Contraloría revela irregularidades financieras en la UNP: deudas, errores en facturación y hasta liquidaciones mal hechas

Una reciente auditoría financiera llevada a cabo en la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el año fiscal 2022, ha revelado tres hallazgos significativos con posibles consecuencias fiscales, según informó la Contraloría General de la República.

Primer hallazgo: deudas pendientes por servicios de protección

La Contraloría identificó un posible daño patrimonial de $6.321 millones debido a deudas acumuladas durante más de cinco años por gobernaciones y alcaldías con la UNP, relacionadas con servicios de protección proporcionados. Esta suma corresponde a cuentas por cobrar de difícil recaudo que han surgido a partir de convenios interadministrativos celebrados desde 2016. Según el organismo de control, varios de estos entes no han cumplido con los pagos estipulados en dichos convenios. Entre los deudores se encuentran Gobernaciones como las de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, además de la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el Invima.

Segundo Hallazgo: error en la facturación de arrendamiento de vehículos blindados

La Contraloría también detectó un hallazgo tributario por más de $15 mil millones relacionados con el arrendamiento de vehículos blindados de la UNP. En la revisión de la facturación presentada por el contratista, se observó una base gravable equivocada para el cálculo del Impuesto al valor agregado (IVA). La entidad determinó que la base gravable especial utilizada, conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario, no era adecuada. Según el artículo 447 del mismo estatuto, la base gravable para la venta y prestación de servicios debe ser el valor total de la operación. Esta inadecuada liquidación resultó en una estimación de $15.053.847.960,22 en pagos erróneos de IVA.

Tercer Hallazgo: incumplimiento en la adquisición de software ERP

La auditoría también puso en evidencia un incumplimiento contractual por parte de la UNP en la adquisición de un software ERP, lo que generó un posible daño patrimonial de $481.375.350. El contrato firmado con la empresa Novasoft, para la implementación de un software que optimizara procesos de gestión, no fue ejecutado según los términos acordados. Según la Contraloría, la UNP no concedió prórrogas ni activó garantías, lo que resultó en una estimación de daño patrimonial equivalente al 50% del valor del contrato.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General instó a tomar medidas correctivas y enfatizó la necesidad de abordar estas irregularidades de manera efectiva para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la prestación de servicios esenciales por parte de la UNP.

Contraloría descubre 76 ‘elefantes blancos’ en Boyacá

Por otro lado, la Contraloría General emitió una alarma este martes en el departamento de Boyacá al identificar un total de 76 proyectos que se consideran ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas, así como proyectos críticos que suman un valor estimado de $226.370 millones. Estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad de una planificación y ejecución más eficiente en la gestión de proyectos públicos en la región, según el organismo de control.

De acuerdo con el informe presentado por la Contraloría, se han catalogado 41 proyectos como ‘elefantes blancos’ u obras que, después de un año de la fecha límite para su liquidación, aún no han sido puestos en funcionamiento ni prestan ningún servicio a la comunidad. Entre estos se incluyen proyectos de vivienda como Estancia del Roble y Torres del Parque en Tunja, además del puente de la quebrada Agua blanca en el municipio de Otanche. En total, los elefantes blancos en Boyacá representan un valor de $105.369 millones.

Además, la entidad identificó 35 proyectos críticos en el departamento, destacándose el proyecto de vivienda San Jerónimo en Tunja, el mejoramiento de la vía entre Villapinzón, Turmequé y Tibaná, y la construcción de la sede nueva de la institución educativa Técnico Industrial Gustavo Jiménez en Sogamoso. Estos proyectos críticos representan un valor reportado de $121.001 millones.

La Contraloría General de la República ha realizado un seguimiento exhaustivo de estos proyectos, logrando la culminación de 33 de ellos por un valor aproximado de $86.069 millones. Según el organismo de control, la falta de una adecuada planificación y supervisión en la ejecución de proyectos ha llevado a la situación actual, lo que subraya la importancia de una “gestión más rigurosa” y “responsable” por parte de las autoridades locales.

En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría General ha emprendido acciones de vigilancia y control fiscal, así como la promoción del control social, con el objetivo de resarcir el patrimonio público y garantizar la culminación exitosa de los proyectos.