Contraloría revela nuevo caso de corrupción; socio de Centros Poblados estaría involucrado

La unión temporal Centros Poblados, que está involucrada en la pérdida de 70 mil millones de pesos en un contrato con el MinTIC, vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por cuenta de otro contrato con el Estado en el que participó uno de sus socios.

En esta ocasión, la Contraloría General de la Nación emitió un documento oficial donde se informa de un hallazgo fiscal en el que se habrían perdido más de $1.000 en un anticipo para construir un puente militar en el municipio de Caimito, Sucre.

En el documento se puede ver que Intec de la Costa S. A. S., empresa que pertenece a la unión temporal Centros Poblados, se menciona como una integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019 y que estaría implicada en este nuevo desfalco.

SEMANA ya había anticipado que en una nueva línea de investigación por el contrato de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC, la Fiscalía verificaba si detrás de millonarias contrataciones en la Gobernación de Sucre, entre otras entidades territoriales, estaría presente la mano oscura de Emilio Tapia. Lo que los investigadores indagan es si, a través de terceras personas, cuyos nombres están en la mira de la justicia, Tapia incidió y sacó tajada de la contratación en ese departamento.

Según esta revelación de la Contraloría, todo indicaría que lo mencionado anteriormente se estaría convirtiendo en realidad, revelando el poder de Tapia en los contratos estatales.

En el documento que emitió el ente de control también aparecen involucrados el alcalde del municipio de Caimito en su momento, Víctor Miguel Ricardo Vega; su secretario general, Kevin Ricardo Caly; Javier José Pereira Areiza, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, y otras empresas.

Caso Centros Poblados: arrancan procesos de extinción de dominio

Son varias las diligencias que siguen pendientes en la Fiscalía y en el marco de los procesos de colaboración que supuestamente tienen algunos de los implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mientras estas diligencias se cumplen, la Fiscalía no perdió el tiempo y arrancó con los procesos de extinción de dominio.

En varias de las declaraciones que se rindieron ante la Fiscalía, los testigos aseguraron que, con el dinero del primer desembolso del MinTIC a Centros Poblados para la ejecución del multimillonario contrato de conectividad, se compraron apartamentos y vehículos que no estaban en el listado de necesidades, al inicio de contrato.

Uno de esos testigos fue el representante legal de una empresa que conformó la unión temporal Centros Poblados. Se trata de Juan Carlos Cáceres, quien aseguró a la Fiscalía, a modo de confesión, en qué se gastaron y cómo recibieron el dinero del anticipo entregado por el Ministerio de las TIC.

“Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, dijo Cáceres a la Fiscalía.

La forma en que se repartieron los recursos entregados por el ministerio fue confirmada por el testigo. Justamente ese fue el inicio de las investigaciones del ente acusador y de los procesos de extinción de dominio tendientes a corroborar la forma en la que se gastó ese dinero y las posibilidades que existen para recuperarlo, así sea a través de la ocupación.

En su declaración, Cáceres incluso aseguró que Emilio Tapia le dijo que por plata no había que preocuparse, porque tenía más de 60 mil millones de pesos de un crédito y en un banco. La repartija fue amplia y sin trámites. Se trata del dinero del Estado, de los contribuyentes, de ahí la necesidad de recuperarlos.