Contraloría archivó proceso por sobrecostos en tapabocas comprados por la Armada

La Contraloría General de la República dio a conocer el documento con el que decidió archivar el proceso de investigación que estaba llevando a cabo tras una denuncia, registrada hace varios meses, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos de la Armada Nacional para la adquisición de tapabocas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

De acuerdo con la entidad, no se encontró ninguna evidencia que verificara las inconsistencias, y para adoptar la presente decisión manifestó que se tienen como prueba todos los documentos y soportes de los hechos generadores que se refirieron atrás, recaudados de manera adecuada durante el desarrollo de la actuación.

En dicho contrato se planteó la necesidad de adquirir 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales por un valor que superó los 2 mil millones de pesos, valor que según la entidad fue ajustado posteriormente a $ 1.984.050.000 sin IVA. Según la Contraloría, los supuestos sobrecostos se habrían desprendido porque la Policía compró tapabocas con características similares por un valor de $ 750.

"El equipo de la DIARI de la Contraloría General de la República advirtió que en el mencionado contrato se había evidenciado un presunto sobrecosto del 128 por ciento al haberse pagado por unidad de tapabocas convencionales la suma de $ 1.785, no obstante, lo anterior con la modificación sufrida el precio final de cada tapabocas quedó establecido en $ 1.500. Sin embargo, este porcentaje cambió al 100 por ciento debido a que el contrato sufrió una modificación al reducir el IVA del monto total", sostiene el documento.

La entidad indicó que tras la investigación se evidenció que la Armada Nacional cumplió con los requisitos de contratación y el valor estuvo ajustado a los precios de oferta y demanda del mercado en ese momento. Por su parte, los vinculados al proceso destacaron, al momento de rendir versión libre, que "no hubo ningún tipo de sobrecosto que comprendan un daño al patrimonio público del Estado teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República realizó una comparación entre elementos diferentes".

Debido a esta situación, la Contraloría General resolvió “disponer el archivo del proceso de responsabilidad fiscal del PRF 045202, en favor de las personas naturales y jurídicas que se relacionan a continuación, atendiendo a que los hechos investigados no fueron constitutivos de detrimento patrimonial, acorde con las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión”. Quienes fueron exonerados de las responsabilidades fiscales fueron el capitán de navío Jaime Gómez; la capitán de fragata, Constanza Moreno y el contratista Medivalle SAS.

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