ANÁLISIS
¿De vuelta al Estado de bienestar?
La pandemia ha puesto otra vez sobre la mesa el debate acerca del papel del Estado en la sociedad. Algunos opinan que debe regular la economía de libre mercado, sobre todo en temas relacionados con la seguridad social. ¿Qué tan bueno y posible es?
A comienzos de abril, cuando Europa enfrentaba el pico de la pandemia y Estados Unidos empezaba el vertiginoso aumento de contagiados y muertos, el premio nobel de economía Joseph E. Stiglitz, en una entrevista al diario madrileño El País, dijo: “Se está demostrando el error fundamental del liberalismo y es que los mercados por sí solos no pueden manejar esta crisis, por eso estamos acudiendo al Gobierno. Los mercados tampoco nos prepararon porque siempre tienen una visión incompleta de los riesgos. En Estados Unidos los hospitales no tenían camas extra y las empresas funcionaban con sistemas de inventario ‘just in time’. Todo bien hasta que tienes un problema. Entonces es un desastre. Es como llevar el coche sin rueda de repuesto. Si pinchas, los costes son enormes”.
La opinión de Stiglitz no es única ni novedosa. Desde hace algunos años, importantes economistas como Paul Krugman, Thomas Piketty, Abhijit Banerjee o Esther Duflo han puesto sobre la mesa la necesidad de que el Estado asuma otra vez un papel protagónico en regular el libre mercado (en especial en temas relacionados con los sistemas de seguridad social), sin que eso signifique estatizar la economía. En otras palabras, consideran necesario retomar algunos de los postulados de lo que históricamente se llamó el Estado de bienestar o welfare state.
Este modelo tuvo su punto de partida con el programa económico promovido por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en los años treinta, denominado New Deal (Nuevo trato), para sacar a Estados Unidos de la gran crisis de 1929. Esta política, basada en los postulados del economista J. M. Keynes, creaba un sistema mixto que combinaba la intervención estatal con la economía de libre mercado.
Al contrario de los defensores del liberalismo a ultranza, Keynes y Roosevelt creían que la economía solo podía crecer si la demanda o el consumo aumentaban y que para ello el Estado tenía que participar en algunos aspectos. Se trataba de asegurarle a la mayoría de los ciudadanos algún ingreso básico y acceso a ciertos servicios como de salud y educación, financiados por el Estado, para que tuvieran un excedente para destinar a consumir otros bienes y servicios. En últimas, el New Deal buscaba regular la economía de mercado para que no sucedieran crisis como esa y promover el consumo, que a su vez desarrollaría la producción industrial. Para financiar el sistema, había que subirles los impuestos a los más ricos.
"La globalización y la pirámide demográfica invertida impedirían regresar a esa edad de oro".
La mayoría de los países europeos adoptaron el Estado de bienestar para recuperar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras razones, lo hicieron para contener el avance del comunismo. Pensaban, finalmente con razón, que al subvencionar la educación o la salud y garantizar los derechos laborales, las personas dejarían a un lado la idea de una revolución socialista. Como lo expresó el historiador británico Eric Hobsbawm: “El Estado de bienestar fue la mejor arma del capitalismo contra el comunismo”.
Los arquitectos del Estado de bienestar, el economista británico John Maynard Keynes y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt.
Sin embargo, sucesivas crisis económicas a partir de 1973 y el debilitamiento de la Unión Soviética llevaron a que los países, a partir de las ideas del presidente estadounidense Ronald Reagan y la premier británica Margaret Thatcher, comenzaran a desmontar algunos aspectos de ese modelo y a desregular el libre mercado.
Hablar de intervencionismo o de subsidios se convirtió en un pecado en los círculos de economistas. Hasta que la crisis financiera de 2008 puso otra vez sobre la mesa las consecuencias de la desregularización sin límites.
La pandemia ha vuelto a encender el debate. Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, atribuye sobre todo al confinamiento la contracción de la oferta, que puso en evidencia que el sistema mundial depende de una alta movilidad de los ciudadanos. Pero economistas consultados por SEMANA coinciden en afirmar que la crisis, más allá de los problemas derivados de la cuarentena, parecería darles a la razón a los defensores de la necesidad de volver a algunos aspectos del Estado de bienestar.
