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Contraloría solicita información sobre lugar en el que operará la Comisión Nacional de Disciplina

Los recién elegidos magistrados dicen que no los quieren dejar trabajar en el Palacio de Justicia. La Contraloría vigila el posible arrendamiento de la sede en la que operarán. Esta es la historia.

8 de enero de 2021
Palacio de Justicia
PALACIO DE JUSTICIA - CORTE SUPREMA - CORTE CONSTITUCIONAL - FACHADA BOGOTA ABRIL 14 - 2008 FOTO GUILLERMO TORRES - REVISTA SEMANA | Foto: GUILLERMO TORRES

SEMANA conoció este viernes una carta que llegó el 7 de enero a manos de la magistrada Diana Remolina, presidenta de la Rama Judicial. Allí la Contraloría le pide información detallada del posible contrato de arrendamiento que firmarán para empezar sus labores en la calle 32 con carrera 7a.

La carta señala: “La Contraloría General de la Republica, a través de este despacho, y en virtud de la Resolución No. 0766 del 8 de julio de 2020, se encuentra atendiendo denuncias ciudadanas relacionadas con “posible contratación mencionada en los medios de comunicación, sobre el arrendamiento de la oficina de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que realizaría el Consejo Superior de la Judicatura; por tal razón, me permito solicitar la siguiente información (...)”.

Acto seguido, se lee que la Contraloría exige que en ese reporte detallado que debe enviar la Rama Judicial están, entre otros:

1. Soportes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos de la etapa contractual del mencionado proceso que incluyan, entre otros, los estudios de necesidad y conveniencia, o aquellos que justifiquen plenamente el mencionado proceso contractual.

2. Soportes sobre los estudios de mercado que soporten la cuantía de dicha contratación, así como CDP y Registros Presupuestales, si los hubiere.

3. Informe escrito del estado actual de este proceso.

La Contraloría también le solicita a la Rama Judicial: “Actos administrativos de creación de la planta de personal adscrita a la Comisión de Disciplina Judicial y demás funcionarios que ocuparán los espacios que serán arrendados, y la planta de personal provista hasta la fecha”.

La carta, conocida por SEMANA y firmada por el vicecontralor encargado Julián Mauricio Ruiz, revela al final que la respuesta deberá tardar máximo 5 días.

En días pasados, SEMANA también reveló una carta enviada por los recién elegidos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a los presidentes de las altas cortes en las que señalan que no los quieren dejar trabajar en las instalaciones del Palacio de Justicia, como lo hacen la Judicatura, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

La carta, conocida por SEMANA, tiene fecha del 6 de enero e inicia señalando: “En nuestra condición de magistradas y magistrados electos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de acuerdo a la competencia establecida en el Numeral 1 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, nos dirigimos respetuosamente ante ustedes para manifestarles nuestro desacuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en relación con que esta Corporación no reciba las instalaciones de la eliminada Sala Jurisdiccional Disciplinaria ubicadas en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía”.

Y agrega: “Como lo expresamos en pretérita comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, que no tuvo respuesta, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una corporación nacional de carácter jurisdiccional, legítimamente elegida por el Congreso de la República en pleno, que en su condición de “Juez de Jueces” administra justicia y representa uno de los pilares esenciales de la autonomía y la independencia judicial, y junto con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, conformamos las Altas Corporaciones Judiciales de Colombia, siendo el Palacio de Justicia nacional el escenario natural en donde lógicamente debemos laborar y sesionar”.

Los presidentes de las altas cortes han pensado en emitir un comunicado, además, para rechazar los señalamientos de quienes advierten que a los magistrados de la Comisión no se les permite trabajar por decisión de ellos. En realidad, el asunto queda en manos de la Judicatura.