Contraloría revela deficiencias en asignación de medidas de protección de la UNP: de más de 114 mil solicitudes, solo se otorgaron 10.459

Un informe sectorial elaborado por la Contraloría General de la República revela una serie de deficiencias en el proceso de asignación de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia. Entre los años 2019 y 2022, se presentaron 114,703 solicitudes de medidas de protección, de las cuales solo 10,459 resultaron beneficiadas, lo que representa el 9.1% de las solicitudes y el 26.6% de las evaluadas.

Este estudio también destaca que el costo de las medidas de protección entre 2021 y 2022 alcanzó los 1.9 billones de pesos, lo que equivale al 63.5% del presupuesto ejecutado por la UNP durante ese período. Los gastos principales se relacionaron con el pago de personal de escoltas (1.08 billones) y el alquiler de vehículos (644,653 millones). Además, se señala que existen diferencias significativas en la configuración de las medidas de protección para diferentes grupos poblacionales, con altos funcionarios del Estado recibiendo medidas más costosas que otros grupos.

Al cierre del año 2022, 8014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección. Entre ellas sobresalen las comunidades indígenas y afrocolombianas, al ser las dos poblaciones con mayor número de beneficiarios (1.591), seguidas por 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.

El estudio señala que “existen grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales”. De acuerdo con la Contraloría, “mientras a un congresista le destinaron en promedio $374 millones anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon $124,5 millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales”.

El informe resalta que algunos grupos poblacionales enfrentan un alto riesgo, como testigos de violaciones a los derechos humanos (96,9% de las valoraciones efectuadas a esta población), antiguos miembros de la Unión Patriótica (92,3%), desmovilizados en proceso de reintegración (83,6%), y profesionales que intervienen en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos (82,4%). Quienes son, por el nivel de riesgo, los que requieren mayor seguridad.

Además, se menciona que algunos departamentos como Arauca con 84,4% de las valoraciones realizadas en ese departamento, Guaviare (82,9%), Nariño (79,4%), Chocó (78,9%) y Cauca (76,4%), tienen una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo debido a la persistente violencia de grupos armados ilegales y la delincuencia.

El informe también critica la “falta de coordinación y articulación” entre las entidades encargadas de la protección, así como la existencia de múltiples instancias interinstitucionales con propósitos similares y la falta de un enfoque orientado a resultados.

“En tal sentido, información reportada por el Ministerio del Interior y la UNP, muestra el cumplimiento de acciones establecidas en normas y planes. Sin embargo, al contrastar las mismas, con las cifras sobre violencia contra los defensores y líderes sociales, es claro que las acciones de estas entidades no mejoraron los niveles de seguridad de dicha población”, indica la Contraloría.

Y agrega: “Los resultados de la evaluación cuestionan la validez del diseño institucional definido en la norma, el cual requiere simplicidad, especialización y claridad en las responsabilidades de las entidades, así como un enfoque orientado a resultados”.

Finalmente, se destaca la preocupación por la duración de los trámites para la asignación de medidas de protección, especialmente en las evaluaciones de riesgo colectivas, que pueden tomar hasta 269 días calendario en 2022. El informe hace hincapié en la necesidad de mejorar la distribución y la oportunidad de las medidas de protección en un contexto de alto riesgo para defensores de derechos humanos y líderes sociales, con 854 asesinatos reportados entre 2019 y 2022.