La historia detrás del millonario y cuestionado contrato de bilingüismo en La Guajira

Esta semana la firma de un contrato por 11.400 millones de pesos para fondear el proyecto denominado “fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) del Departamento de La Guajira” prendió las alarmas de la Procuraduría.

Se trata de un convenio interadministrativo firmado con la empresa mixta departamental denominada Empresa Nuevas Tecnología de Innovación, Ingeniería y Comunicaciones NIU Telco S.A.S., que insospechadamente presta también servicios del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación en Chocó y Arauca, en contratos que son investigados por incumplimiento por el ministerio público.

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NIU Telco, participada mayoritariamente por el departamento de Norte de Santander, fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Cúcuta el 10 de septiembre de 2018. Sus representantes legales son Robert Antonio Gómez Cuello y Mayret Zorayda Niño Moreno, quien firmó el contrato con el gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Sierra Hernández.

Pero los personajes en medio de la polémica son más, pues hay un vaso comunicante con un contratista envuelto en varios líos: el barranquillero Juan Carlos Cáceres Bayona. Según reveló La W, Cáceres es miembro de la junta directiva de NIU Telco y aparece como representante legal de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia (Funtics).

Por su parte, Mayret Zorayda Niño Moreno, la firmante, laboró por 22 años con Metrotel —empresa de telecomunicaciones de Barranquilla, absorbida por Movistar en 2018— y fue llevada por el mismo Cáceres a NIU Telco, según conoció SEMANA. En ambas sociedades también se encuentra el hermano de Cáceres, Ronald Cáceres Bayona.

Otro nombre clave en esta historia es el de Carlos Alberto ‘Ñeco’ Lopesierra, cuyo hermano es Samuel Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro, por haber obtenido la licencia de la famosa marca en Latinoamérica. Ambos, junto con su hermano José Fernando, fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.

Al regresar, ‘Ñeco’ se convirtió en una especie de bróker de la contratación en La Guajira. Según revelaron fuentes a SEMANA, busca proyectos en el departamento que estén avalados por la Ocad —con recursos de regalías— y los ofrece a un círculo de contratistas de alto nivel de Barranquilla, para que los ejecuten a cambio de una jugosa comisión. Uno de ellos fue Cáceres, a quien conoce desde su juventud, cuando Lopesierra estudió en la capital atlanticense.

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En La Guajira, Funtics ha ejecutado al menos 10 contratos desde 2012. El primero, que se firmó con la Gobernación, fue en 2014. Para 2015 firmó uno por 20.000 millones de pesos que enredó a la gobernadora Oneida Pinto, investigada por la Procuraduría. Dos de los contratos tienen fecha de 2018, año en el estuvo encargada —hasta noviembre— la exgobernadora (e) Tania Buitrago, actual pareja sentimental de ‘Ñeco’ y quien es directora del Partido de La U en La Guajira.

^{Tania Buitrago y Ñeco Lopesierra en una foto social.}

El proyecto

Desde la reforma a la transferencia de las regalías ejecutada por el gobierno Santos, estos recursos deben ser destinados a programas y proyectos que se aprueban en reuniones regionales del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). Los departamentos tienen bancos de propuestas —que puede presentar cualquier particular— y, además, son los responsables de priorizarlas según sus necesidades ante ese organismo.

En un principio, el proyecto del que originó el contrato que hoy se cuestiona fue autoría de José Fernández, quien se especializa el formular y estructurar este tipo de iniciativas. Al resultar una de ellas elegidas para ser financiada, el departamento —aunque no es una obligación— puede invitarlo a contratar. Sin embargo, él no fue llamado para la ejecución, sino la firma NIU Telco, en medio de opacas maniobras.

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Hay dos grandes cuestionamientos frente al contrato firmado por la Gobernación y NIU Telco. Uno es la pertinencia de un proyecto de bilingüismo en un departamento en el que se mantiene una crisis de agua, desnutrición infantil y otras necesidades básicas insatisfechas. De hecho, La Guajira es segunda en el índice de pobreza monetaria en la medición del Dane para 2018, solo superada por Chocó.

También hay una sentencia de la Corte Constitucional, la T-302/2017, con la que exige el aseguramiento de derechos fundamentales en La Guajira a causa de la vulneración de los derechos constitucionales, “en especial niñas y niños wayú”, por fallas de las entidades del Estado.

Se trata de temas como acceso a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación étnica que afecta a una gran parte de los guajiros, que albergan la etnia indígena más numerosa del país. La sentencia indica que los recursos de inversión del departamento y los municipios afectados (Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure) deben emplearse con prioridad para atacar estas problemáticas.

Si se tiene en cuenta el precio estándar del ICBF para una comida servida a un niño, a un costo de 2.442 pesos cada una, con el valor del contrato se podrían entregar 4,7 millones de raciones.

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El otro cuestionamiento tiene que ver con la elaboración del contrato que, originalmente, hablaba de atender a 38 municipios, cuando en La Guajira hay solamente 15. Finalmente solo podía ser ejecutado en 12, dado que los otros tres poblados son certificados y no pueden ser beneficiarios, aunque de la Gobernación buscaron aclarar que se referían a 38 instituciones educativas. Por otra parte, la firma del documento se dió un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías.

Defensa

En su defensa, el gobernador (e) Hernández Sierra ha señalado que el proyecto lo encontró aprobado por la Ocad. Sin embargo, una cosa es el proyecto aprobado y otra cosa es el contrato, que dista del proyecto inicial. Una diferencia es que originalmente iba a ser contratado con la Universidad de La Guajira, mientras que en el contrato, tras pasar por NIU Telco, el ejecutor final era la Universidad de Pamplona (Norte de Santander).

Por otra parte, si bien había aprobación de la Ocad, el gobernador (e) anterior, Wilson Rojas, le dio prelación a otras necesidades, así que quien priorizó el proyecto fue al actual mandatario (e) Wilbert Hernández Sierra.

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Los abogados de la Gobernación, ante el escándalo, le recomendaron al mandatario dar marcha atrás, para evitar eventuales sanciones de la Procuraduría, pero el daño ya podría estar hecho. No ejecutar el contrato no blinda al departamento ante posibles demandas que pueda interponer el contratista.

"Aquí nosotros tenemos convenio con la Gobernación de Antioquia y la fábrica de licores de Antioquia, que es una empresa pública, y pueden vender licor aquí. Tenemos convenio con EPM de la Alcaldía de Medellín y nos prestan servicio de energía en el departamento. Pero cuando una empresa local va a prestar un servicio en otro lado nos ponen problemas, porque somos una región pequeña", manifestó este jueves al diario local La Opinión el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien ha sido puesto contra las cuerdas para explicar otras aparentes irregularidades de la empresa mixta departamental.

Por si fuera poco, tambien este jueves la Fiscalía entró a investigar las posibles irregularidades con el contrato. Entretanto, mientras se pronuncian los organismos de control, los guajiros se preguntan si, tras este escándalo, el presidente Duque seguirá manteniendo al gobernador Hernández Sierra en el cargo.