Contraloría revela hallazgos fiscales por más de $28.500 millones en la EPS Emssanar; así están sus finanzas

La Contraloría General, a través de su delegada para la salud, dio a conocer los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada a la EPS Emssanar durante la vigencia de 2021. En esta evaluación, de acuerdo con la entidad, se identificaron un total de 68 hallazgos administrativos, de los cuales 42 han sido considerados como alcance fiscal, con un valor alarmante de $ 28.570 millones.

Entre los hallazgos detectados, 63 presentan indicios de alcance disciplinario, 14 dan lugar para iniciar una indagación preliminar y 5 involucran otras incidencias de relevancia.

Las principales deficiencias que se encontraron en la auditoría revelan serios incumplimientos por parte de la EPS Emssanar:

1. Cuentas por pagar con atrasos significativos, en el rango entre 181 a 360 días y más de 360, en el pago de los servicios de salud contratados con la red prestadora de servicios, ascendiendo a $ 90.896.002.120. Este monto representa el 59,5 % del total de obligaciones que se encuentran en mora, con un valor acumulado de $ 155.348.205.022.

2. Elevado número de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) durante el año 2021, con un total de 54.007. El 79,75 % de estas solicitudes se originaron por tres motivos principales: demoras en la autorización de servicios y tecnologías en salud (52,30 %), falta de oportunidad en la prestación de servicios (42,83 %) y restricciones para la libre escogencia de EPS (4,87 %).

3. Incumplimiento de las regulaciones para la compra de servicios de salud mediante el mecanismo de pago por capitación, al aplicar esta modalidad exclusivamente al suministro de medicamentos con establecimientos farmacéuticos. Esto resultó en pagos que no corresponden con el valor real de los medicamentos suministrados.

Además, se identificaron otras situaciones que evidencian deficiencias en la entidad auditada, como pagos de intereses por créditos bancarios no contemplados en la regulación especial del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pagos sin relación con la prestación de servicios de salud, y descuentos de recursos pagados sin justificación.

A pesar de estos hallazgos, la Contraloría señaló que la EPS Emssanar cumplió con la normatividad emitida en materia de salud para el manejo y administración de los recursos parafiscales a su cargo. Se garantizó el servicio esencial de la salud a través de la red prestadora, y se suscribieron contratos en diferentes modalidades de pago por municipios y departamentos, acorde al proceso de afiliación de la EPS.

La entidad de control resaltó la importancia de subsanar rápidamente los hallazgos administrativos y fiscales encontrados, para garantizar una atención adecuada y oportuna a los afiliados, y asegurar una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados al sistema de salud. La EPS Emssanar deberá tomar medidas correctivas con prontitud y transparencia para resolver las deficiencias detectadas y mejorar la calidad del servicio prestado a sus usuarios.

“Los resultados de esta auditoria fueron trasladados a las instancias competentes para que se realicen las investigaciones y procesos a que haya lugar, cumpliendo así el compromiso de ejercer el control fiscal y eliminar los presuntos hechos de corrupción”, aseguró la Contraloría.

Hallazgos fiscales en el magisterio

Por otra parte, la Contraloría General dio a conocer los resultados de una auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) correspondiente al año 2022, donde se han encontrado un total de 4 hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a más de $ 125.000 millones ($ 125.669.655.007, exactamente).

El hallazgo fiscal de mayor cuantía, de acuerdo con el órgano de control, está relacionado con la falta de oportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores, lo que ha generado, según la auditoría, el pago de intereses moratorios por un total de $ 116.104.030.527, ocasionando un daño al patrimonio público en esa misma cantidad.

Adicionalmente, la Contraloría detectó el pago inoportuno de 5.772 cesantías durante el año 2022. Asimismo, la entidad estableció un detrimento al patrimonio público por el pago de sanciones moratorias por un valor de $ 6.706.249.801, correspondiente a una muestra de sanciones pagadas debido a retrasos en el pago de cesantías en años anteriores.

En relación con el pago inoportuno de fallos y conciliaciones, se han cancelado intereses moratorios por un total de $ 2.741.036.674. Además, se han identificado mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones moratorias por un monto de $ 118.338.005.

En total, se han encontrado 15 hallazgos en esta auditoría financiera, de los cuales, aparte de los ya mencionados con incidencia fiscal, 12 tienen una presunta connotación disciplinaria y 2 presentan otras incidencias que han sido remitidas al Ministerio de Salud y Protección Social debido a la “falta de oportunidad en los informes con la periodicidad requerida”, así como a la Superintendencia Nacional de Salud, ya que la entidad auditada “no exigió constitución de reservas técnicas, generando riesgo en la prestación del servicio”.

En cuanto al Control Interno del Fondo, la Contraloría calificó como “con deficiencias” con una puntuación de 1,9, debido a la materialización de algunos riesgos identificados en la auditoría. Además, la Contraloría emitió una opinión contable con salvedades y una opinión presupuestal también con salvedades

El contralor delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, ha destacado que esta auditoría ha permitido abordar las preocupaciones planteadas por jueces, magistrados e incluso consejeros de Estado en relación con los fallos que se han presentado en los pagos de sanciones moratorias y al reconocimiento tardío de prestaciones sociales para los docentes del magisterio.