De acuerdo con Francesco Bogliacino, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, la pandemia ha dejado varias lecciones. Por un lado, ha demostrado que la producción estratégica de bienes en un país sigue siendo importante. “Cuando Alemania reguló la exportación de productos biomédicos para atender la demanda interna, la mayoría de los países del mundo se vio en dificultades para encontrarlos. Eso significa que tener ese tipo de producción puede ayudar a enfrentar contingencias como la del coronavirus. Pero para desarrollarla se necesita que el Estado participe y ayude a determinar esos sectores estratégicos por desarrollar”.
Por otra parte, Bogliacino explica que el sistema de seguridad social tiene que funcionar con ciertas particularidades dentro de una economía de mercado y eso se vio, por ejemplo, en la salud pública. Para él, los recortes hechos en los últimos años a este sector en Italia condujeron al cierre de pequeños hospitales y no permitieron que el país afrontara de una manera efectiva la pandemia. La moraleja es que la salud necesita la inversión de generosos recursos.
Los hospitales atiborrados, la insuficiencia de unidades de cuidados intensivos y la falta de personal médico sirven para argumentar que el sistema de salud público debe apartarse de la lógica de mercado que el Estado lo debe financiar.
Al respecto, Alejo Torres, profesor de economía de la Universidad Eafit, afirma que en los últimos años “la salud se ha manejado bajo los principios de eficiencia económica que se refleja, por ejemplo, en que un hospital tiene tan solo las camas requeridas. Esa racionalidad económica condujo a que el sistema hospitalario no contara con una mayor capacidad instalada para atender el incremento inusitado de pacientes”. Por eso, concluye que en un futuro es necesario fortalecer un sistema estatal de salud que no necesariamente excluya al sector privado del mercado.
Los defensores del Estado de bienestar también argumentan que en circunstancias de urgencia el Estado, de todos modos, suele otorgar subsidios y hacer rescates económicos a gran escala. Mencionan, por ejemplo, cuando Estados Unidos promulgó la Ley de Estabilización Económica de Urgencia en 2008, que entregó 700.000 millones de dólares para salvar a los bancos de la quiebra. En cambio, los subsidios a la población y a pequeños y medianos empresarios habían estado restringidos. Pero la crisis causada por la pandemia ha sido tan fuerte que a muchos gobiernos del mundo no les ha quedado más remedio que subsidiar tanto a empresarios como a trabajadores para evitar la quiebra de sus países y el estallido social.
El Estado de bienestar también tiene sus límites y sus problemas. Meisel afirma que seguramente en los próximos años aspectos de este modelo continuarán o se fortalecerán como las pensiones de vejez, sistemas públicos de salud y educación o los seguros de desempleo. Pero advierte que hay que estar alerta frente “a los excesos, por ejemplo, cuando el desempleado tiene tan buen ingreso que decide no buscar trabajo”.
También es cierto que volver a las épocas doradas del Estado de bienestar es poco probable. La era de la posguerra era muy distinta a la actual. Aspectos coyunturales que tienen que ver con la globalización, los impuestos, la inversión de la pirámide poblacional y la voluntad política internacional impedirían desarrollar programas como el New Deal. La globalización ha permitido que los capitales fluyan libremente por el mundo y llegan a lugares donde las condiciones son más favorables. Cualquier intento de un país por aumentar las tasas impositivas perjudica la llegada de esos capitales. A esto se suma que la población ha envejecido y los sistemas pensionales tienen una carga más onerosa que en décadas pasadas. Hacerles frente a estos retos depende de la voluntad política de los líderes internacionales. ¿Pero están dispuestos a hacerlo?
Más allá de si es posible volver al Estado de bienestar, la pandemia ha dejado importantes lecciones sobre la importancia del Estado en la economía. No se trata de estatizar los países, de coartar la libre empresa o de acabar con la propiedad privada. Se trata aliviar una crisis que, manejada de una manera correcta, podría fortalecer regímenes populistas o autoritarios. Quizás la gran enseñanza del Estado de bienestar es esa: que una sociedad bien cuidada genera economías prósperas y fortalece la democracia.