Contrarreloj en el Congreso para aprobar proyectos de ley; estos son los que están en riesgo

Si hay una institución que representa el ‘espíritu’ de los colombianos -de dejar todo para última hora- es el Congreso de la República. El legislativo vive por estos días jornadas maratónicas para salvar algunos de los proyectos de ley que resultan claves para el país, antes de que finalicen las sesiones ordinarias, el próximo 16 de diciembre.

Entre las normas que están en fila y a la espera de culminar su trámite está uno de los proyectos más importantes para responder a los casos de abuso policial que día a día se reportan en Colombia: el Estatuto Disciplinario policial.

La iniciativa, presentada con mensaje de urgencia por el Gobierno nacional, establece el marco normativo que se usará a partir de la promulgación de esta ley para investigar y sancionar las conductas de los uniformados que transgredan la actividad de la Policía o cuando se vulnere la protección de los derechos fundamentales.

El proyecto, al que solo le falta un debate para culminar su trámite, incluye como “faltas gravísimas” nuevas conductas y se elevan los castigos a los que se enfrentarán los policías que incurran en estas conductas.

De esta manera, pasarán a ser faltas gravísimas conductas como causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas o de la fuerza, así como privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente y manipular imprudentemente las armas de fuego, material de guerra o elementos menos letales.

En este apartado también se incluyen faltas como “realizar sobre una persona conducta indebida, que implique tocamientos de naturaleza o contenido sexual”.

El Policía que incurra en estas faltas tendría una sanción de destitución e inhabilidad hasta por 20 años.

En este mismo apartado, el de la reforma a la Policía, está también una iniciativa presentada por el Gobierno nacional que da un vuelco en la formación de los uniformados.

La iniciativa, en esencia, crea nueva categoría llamada Patrulleros de Policía y se establecen mayores y mejores condiciones para ellos, tales como reconocimientos e incentivos económicos, tiempo de servicio, buen comportamiento y profesionalismo de los policías.

Pero uno de los puntos más importantes de esta norma, que ya superó tres de sus cuatro debates correspondientes, es el que hace referencia al mejoramiento de los planes de estudios para formación y cursos de ascenso de oficiales y nivel ejecutivo, así como la puesta en marcha de nuevos programas académicos con énfasis en derechos humanos, gestión comunitaria, labor del policía de vecindario y docencia policial.

Anticorrupción

También está en fila el denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado que establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.

La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.

Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.

Contra todos los pronósticos, la reforma constitucional que reduce las vacaciones de los congresistas también está a punto de convertirse en realidad.

La iniciativa superó este viernes su séptimo de ocho debates en el Congreso y quedó a un solo paso de empezar a aplicarse en el país. Eso sí, depende de la voluntad política del Congreso, pues tiene apenas 10 días para surtir su último debate en la Plenaria del Senado para ser una realidad.

El representante del Centro Democrático Gabriel Santos, autor de la iniciativa, explicó que la reforma propone una reducción de un mes en el receso legislativo, por lo que pasaría de cuatro a tres meses, para que haya un periodo de sesiones más extensa y tener una praxis parlamentaria más productiva.