Conversación nacional: ¿en qué quedó?

La próxima semana, el Gobierno le pondrá punto final a la llamada conversación nacional, un ejercicio inédito en la historia reciente del país que diseñó de urgencia el presidente Iván Duque para contener el estallido de la protesta social surgida a finales del año pasado. Con el cacerolazo espontáneo en varias ciudades y las violentas imágenes de Chile como telón de fondo, el mandatario quiso agarrar el toro por los cuernos. Durante cuatro meses promovió un diálogo con los líderes del paro y varios sectores de la vida nacional para discutir los grandes problemas del país. ¿Sirvieron esos diálogos? ¿Negociaron algo? ¿Qué problemas solucionaron? ¿Todo seguirá igual?

El balance depende de la óptica del análisis. En la mirada de la Casa de Nariño, la conversación nacional funcionó porque, a su juicio, hay logros tangibles. El Gobierno aceleró la reforma al Icetex, una de las peticiones más recurrentes en las calles, y en abril estará listo el proyecto que traerá alivios económicos para unos 120.000 estudiantes. Expidió un decreto para facilitar la contratación de recién egresados en el sector público sin necesidad de tener experiencia. Surgirán 60.000 nuevos empleos para los jóvenes gracias a un incentivo en la Ley de Crecimiento Económico. Aseguró un billón de pesos cada año para más vías rurales. Firmó el Acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales. Creó un programa para apoyar a 500.000 microempresarios y Duque anunció que instaurará un “bloque de búsqueda contra los corruptos”.

Sin embargo, en la lupa de los líderes del paro la conversación fracasó y esos avances no son representativos, por lo que habrá más protestas en todo 2020, la primera de ellas el próximo 25 de marzo.

El comité, integrado por unas 60 personas provenientes del sindicalismo y los movimientos sociales y estudiantiles, formuló inicialmente un pliego de ocho puntos, pero al final lo endureció con 135. Los ministros y los expertos consideraron inviables algunos de ellos porque implicaban derogar la Constitución de 1991 o usar recursos inexistentes en medio de las dificultades fiscales por las que atraviesa el país.

Entre las peticiones descartadas estaban, por ejemplo, desmontar el impuesto del 4 × 1.000, que dejaría al Estado sin 8 billones de pesos; estatizar a Ecopetrol, una medida que costaría 15 billones de pesos; o realizar de nuevo el censo poblacional, que vale medio billón de pesos. Eso sin contar con reclamos como cambiar la doctrina militar y de seguridad, acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, retirar a Colombia de la Ocde y echar para atrás todos los tratados de libre comercio.

En un análisis detallado hecho por la Casa de Nariño, el 19 por ciento de las peticiones de los líderes del paro son inviables desde el punto de vista fiscal o político; el 6 por ciento no son de su resorte y tienen que ver con reformas que le corresponden al Congreso o a la rama judicial; el 10 por ciento se deben conversar con otros sectores; y el 65 por ciento tienen que ver con medidas que están en marcha en el Plan de Desarrollo.

Es decir, mientras Duque abrió la conversación nacional en las 46 mesas, en las que escucharon al menos a 150.000 colombianos por distintas vías, con los líderes del paro la situación no avanzó un centímetro.

Este nulo progreso obedece a varias razones. Por un lado, insisten en reformas estructurales que ni Duque ni otro presidente podrían decretar de la noche a la mañana y que, según el Gobierno, pueden poner en jaque la institucionalidad del país. Y, por otro lado, las discusiones en sí mismas terminaron empantanadas y en un diálogo de sordos.

En un hecho simbólico que refleja las tensiones entre las partes, ni el Gobierno ni los líderes del paro se han puesto de acuerdo a la hora de bautizar lo que intentan hacer. Duque asegura que es una “conversación”, pero los del paro exigen llamarlo una “negociación”. De semejante enredo no han salido después de cuatro meses. Pero dicho debate no solo es semántico, sino de fondo, pues una cosa es hablar y otra, negociar. Al final, el presidente tampoco pudo convencer a los líderes del paro de sentarse a dialogar con los gremios y la academia y los tuvo que citar a una mesa paralela.

Además, los líderes de las protestas han sufrido el desgaste ante la opinión pública por el vandalismo y los bloqueos al transporte público que han afectado a millones de personas. En la más reciente encuesta de Gallup, el movimiento sindical perdió seis puntos de imagen favorable, y el respaldo ciudadano a las manifestaciones cayó siete puntos. Mientras tanto, aumentó en nueve puntos el apoyo a que intervenga el Esmad cuando las concentraciones afecten a las demás personas.

Otro punto importante tiene que ver con los intereses tan diversos que confluyen en el Comité del Paro. En cada reunión con el Gobierno toman la palabra por lo menos 50 personas, cada una de ellas en representación de un movimiento social o un sector en particular, con diagnósticos y soluciones muy dispares frente a los problemas que afronta el país. Por ese motivo, en una reunión que se avecina, el Gobierno les propondrá definir solo cinco voceros para intentar avanzar.

Tampoco se puede negar que en el Comité del Paro hay algunos intereses políticos. Han salido a flote divisiones entre personas más afines al senador Jorge Enrique Robledo y otras más adeptas a la corriente de pensamiento de Gustavo Petro, los dos líderes más visibles de la oposición en el Congreso y candidatos a la presidencia.

Hoy las relaciones de Robledo y Petro están fracturadas y ambos competirán por la Casa de Nariño en 2022. Por eso, los acercamientos del Comité del Paro con el Gobierno podrían quedar en nada por cuenta de la politización.

