Convocan cumbre de alcaldes en el Caribe para analizar tarifas de energía

El próximo jueves el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recibirá a los demás mandatarios de las capitales de la región Caribe en una cumbre. El propósito es analizar el tema del alto costo de las tarifas de energía que pagan los usuarios de la costa a los operadores Air-e y Afinia.

En el encuentro se analizará el impacto económico de la nueva metodología autorizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas que ha resultado en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62,5 % o si se compara con la llamada “Opción Tarifaria” del 33,4 %, entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’.

Con esta decisión, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía. Mediante un comunicado de prensa, la administración distrital explicó que mientras que un hogar de estrato 1 de Bogotá paga, en promedio, 36.039 pesos, una familia del mismo estrato en Barranquilla, a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de 90.526 pesos.

Según el alcalde Pumarejo, se trabajará en encontrar mecanismos para aliviar el bolsillo de los hogares costeños en relación con lo que pagan por el servicio de energía.

Los mandatarios de las capitales de la región Caribe se reunirán con el alcalde Pumarejo en la Alcaldía de Barranquilla el próximo jueves 9 de junio en horas de la mañana.

En reiteradas ocasiones, la empresa Air-e, en el departamento de Atlántico, explicó que el incremento en la tarifa de energía obedece, entre otras cosas, al aumento en los casos de conexiones ilegales y robos de redes eléctricas.

Precisamente, la compañía, en alianza con la Policía y la Fiscalía, anunció que se adelantan varias acciones encaminadas a detectar el robo de energía en varios departamentos de la costa Atlántica. Estos operativos se han adelantado en Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde se ha detectado la defraudación cometida por usuarios del servicio, incluyendo conjuntos residenciales.

La empresa indicó que fueron encontrados equipos de medición manipulados, líneas directas y puentes externos antes de la medida con el fin de evadir el pago real del consumo de energía.

El caso más llamativo se presentó en el conjunto multifamiliar Villa Serena, ubicado en la calle 18 con carrera 47- 01 en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, Atlántico, en donde de 200 apartamentos fueron detectadas 45 irregularidades.

Otros llamados de atención por el costo de la energía

Desde el municipio de Mayapo, en el departamento de La Guajira, al instalar la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, el presidente de su consejo directivo y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, formuló un llamado urgente al Gobierno nacional para que “se revisen las tarifas de energía eléctrica en los departamentos del Caribe”.

De acuerdo con el dirigente, los costos desbordan la capacidad de pago de la población, y eso está generando un problema económico serio. “Peor aún, en muchos de nuestros departamentos caribes los índices de pobreza superan el 40 %, incluso por encima del promedio nacional”, enfatizó Espinosa durante el evento que se desarrolló el pasado 3 y 4 de junio.

El mandatario invitó a iniciar un diálogo amplio entre la empresa y los gobiernos nacional y seccionales para tomar medidas que permitan aterrizar las tarifas. “Durante su estancia en la costa, Electricaribe dejó de hacer inversiones en mantenimiento y actualización de equipos, que eran necesarios para garantizar la confiabilidad del servicio”, manifestó Espinosa Oliver.

Además, argumentó que para hacer viable la transición Electricaribe - Aire - Afinia, el Gobierno nacional les autorizó a las empresas recobrar esos costos vía tarifa mediante reajustes, mes a mes, que en esencia significan que el costo se trasladaba al consumidor final. “Hoy, el incremento ya va entre el 30 y el 40 %, y sigue el ‘taxímetro’. El Gobierno nacional debe asumir ese costo para no seguir afectando la economía de las familias del Caribe”, planteó el actual vocero de la FND.