición energética deben ser pedagógicos, debido a que considera que hay dudas alrededor de ciertos puntos.

Según el funcionario, se deben tomar líneas de acción que permitan el cumplimiento de las metas propuestas y los compromisos adquiridos internacionalmente; ambos aspectos lograrán diversificar a los sectores económicos del país hacia la transición a modelos de negocios sostenibles. Sin embargo, indica que lo expuesto por el Gobierno no ha sido así y ha generado más dudas que confianza.

“Para la CGR no es claro, cómo será la participación y la transformación de los procesos productivos a cargo de la industria que hoy depende del carbón y de los hidrocarburos”, manifestó Rodríguez frente al rumbo que debería tomar el país en materia energética, “por lo que esta entidad hace un llamado en varios frentes, a las instituciones y sectores del país, para ampliar las alternativas frente a esta transformación necesaria, con una política pública integral, eficiente y responsable, para que se haga con la gradualidad requerida”.

El jefe del organismo también señalo que actualmente Colombia es dependiente de los recursos producidos del sector de hidrocarburos, a tal punto que este está siendo el modo de financiamiento de la transición energética. Es por eso que tomar decisiones a la ligera, sin fundamentos suficientes y con ausencia de estudios y herramientas, sería un riesgo inmenso para el país.

Además, manifestó que si se logra este proceso, Colombia avanzará en su desarrollo económico, gracias a la sostenibilidad que lograría, tanto a nivel natural como económica. No obstante, recalcó que “Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país”.

Para el contralor, este tema es uno de los que más se ha discutido en el país, debido al grado de importancia que tiene y por las propuestas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. También señaló que la industria energética para Colombia reviste una gran envergadura, por lo que los cambios que se realicen tendrán repercusiones a nivel económico y fiscal, sean positivas o negativas.

“En ningún momento se quiere desconocer que la transición energética ya está en marcha y que es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible y que Colombia está avanzando en la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Sin embargo, se deben resaltar también que los lineamientos de política de esta transición incluidos en el Conpes 4075 de 2022, señalan que, para gozar de una matriz energética limpia, los combustibles fósiles tienen aún un rol importante, además de la dependencia de otros sectores económicos de estos energéticos, para ser eficientes y competitivos en sus procesos”, puntualizó.

Esta situación implicará dos objetivos difíciles de conciliar. El primero es dejar de depender de manera significativa de la producción de commodities, los cuales cuentan cotizaciones muy volátiles y que tienen poca injerencia en los mercados internacionales al provenir de Colombia. El meollo será revertir esta premisa y hacer que si influyan afuera del país.

El segundo objetivo está relacionado con el avance del país en el uso de energías más limpias, el cual debe ser hecho de manera gradual y segura para minimizar los efectos adversos sobre variables económicas como, la inversión, el empleo, las finanzas públicas, la competitividad y la inflación.