Contratista se ganó tremendo lío por sobornar a funcionarios en Bucaramanga

Un proyecto de infraestructura que incluyó el reforzamiento estructural del estadio de fútbol Alfonso López, en Bucaramanga, se lanzó a licitación, pero todo, al parecer, ya estaba cuadrado. El contrato tenía un destinatario definido, el resto de proponentes se convirtieron en la fachada de una trampa a la ley.

El contrato era por 22.000 millones de pesos y el contratista, ahora judicializado, recibió un anticipo del 40 por ciento del total. Más de 1.200 millones fueron representados en gastos de obra que nunca se realizaron, pero lo que demostró la Fiscalía es cómo ese dinero regresó a las manos de funcionarios públicos responsables de definir quién se quedaría con el contrato.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba que da cuenta de la presunta responsabilidad de Artemio Suárez Díaz, en los posibles hechos de corrupción detectados en la adjudicación y ejecución del contrato de obra para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol Alfonso López, en Bucaramanga (Santander)”, señaló el director Especializado contra la Corrupción, Eduar Alirio Calderón.

Suárez Díaz, el contratista, sería responsable de las irregularidades que ahora investiga la Fiscalía. De acuerdo con la investigación, para quedarse con el contrato entregó 700 millones de pesos a los funcionarios y así garantizar que el millonario acuerdo quedara en sus manos.

“Esta persona, al parecer, pagó $700′000.000 a los funcionarios encargados de la selección del contratista, con el propósito de que en el proceso contractual escogieran y beneficiaran a la unión temporal de la que hacía parte con una de sus empresas”, dijo el funcionario de las Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

El contrato se convirtió en una maraña de corrupción con la entrega de anticipos, de recursos públicos y por servicios que nunca se prestaron. Fue firmado en 2015 y a pesar de la ejecución, se convierte en un hecho delictivo a criterio de la Fiscalía, al punto de que fue necesario judicializar al contratista por los ofrecimientos y entregas a los funcionarios públicos.

“La Fiscalía estableció que, con la celebración del contrato 766 de 2015, cuyo costo total ascendió 22.000 millones de pesos, se autorizó el pago de un anticipo de 40%. De esta suma, Suárez Díaz, supuestamente, se apropió de 1.295 millones de pesos y los sustentó como si correspondieran a dineros de un contrato de transporte de material y retiro de escombros, actividades que nunca se realizaron”, dijo la Fiscalía.

La actitud del contratista, que para algunos es en un hecho común en la celebración de contratos, se convirtió en una investigación por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y peculado por apropiación. Por un lado ofrecer dinero a funcionarios y por el otro gastarse los recursos públicos o darle un uso diferente al estipulado en el contrato. El hombre fue judicializado y se expone a una dura condena, luego de aceptar su responsabilidad.

“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó al contratista los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y peculado por apropiación. El procesado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia”, dijo la Fiscalía.

Aún con la gravedad de los hechos, del dinero que terminó embolatado de los recursos públicos, el contratista podrá enfrentar su proceso en la casa por cárcel luego de que un juez le impuso esa medida de aseguramiento. Como aceptó cargos, el juicio en su contra avanzará más rápido y en menos de seis meses se podría conocer su condena.