El Gobierno tampoco ha paralizado su agenda y eso también ha traído dificultades en la negociación, pues los sectores sociales perciben que Duque no escucha ni tampoco cede. Mientras que las calles vociferaban y convocaban las mesas, el Congreso aprobaba la Ley de Crecimiento Económico y el Ministerio de Hacienda le daba luz verde al holding financiero estatal. Hace unos días, además, el Ministerio de Minas expidió el decreto que reglamenta los pilotos para determinar si en el país habrá fracking, uno de los temas más polémicos para los ambientalistas. Lo mismo ocurre con el glifosato, que volvería a fumigar los cultivos de coca, siempre y cuando el Gobierno cumpla las condiciones exigidas por la Corte Constitucional.

El próximo 25 de marzo está convocado un nuevo paro nacional. El momento permitirá determinar si la protesta social se enfrió o si aún tiene la fuerza vista a finales del año pasado.

“Hemos aprovechado las mesas con todos los sectores para explicarle al país cada una de las iniciativas que tenemos. Estamos haciendo pedagogía, porque hay desinformación sobre lo que estamos haciendo”. Lo explica Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a quien Duque le encomendó la misión de coordinar toda la conversación nacional.

Sin embargo, las centrales sindicales anotan en una libreta cada paso que da el Gobierno o cada salida en falso para sumarlas a su lista de reclamos. Por eso, añadieron a las razones para el paro del 25 de marzo la reciente polémica entre Duque y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que advirtió la precaria situación de los líderes sociales y las 36 masacres en las que murieron 133 personas el año pasado.

De todos modos, ese día será definitivo, pues servirá de termómetro para tomarle de nuevo la temperatura a las calles. ¿Se enfriará la protesta social o se reactivará con más fuerza?

“Desempleo del 13 por ciento, dólar a 3.543 pesos, petróleo en desplome. Cuadro macabro del fracaso económico de este Gobierno de Duque que supera el 70 por ciento en desfavorabilidad. Escenario perfecto para que el paro del 25 de marzo supere al del 21N. Millones de colombianos estaremos ahí”, ha dicho Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, una de las voces más radicales en la negociación.

El impacto en el Gobierno

Por ahora, es un hecho que la conversación nacional sí sacudió al Gobierno y logró que los ministros se conectaran más con los ciudadanos, una crítica constante desde que Duque llegó al poder. A algunos los perciben muy técnicos, distantes de esa clase media urbana emergente, con cacerola en mano, que anda empoderada y se manifestó en las últimas elecciones regionales al escoger nuevas figuras en ciudades como Bogotá, Cartagena, Manizales o Cúcuta.

Por cuenta de la conversación nacional, los ministros viajaron a encuentros en Medellín, Cali, Villavicencio, Florencia, Girardot, Bucaramanga, Popayán, Pereira, Tumaco, Neiva y Cúcuta. En esas ciudades se sentaron, cara a cara, con mujeres, jóvenes, afros, indígenas y líderes sociales. Todos plantearon propuestas y 13.000 de ellas llegaron por una plataforma virtual dispuesta para tramitar el descontento.

La conversación nacional también acercó a Duque con los nuevos alcaldes y gobernadores, pues con ellos comenzaron las mesas de diálogo en reuniones masivas que tuvieron lugar en Bogotá. Algunos de los nuevos alcaldes, como Claudia López, representan precisamente a los jóvenes inconformes.

El Gobierno quiso también ponerles el mayor nivel a las discusiones, y personalidades como Moisés Wasserman, Beethoven Herrera o Brigitte Baptiste moderaron algunas de las mesas.

Según el análisis realizado por el Departamento Nacional de Planeación, la corrupción indigna a los colombianos más que cualquier otra cosa. Les siguen el desempleo y el medioambiente, el acceso a la educación y la tragedia humanitaria de los líderes sociales.

A partir de ahora, difícilmente el Gobierno Duque se atreverá a llevar al Congreso una reforma pensional sin primero socializarla y concertarla con los trabajadores y los empresarios. Lo mismo va a ocurrir con cualquier otro proyecto que afecte el bolsillo de los colombianos. Con su favorabilidad en descenso y un rechazo del 71 por ciento, la verdad es que el mandatario tiene un margen de maniobra estrecho. Oír las calles como lo hizo y replantear en parte su estrategia política, con las recientes movidas que hizo en el gabinete, son dos respuestas a esta crisis y está por verse si darán los resultados esperados.

La conversación nacional, que se inició formalmente el 24 de noviembre, finalizará el 15 de marzo en Bogotá, en un encuentro en Suba. Allí, tanto Duque como la alcaldesa Claudia López anunciarán el inicio de los estudios para llevar la primera línea del metro de Bogotá hacia esa amplia zona del noroccidente de la capital.

Luego presentarán las memorias de los encuentros que hubo a lo largo y ancho del país. Según Molano, hay cinco grandes propósitos: 1) ningún joven debe pasar más de seis meses sin estudiar o trabajar; 2) debe haber cárcel para los corruptos; 3) hay que proteger el medioambiente; 4) el crecimiento económico debe generar empleo; y 5) se necesita inversión social en las zonas más afectadas por la guerra contra las Farc.

Cuando lanzó la conversación nacional, Duque dijo lo que esperaba de los encuentros. “Quiero que nos sirva a todos para estar más cerca. Nos ponemos en los zapatos del otro, entendemos la razón del otro, entendemos la preocupación del otro”, dijo. Pero el presidente también fue cauto y moderó las expectativas: “Tiene que ser sobre la base de realidades en beneficio del país”.

Después de cuatro meses, el Gobierno abrió una gran discusión, sin duda fructífera, pero está muy lejos de lo que buscaban los que convocaron el paro.

Más allá de conversaciones o negociaciones, cambiar la Constitución, como pasará en Chile, o tomar medidas sin pensar en el impacto fiscal, siempre resultaron pretensiones muy poco realistas para la Colombia de hoy.