Córdoba: Cartel de los muecos y otro desfalco en regalías, nuevos casos contra Lyons

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons (2012-2015), inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 15 años luego de que estableciera que desfalcó los recursos de regalías de su departamento, sigue siendo objeto de investigaciones por parte del organismo de control disciplinario en casos que irían más allá de los 46.000 millones pesos.

El más relevante, por su continuidad de la modalidad empleada para apropiarse de los dineros de la salud con servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), es el de un presunto ‘cartel de los muecos’, con el que la secretaría de Salud departamental ordenó, mediante resoluciones, el pago aparentemente irregular de 3.000 millones de pesos por tratamientos odontológicos declarados como emergencias vitales y que, encima de todo, no habrían sido contratados.

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Por estos hechos, la Procuraduría abrió pliego de cargos al exgobernador Lyons y a los exsecretarios de Salud Alexis José Gaines, Alfredo José Aruachan y Edwin Preciado Lourdy. Fue mediante resoluciones que supuestamente se cancelaron los tratamientos que estaban en el papel dirigidos a la población más pobre y vulnerable.

En el caso del exmandatario seccional se busca establecer si omitió el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados entre junio y septiembre de 2015 por los secretarios de Salud de la época, quienes a su vez reconocieron y pagaron los servicios investigados.

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Cinco resoluciones por más de 1.500 millones de pesos fueron pagadas a la IPS FM Maxilofacial de Córdoba SAS, otra a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos por la atención de 37 pacientes por 430 millones de pesos, una más para Odontoclínica IPS SAS por 308 millones, y una final para la Clínica Oralcosta por 535 millones de pesos.

Convenio irregular

Sumado a lo anterior, la Procuraduría abrió pliego de cargos al exgobernador Lyons por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de dos convenios de cooperación de ciencia y tecnología e innovación (CTI), aprobados por la Ocad y financiados con dineros de regalías por el orden de 43.248 millones de pesos, lo que supondría otro caso de corrupción con dineros del Sistema General de Participaciones (SGP).

En su acusación, el ministerio público señala al exmandatario seccional de haber direccionado, presuntamente, la adjudicación de los convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN) a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular. Uno de los testimonios aportados por la Fiscalía habla del 30 por ciento.

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De acuerdo con la investigación disciplinaria, los convenios no habrían sido adjudicados de forma transparente y objetiva, dado que fueron autorizados por la Ocad (organismo que aprueba los proyectos de CTI con cargo a regalías) y Colciencias sin cumplir en principio los requisitos y exigencias legales.

La CUN, según destaca la Procuraduría, no contaría con la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de proyectos enfocados en el campo de la educación pública, tal y como lo exigía el objeto del convenio firmado, denominado “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las TIC en el departamento de Córdoba”.

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Este no es el único proceso contractual de ciencia y tecnología en el radar de la Procuraduría. Otros nueve contratos que presentarían irregularidades en Córdoba enredan al exdirector de Planeación Fabio José Pineda y al exdirector de la Unidad de Contratación de la gobernación Ciro Hernán Barbosa.

Entre las presuntas irregularidades, el ente de control señaló que se habría presentado mal manejo de los recursos asignados, que fueron girados directamente a las cuentas de los cooperantes cediéndoles su administración, algo que contraría la ley.

Más decisiones

En su paso por Lorica (Córdoba) el procurador Fernando Carrillo también anunció la destitución e inhabilidad por 15 años de la gerente de la ESE Hospital San Jerónimo, de Montería, Isaura Margarita Hernández Pretelt, así como a los miembros de la junta directiva de la institución, Teresita Uribe Puche, Félix Manzur Jattin, Yudis Jiménez Movilla y Luis Narváez Molina.

La conducta por la que se les investigó fue la de elaborar un acta de reunión con información falsa, que supuestamente se realizó el 26 de diciembre de 2017. La Procuraduría no solo estableció que dicho encuentro no tuvo lugar sino que, además, tuvo como objeto enmendar decisiones anteriores por las que eran investigados disciplinariamente.

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Los investigados, según el ministerio público, modificaron la planta de cargos de la ESE en plena época de ley de garantías, es decir, a cuatro meses de las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018. Fue por ello que el ente de control calificó la conducta de falta gravísima a título de dolo en fallo de primera instancia que puede ser apelado por los afectados.

En otra decisión, la alcaldesa de Lorica, Nacy Sofía Jattin, es sujeto de investigación por el presunto pago de un convenio para atender a 945 alumnos fantasma. La decisión cobija también al secretario de Educación, Óscar Rhenals España; al jefe de Contratación, Miguel Burgos; al contratista Pedro Alejandro Llanos y a los rectores Sergio Sepúlveda y Lácides Fuentes.