Contundente | Defensor del pueblo le da “espaldarazo” al fiscal y justifica negativa a suspender órdenes de captura a narcos y Clan del Golfo

Desde San José del Guaviare en donde entregó un informe anual sobre vulneraciones a las comunidades indígenas en ese departamento, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le dio un “espaldarazo” a la decisión del Fiscal, Francisco Barbosa, de negarse a suspender las órdenes de captura y dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.

“Quiero fijar la postura eminentemente institucional. Yo creo que nuestro estado de derecho, como bien los anotaba el señor Fiscal General de la Nación, nuestra Constitución, nuestras leyes de la República, establecen en primer lugar la separación y las competencias individualizadas para cada institución del estado colombiano. A la Fiscalía le es dado luchar sin ambages contra cualquier tipo de criminalidad”, dijo el Defensor Camargo, en claro respaldo a la decisión del Fiscal de no aceptar las peticiones del Gobierno.

Incluso, el alto funcionario encargado de velar por los derechos humanos, puso como ejemplo su función, “a la defensoría del Pueblo se le entregó el mandato de proteger, de defender y de garantizar los derechos individuales y colectivos de todos los colombianos, incluso de nuestros connacionales en el exterior, y por eso quiero dar un espaldarazo público frente a todos los llamados a proteger a rodear la institucionalidad. Por eso aquí no podemos sin vacilación, tenemos es que a todas las instituciones se les entregó un mandato constitucional y legal a los cuales estamos obligados cómo servidores y cómo ciudadanos colombianos a honrarlos”.

Camargo dijo que la Fiscalía ha demostrado que es la máxima autoridad investigativa del país y que su función está respaldada por la Constitución Nacional.

“Es importante dar cuenta a la opinión pública y a los ciudadanos en los territorios que esto es con resultados, así como lo ha vendido de manera clara adelantando la Fiscalía en todas sus actividades investigativas”, sostuvo Camargo.

El Defensor recordó que su misión como organismo de derechos humanos es propender por el respeto a los derechos y de los deberes que todos tenemos como ciudadanos, pero sobre todo que se respeten siempre las garantías guardando el enfoque en derechos humanos, “y eso lo diremos y los defenderemos como institución garante y como órgano de control en materia de derechos humanos”, recalcó Camargo.

Tal y como lo reveló SEMANA el pasado 13 de enero en un documento de siete páginas firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dijo al comisionado de paz, Danilo Rueda lo siguiente: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la república al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”.

Se trata de 16 criminales, entre los que están alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado dirigir a Los Pachenca.

Para la Fiscalía, la petición del Gobierno Petro no procede porque estos criminales forman parte de Grupos Armados Organizados (GAO), “sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022″.

Además, explicó la Fiscalía, “los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general. Una interpretación diferente conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes (como se verá a continuación) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.

El ente acusador señala: “No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “velar por la protección de las víctimas”

“Por ello, la postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”, explicó con claridad la Fiscalía.

“Por último, el que un Fiscal pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial. Por tanto, se trata de una regla de interpretación y aplicación restrictiva, que debe ceder ante la Constitución en cualquier caso de duda. Dado que es razonable plantear que la competencia del Fiscal no fue concebida para aplicarse frente a estructuras que no tengan o a las que no se les pueda reconocer estatus político, el Gobierno Nacional deberá pedir la concesión de tales beneficios a los jueces de la república competentes, tal y como lo prescribe el parágrafo 2º del artículo 511 de la Ley 2272 de 2022″, agrega la Fiscalía.

“A juicio del ente acusador, no es procedente que el Fiscal General ejerza esa competencia frente a integrantes de estructuras criminales que, de acuerdo a los fundamentos jurídicos señalados, carezcan de estatus político, como las AGC. Las reglas para suspender órdenes de captura a miembros de grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos en los que se pactarían acuerdos de paz no son las mismas que rigen para estructuras criminales con vocación de sometimiento a la justicia. Frente a las primeras, es razonable centralizar en el Fiscal General de la Nación, pilar de la política criminal en Colombia, la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, fue el argumento que explicó la Fiscalía.

Estos son los 16 criminales del Clan del Golfo y ‘Los Pachenca’ que el Gobierno Petro quiere que se les suspendan las órdenes de captura o queden libres

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, envió una comunicación dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 11 de enero. En ella, solicita la suspensión de ocho órdenes de captura, en el marco de la ‘paz total’.

Todos los criminales hacen parte del Clan del Golfo. Entre ellos figura Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito’. Este hombre, también conocido como ‘Chiquito malo’, reemplazó al extraditado alias Otoniel y es el nuevo jefe del Clan del Golfo.

Su prontuario es extenso. Es un narcotraficante puro, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Ha sembrado el terror, especialmente en la zona de Urabá y su carrera criminal inició en el Bloque Bananero de los paramilitares. También perteneció a los Urabeños y se ganó la confianza de Otoniel. Es responsable de un número incalculable de homicidios y del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es muy peligroso.