Contratos ilegales en municipios y departamentos de Colombia

No es coincidencia que las entidades sin ánimo de lucro hayan sido las más beneficiadas de la contratación estatal en los dos últimos años. El régimen especial y tributario no solo les permite pagar muy pocos impuestos, sino que hace difícil controlar la ejecución de los recursos públicos. No por nada uno de los pilares de la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es imponerles un control efectivo para evitar la evasión de tributos. Y aunque este tipo de contratación no es ilegal per se, el problema surge cuando se degenera su objeto social para hacerle zancadilla a la Ley 80 de contratación pública.

Y parece que la decisión sería la correcta. Por lo menos eso demuestra un estudio especializado que la Auditoría General de la Nación acaba de realizar, sobre la participación de entidades sin ánimo de lucro entre 2014 y 2016 en el país, que tiene hallazgos reveladores. En este periodo, departamentos y municipios contrataron 14,5 billones de pesos con fundaciones, universidades, corporaciones, sindicatos y hasta cabildos indígenas. Una cifra gigante con la que se podrían regalar 330.000 casas gratis o construir 1.000 megacolegios. Para la Auditoría es particularmente inquietante que el 85 por ciento de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, es decir, 12,3 billones, se hizo de forma directa. Si esta modalidad es legítima, debería ser excepcional, lo que significa que alcaldes y gobernadores la están usando para contratar a dedo servicios educativos, de salud, alimentos escolares y obras públicas.

Puntean el ranking la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, cada una con 1,2 billones de pesos. Les siguen la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Boyacá, con cifras casi tres veces menores. En particular las entidades con más presupuestos adjudicados fueron la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, la Cooperativa Colanta Ltda. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

No obstante, de estas la que más llama la atención es Paz y Futuro, pues además de que ha suscrito contratos en varios departamentos, la Auditoría encontró un sinnúmero de denuncias a su nombre. En marzo, por ejemplo, el Ministerio de Educación la puso en el ojo del huracán por una serie de irregularidades que incluyen destinar recursos de alimentación escolar en gastos administrativos injustificados, 7.612 niños fantasma en Córdoba y Norte de Santander, incumplir contratos y pagar nómina docente por debajo del escalafón salarial.

Ese es apenas un detalle de lo que sucede en el sector de la alimentación escolar. En un minucioso informe, la Contraloría General estableció que solo entre 2014 y 2015 se perdieron unos 12.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones por la corrupción en siete departamentos de la costa. En 212 contratos, descubrió 210 irregularidades en el suministro de desayunos y almuerzos de niños. Las principales implicadas fueron la Fundación Kábala, la asociación Asolimentarce, la corporación Corazón País y la corporación Gers. Como si fuera poco, el ICBF multó este año a la Fundación Vive Colombia por irregularidades en la entrega y el estado de los alimentos que le suministró a cientos de alumnos en Cundinamarca. Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció la presunta entrega de frutas podridas, alimentos con bacterias y materia fecal y utensilios contaminados de la cooperativa Cooseheroica, Corazón País, Fungescol y Fundaenlace.

Por otro lado, también es preocupante que diversas organizaciones sindicales estén trabajando como empresas con ánimo de lucro. Según los artículos 355 y 365 de la Constitución Política, los sindicatos no pueden tener por objeto actividades lucrativas pues se desnaturalizaría su esencia de defensores de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el ente auditor encendió las alarmas sobre el aumento significativo de este tipo de contratistas, con presupuestos adjudicados por un billón de pesos, de los cuales el 92 por ciento se realizó por contratación directa. Se incrementa así el riesgo de intermediación laboral, especialmente en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Universitario San José de Popayán contrató 125.000 millones con 13 sindicatos. Pero uno de los casos más dicientes es el del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Salud (Sanar), que denunciaron la CGT, la CUT y la Escuela Nacional Sindical (ENS) por supuestamente ser uno de los “falsos sindicatos” de Antioquia que mantenían las mismas condiciones desventajosas y los pagos retrasados a los trabajadores.

En suma, a causa del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, el país “está dejando de percibir en impuestos 1,2 billones de pesos de los casi 15 que se contratan”, le dijo a SEMANA el auditor general Carlos Felipe Córdoba. Y si bien contratarlas “no contiene ninguna ilegalidad, a veces se generan puntos negros de personas que quieren hacerle el quite a la norma, lo que debe ser verificado por las contralorías regionales”, añadió. Sobre todo si se tiene en cuenta que los sectores más afectados son la salud con 4,3 billones de pesos y la educación con 3,5, es decir, el 30 y el 24 por ciento, respectivamente. Entonces, para que no se evada la norma, es indispensable el control fiscal eficaz en los territorios porque, de lo contrario, el hueco fiscal del país podría ser cada vez más hondo.