Avivatos están bajo la mira de los entes de control

“Ratas de alcantarilla” llamó el presidente Iván Duque a quienes vieron en la crisis causada por la pandemia una oportunidad para llenarse los bolsillos con las ayudas destinadas a las poblaciones más vulnerables. La indignación del mandatario recogía el sentir de decenas de denuncias de la ciudadanía que desde hace por los menos dos semanas comenzaron a documentar y a alertar sobre las graves irregularidades en un serie de contratos en gobernaciones y alcaldías a lo largo y ancho del país.

Por cuenta de esto la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía comenzaron investigaciones para identificar sobrecostos, favorecimientos, contrataciones a dedo o gastos suntuosos. Estas entidades buscan llegar a la mayor cantidad de municipios del país para vigilar y sancionar a responsables de actos de corrupción.

En Tolima, por ejemplo, los investigadores examinan el proceso de selección y celebración de contratos por cerca de 19.000 millones de pesos para afrontar la emergencia sobre los que hay sospechas. Los denunciantes aseguran que no hay procesos claros para seleccionar los oferentes y que las empresas que recibieron estos contratos tienen ‘amarradas’ grandes contrataciones con la gobernación. Así como investigan a los funcionarios, también por lo menos cinco empresas tienen encima la lupa de la Procuraduría que determinará en los próximos días si en efecto se presentaron las irregularidades.

De igual manera, SEMANA conoció documentos de la Procuraduría que investiga a funcionarios de la gobernación de Guajira por presuntos sobrecostos en un contrato de 1.600 millones de pesos para la entrega de kits alimentarios. Indaga hasta dónde inflaron el valor de cada mercado, pagado a 112.470 pesos, compuesto por leche en polvo, aceite, sardinas en lata, pasta, lenteja, frijol, panela, azúcar y avena en hojuelas. Una fundación de esa región está en la mira de las entidades de control.

En Arauca la situación no es muy diferente. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía analizan allí un contrato de compra de kits alimentarios con destino a 33.437 familias con ocasión de la covid-19. Esto debido a una denuncia directa contra el gobernador y algunos secretarios de despacho. Ese contrato, por 4.463 millones de pesos, entregado a una firma denominada Multiservicios, prendió las alarmas. En efecto, en la ración entregada a las familias vulnerables encontraron que el operador cobraba por la lata de atún 19.959 pesos; la libra de chocolate a 9.423 y la bolsa de leche en polvo a 13.471. Valores que, según los veedores locales y los organismos de control, están muy por encima de los que se conseguirían en supermercados del exclusivo sector de Rosales en Bogotá.

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, firmó uno de los contratos cuestionados. Pagó 4.463 millones de pesos por 33.437 paquetes alimentarios.

En Armenia tampoco se salvan de las investigaciones algunos funcionarios de la alcaldía. Según las denuncias hay irregularidades en un contrato por 300 millones de pesos suscrito con una sociedad para prestar servicios de restaurante a las autoridades locales que apoyan la emergencia. Entre otras, investigan si a la firma del contrato existía póliza de constitución, y si el objeto del contrato guarda relación con las necesidades. Pero además, el contratista cobró a 28.100 pesos cada plato que esta empresa serviría a funcionarios y fuerza pública que, supuestamente, atenderían la crisis. “Se reprocha que la alcaldía considere la contratación para suministro de alimentos a sus propios funcionarios y personal de colaboradores como medida de primera necesidad”, dice un aparte de un documento de las entidades de control conocido por SEMANA.

En Puerto Colombia, Atlántico, los organismos de control enfocan la lupa en el alcalde por celebrar contratos con dos supermercados y una distribuidora, por 263 millones de pesos para suministrar mercados para ayuda humanitaria. Llamó la atención de los investigadores porqué contrataron por el mismo objeto con tres firmas distintas.

Las IAS, como comúnmente llaman a las entidades de control que hicieron causa común para investigar estas presuntas actuaciones irregulares, también le siguen la pista a la alcaldía de Melgar (Tolima). Allí los peritos le siguen la pista a denuncias que indican que el mandatario habría realizado un censo para entregar ayudas, pero solo incluyó las viviendas donde residen sus votantes del Partido Conservador. Este parecería un típico caso donde la administración estaría aprovechando la emergencia sanitaria para pagar favores políticos, según contaron a SEMANA algunos de los investigadores.

En Puerto Gaitán, Meta, las autoridades siguen las huellas a un contrato por mil millones de pesos con posibles sobrecostos del 26 por ciento. En ese lugar también encontraron escandalosos precios como por ejemplo, una bolsa de leche en polvo a 12.269 pesos y una libra de café a 11.502 pesos, muy por encima de los precios en las grandes ciudades. También investigan en Guaviare un contrato por 1.499 millones de pesos con kits alimentarios de costo unitario de 251.000 pesos pero que, según las pesquisas, costarían menos de la mitad.

Valle del Cauca, Magdalena, Cesar, Atlántico, San Andrés y los municipios de Cúcuta, La Palma, Neiva, Sincelejo, Guaduas y Cajicá completan la lista de departamentos donde las entidades de control enfocan sus esfuerzos por ahora para determinar irregularidades. “Es brutal el grado de desfachatez de los ladrones del bienestar de la gente. Tenemos que luchar para que de esta crisis salga una democracia más fuerte y una justicia más eficiente. El ciudadano que pide comida también clama por justicia. No vamos a permitir que el hambre de los más vulnerables se convierta en la gula de los corruptos”, dijo a SEMANA el procurador Fernando Carrillo. “Les dañamos la fiesta a los bandidos que se quieren quedar con los recursos de los mercados de la gente”, afirmó a esta revista el Contralor, Felipe Córdoba, cuya entidad destinó grandes recursos tecnológicos y humanos para ejercer control y vigilancia sobre estas graves denuncias.

Más allá de la indignación que producen estos hechos, esta es una oportunidad para que los organismos de control actúen en forma articulada, sin protagonismos. Se trata de blindar la contratación y el uso de los recursos en la emergencia. Y, obviamente, castigar a quienes aprovechando una crisis de semejante magnitud quisieron pescar en el río revuelto de la corrupción.