Contratos sospechosos y fiesta con contratación a dedo antes de elecciones, lo que destapó la Contraloría

Luego de que el contralor general, Felipe Córdoba, denunciara en un foro público que la entidad que lidera había encontrado un par de contratos sospechosos, que involucran la no despreciable suma de 400 mil millones de pesos, los cuales tienen en común al mismo contratista y, por demás, se aprobaron el día de inicio de la aplicación de la Ley de garantías por elecciones legislativas, el ente de control mostró otras cifras que ponen en el visor la fiesta que se está haciendo con los contratos antes de las elecciones, lo que se ha intentado blindar con la mencionada ley, para evitar que se incurra en hechos irregulares y de corrupción, con los contratos.

Aunque las cifras de contratación que suena irregular son escandalosas, la lupa está puesta sobre esos dos contratos que aparecen aprobados en la plataforma Secop II, realizados un día antes de la entrada en vigencia de Ley de garantías, para temas que bien podían esperar a que pase la restricción por elecciones, o haberse adjudicado antes. El objeto de ambos llama la atención, pues uno se trata de un mantenimiento vial y el otro de una estrategia ambiental para expandir y modernizar el alumbrado público en Floridablanca, Santander.

Además, los contratos se hicieron a sabiendas de que tenían certificado de indisponibilidad, lo que, según explicaron desde la Agencia Colombia Compra Eficiente, significa que en ese momento no está funcionando para ningún usuario dicha plataforma.

Según información de la Contraloría General, desde la entrada en vigencia de la Ley de garantías, el 13 de noviembre de 2021, por cuenta de las elecciones legislativas que se realizarán el 13 de marzo, se han suscrito 645.495 contratos por más de 52,3 billones de pesos en los 32 departamentos de país y la ciudad capital, donde el 40,76 % corresponden a contratación directa, es decir, a dedo, sin ninguna de las demás alternativas que garantizan una elección del contratista entre una variedad de oferentes.

La contratación directa es justamente la que está prohibida durante los 4 meses previos a las elecciones.

Todo para uno

El informe realizado por la Contraloría detalla que hay una fuerte concentración de contratos, es decir, se los están adjudicando a un solo contratista, lo que de inmediato prende las alarmas de posibles favorecimientos, los cuales serán objeto de investigación en el organismo de control.

Por ahora, según la Contraloría general, el análisis realizado a las entidades territoriales permite evidenciar que se concedieron contratos por valores superiores a los 10 mil millones de pesos al mismo.

Casos que llaman la atención de la entidad que vigila el uso de los recursos públicos son los de una empresa que ha suscrito 41 contratos con municipios de Cundinamarca por valor de 3.362 millones de pesos. El objeto de los contratos es el suministro de material médico y hospitalario y la dispensación de medicamentos, según detalla el informe.

Fundaciones contratando

Otra de las situaciones que halló la Contraloría tiene que ver con las fundaciones, muchas de las cuales, según sucesos pasados, se prestan para contratar, inclusive para prestar servicios que nada tienen que ver con su misión. Es así como, de acuerdo con el informe, una sola fundación hizo 4 contratos por 19.369 millones de pesos a través de la modalidad directa, es decir, le dijeron, tome y haga esto, sin que mediaran las formas de contratación por elección del oferente, dentro de un proceso de selección.

El objeto del contrato fue “atención integral de los adultos mayores y para la formación en educación superior técnica laboral a los jóvenes”. Entre muchos de los interrogantes, vale la pena preguntarse ¿por qué se contrata para esos servicios que no son urgentes en plena Ley de garantías y se buscan fundaciones? Las investigaciones apenas comienzan.