Convivir y paras: amor a primera vista

¿ Por qué 10 años después vuelve el debate sobre las Convivir? Justamente porque muchos empresarios, políticos y paramilitares estrecharon vínculos a través de ellas. Ahí empezó el desmadre que hoy tiene al país hablando de para-política y poniendo sobre el tapete los vínculos de militares y empresarios con las autodefensas.
En muchas zonas de conflicto, las cooperativas de seguridad rural –Convivir– y los grupos paramilitares se convirtieron en una sola cosa. Paramilitares en ejercicio –como Salvatore Mancuso– fundaron cooperativas de seguridad rural que les dieran cobertura legal, o miembros de las Convivir incapaces de asumir las restricciones que les impuso la Corte Constitucional en 1997 se convirtieron en grupos paramilitares.

La intención de crear cooperativas de seguridad surgió en 1994 en un país azotado por la violencia. La Fuerza Pública y la Policía eran incapaces de contener a la guerrilla y al crimen organizado. El incremento de extorsiones, hurtos y secuestros en varias zonas del país, hizo que el gobierno de César Gaviria expidiera un decreto que creaba los “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada”, que eran grupos de civiles, armados, que trabajarían de la mano con las Fuerzas Militares. Un año después, el gobierno de Ernesto Samper las bautizó como ‘Convivir’.

En el fondo, se buscaba una mayor colaboración de los civiles con las Fuerzas Militares en una estrategia contra la guerrilla similar a las rondas campesinas de Perú, que fueron claves para derrotar al grupo guerrillero Sendero Luminoso. Pero también buscaba contener a las autodefensas que estaban ofreciendo “seguridad” en todas partes. El gobierno pensaba que era mejor tener unos grupos de seguridad controlados y vigilados por el Estado, para evitar que la gente acudiera a los paramilitares.

Llegaron a existir 441 cooperativas de vigilancia. “Apenas el 10 por ciento tenía armas”, asegura Herman Arias, personero de Bogotá, quien actuó como superintendente de vigilancia en pleno auge de las Convivir. No obstante, las que tenían armas estaban con ellas hasta los dientes. Según registros oficiales, en 1996 había en poder de estas organizaciones 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras mini Uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo, y 41 armas de uso restringido –que podían ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras M-60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros–. Esto quiere decir que una minoría de Convivir se había convertido en un verdadero ejército en capacidad de hacer operaciones ofensivas.

En la biografía de Salvatore Mancuso se cuenta cómo éste “aprovechó la autorización que le daba el decreto... reunió a los cuatro ex soldados que le había conseguido el comandante del Batallón Junín, contrató a otros ocho muchachos y llevó al límite la autorización legal armándolos con subametralladoras calibre 9mm, pistolas y escopetas calibre 12”. Eso no sería tan grave si para la época Mancuso fuera un simple ganadero. En la versión libre que el jefe paramilitar dio hace tres meses confesó que su actividad criminal se inició en 1992. Es decir, ya era un paramilitar, cuando le fue aprobada la Convivir Horizonte Ltda., de la cual era representante legal. Es más, el 26 de febrero de 1996, cuando, según su propio testimonio, ya había consumado más de 10 masacres, Mancuso recibió una revista de inspección de la Superintendencia de Vigilancia, que encontró todo en regla, según consta en un acta firmada por un funcionario de esta dependencia, por el coronel René Sanabria de la Brigada XI y por el propio Mancuso. Lo que demuestra que más que control hubo una cadena de ineficiencias y complicidades que condujeron a la debacle. Por negligencia, o porque quizá algunos funcionarios que no vieron nada malo en lo que estaba pasando.

En Sucre ocurrió algo similar. Edward Cobo Téllez, que administraba la finca Las Melenas, se integró a una Convivir que contaba con el aval de la Armada, y de la que hizo parte muy activamente Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’. Este último había cometido tantos excesos, que se quedó en las AUC para sembrar el terror. Cobo Téllez se convirtió en alias ‘Diego Vecino’, otro jefe paramilitar que hoy enfrenta a la justicia. La declaración de ‘Pitirry’, el testigo clave para el proceso de para-política en Sucre, explica en detalle cómo los miembros de la Convivir –que eran ganaderos y políticos– se reunían con los paramilitares y planearon crímenes con ellos.

La preocupación de las organizaciones internacionales con las Convivir empezó a crecer a medida que estos hechos se empezaban a conocer. En 1998, Human Rights Watch dice en su informe que “las Convivir del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares...”.

También fue denunciada la Convivir Las Colonias de Lebrija, por haber cometido por lo menos 15 homicidios. Para 1997, la Fiscalía informó que existían 35 investigaciones penales contra miembros de las Convivir.
Todo este descontrol vino a parar ese año con una sentencia de la Corte Constitucional que, aunque aceptó la legalidad de las Convivir, les prohibió hacer labores de inteligencia y portar armas de uso restringido. Un decreto posterior obligaba a hacer públicos los nombres de los integrantes de éstas y les exigió definir las fronteras de operación para que no se pasearan por todo el país con sus fusiles y salvoconductos. Las nuevas medidas hicieron que éstas fueran desapareciendo. Este año sólo quedaban dos: Papagayo, en Urabá, que resultó ser la intermediaria para que la multinacional comercializadora de banano Chiquita Brands les transfiriera recursos a las autodefensas, y cuya licencia no fue renovada este año. Y las Garzas, en el suroeste antioqueño.

¿Por qué si las Convivir estuvieron en todo el país, se cree que fueron un invento de Álvaro Uribe? Cuando éstas se crearon le cayeron como anillo al dedo a Uribe, que era gobernador de Antioquia, y a Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno. Ambos se encargaron de promoverlas con vehemencia porque siempre concibieron la seguridad como un asunto que involucra a toda la comunidad, no como una guerra de bandos enfrentados. Incluso Uribe defendió la necesidad de que las Convivir tuvieran armamento y pudieran reaccionar contra la guerrilla cuando no estuviera la Fuerza Pública. Uribe, por supuesto, resintió las restricciones que impuso la Corte.

En Antioquia las Convivir pulularon. Lo más curioso es que la primera de ellas, Coosercom, no fue invento de Uribe, sino del gobierno nacional, que en 1994 no sabía qué hacer con 400 desmovilizados de las milicias populares de Medellín.

Les entregaron escopetas, radios y se les encargó la vigilancia de la comuna nororiental. Al año por lo menos la mitad de los desmovilizados habían muerto en guerras intestinas, envalentonados con las armas que el propio gobierno les había dado.

La experiencia debió servir para evitar que se repitiera. Pero pasó lo contrario. Se crearon 80 Convivir en el departamento, de las cuales 12 estaban en Urabá. Si en alguna región se puede demostrar que las Convivir ayudaron a escalar la violencia es allí. Según un informe de la Vicepresidencia de la República, entre 1995 y 1997 esta región tenía una tasa de 216 muertes por 100.000 habitantes. La más alta de su historia. El gobierno de la época no calculó que las cooperativas de vigilancia, en un escenario de guerra, terminaban siendo el peor remedio para la enfermedad.

Un ejemplo ilustrativo es el de la Convivir Tagua del Darién, que tuvo licencia hasta 2001, y cuyo representante legal, Jaime Alonso Castrillón Echeverría, es uno de los desmovilizados del Bloque Bananeros de las AUC. Similar situación presenta el desmovilizado Aurelio Antonio Quintero, quien fue representante de la Convivir California, con sede en Puerto Triunfo. En 2004 fue asesinado Luis Alberto Villegas Uribe, quien lideró la Convivir El Cóndor, en San Roque. Villegas era hermano de Juan Guillermo Villegas Uribe, candidato a la Cámara en 2002 a quien el candidato presidencial conservador Juan Camilo Restrepo señaló como vinculado a los paramilitares.

Hay decenas de denuncias sobre las Convivir que actuaron en el centro de Medellín y en las plazas de mercados que fueron controladas por ‘Don Berna’ y a las que se les señala por intensas jornadas de la mal llamada limpieza social.

El hecho de que muy pocos casos estén en manos de la justicia no niega que las Convivir fueron un error que no contribuyó a fortalecer el vínculo de la población con los organismos de seguridad. Por el contrario, como lo señala un alto oficial, “los militares se encontraron de la noche a la mañana con que los miembros de las Convivir, que ellos habían ayudado a crear, ahora eran paramilitares a los que tenían que perseguir. Muchos no fueron capaces de dar ese paso y terminaron enredados en redes criminales”.

El asunto es complejo. Desde sus épocas de gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe ha defendido un modelo de seguridad en el que participen los civiles, hombro a hombro con los militares. En un país en guerra, ese modelo pone en riesgo a la gente. En un país con los niveles de impunidad que tiene Colombia, y con una tendencia a hacer justicia por mano propia, mal hace el Estado en promover la autodefensa. Basta con mirar no sólo la experiencia de Medellín y Urabá, sino incluso la de la zona de las minas de esmeraldas en Boyacá, donde la seguridad ha sido delegada parcialmente en los esmeralderos.

¿Puede el Estado proteger a cada uno de los ciudadanos? ¿Cómo garantizar la seguridad en sitios remotos? La mala experiencia de las Convivir, sobre todo de las que estaban fuertemente armadas, deberá servir hacia el futuro para que no sean las armas en manos de civiles, y menos en manos de criminales, la solución.