¿Por qué se están quebrando los hospitales?

Las clínicas y hospitales libran hoy una angustiosa carrera contra el tiempo. Muchos países ya han visto que estas instituciones colapsan cuando la curva del coronavirus sube: las camas no alcanzan, el personal no da abasto y los elementos esenciales comienzan a escasear.

En Colombia la cuarentena ha evitado que esto suceda y les ha dado días valiosos para estar listos. Pero esta noticia tan positiva se ha convertido a la vez en su verdugo y ya les propinó un fuerte revés. Como estas instituciones ganan por los servicios que prestan, y hoy estos van a media marcha, su situación económica está peor que nunca. Un problema serio si se tiene en cuenta que tendrán que enfrentar en poco tiempo la pandemia con toda su intensidad. 

Las cifras son dramáticas. En Bogotá, hospitales de alta complejidad que tenían 25.000 millones de pesos de ingresos mensuales cayeron a 12.000 millones. La ocupación en hospitalizaciones está en promedio a la mitad. Y las consultas externas, cirugías programadas y exámenes están cancelados casi en su totalidad. Hasta las urgencias, siempre colapsadas, operan hoy a menos del 70 por ciento. “El país va muy bien, afortunadamente. Nadie ha fallecido por insuficiencia de recursos. Eso es un resultado muy positivo. Nosotros preparamos toda la capacidad para la pandemia. Y estamos listos, pero, mientras tanto, el bajonazo en ingresos es enorme”, reconoce César Castellanos, director del Hospital San Ignacio. 

Por eso, estas instituciones lanzaron un grito de auxilio. “Pedimos un esfuerzo extraordinario en este tiempo extraordinario”, asegura Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Le plantean al Gobierno que les paguen la disponibilidad, es decir, que les giren un valor por cada cama que tienen hoy vacía a la espera de los pacientes con virus. “En la medida en que desocupemos la clínica para esperar pacientes con covid-19, no hay quién nos responda por los recursos perdidos”, explica Daniel Adolfo Parra Lizcano, director administrativo de la Clínica Santa Sofía en Buenaventura. Este es el único centro médico de alta complejidad en el litoral pacífico y hoy ya trabaja en números rojos. 

Giraldo calcula que, por cuenta de muchos procedimientos reprogramados, las instituciones privadas tienen disponibles cerca de 6.000 camas entre cuidados intensivos e intermedios. Si se tiene en cuenta que en Bogotá la apuesta es aumentar en 3.000 las camas de UCI, se trata de una noticia fundamental y positiva para combatir la pandemia.

Pero los hospitales necesitan hoy, más que nunca, ese dinero que han dejado de facturar. Lo primero, para pagar la nómina, que suele ser el rubro más alto. No tendría ningún sentido que los profesionales de la salud, los héroes del momento, sufran despidos masivos o les atrasen sus salarios.

Además los médicos especialistas viven una de las crisis más duras y silenciosas de la pandemia. SEMANA habló con varios de ellos. La mayoría ya perdió más del 90 por ciento de sus ingresos mensuales. Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, (Acesi), explica que “la mayoría de los profesionales están contratados por evento; eso significa que si no operan o no atienden pacientes, no facturan”, dice.

Por los procedimientos reprogramados, se calcula que las instituciones privadas tienen disponibles 6.000 camas entre cuidados intensivos e intermedios. Pero han dejado de ingresar recursos que necesitan para, por ejemplo, pagar la nómina.

En Antioquia, por ejemplo, esta situación ya genera problemas de disponibilidad porque muchos profesionales están desplazándose a Medellín, lo que ha dejado a municipios desprovistos de atención. “Es necesario garantizar unos recursos para los especialistas que hoy día no producen”, advierte Zuluaga. “He vivido casi un retiro forzoso. No gano nada, pero tengo que pagar el arriendo del consultorio y las cuentas de la casa”, cuenta un galeno. 

A pesar de los números rojos, la mayoría de las clínicas ha mantenido al personal de planta. Pero algunas afirman que no podrán hacerlo por mucho más tiempo. “De no contar con ayudas del Gobierno, nos veremos en la penosa necesidad de despedir parte del personal que tiene contrato fijo mensual”, explica Parra Lizcano sobre la situación en Buenaventura. La Clínica Santa Sofía tiene 610 empleados en este momento.  

Al drama de tener en caída los ingresos, los hospitales suman las alzas en el costo de elementos básicos. El director de la Clínica Shaio, Gilberto Mejía, cuenta que por ejemplo los tapabocas que antes costaban 80 pesos subieron a 1.000 e incluso a 1.800. El directivo explica que a cada cuarto de un paciente aislado entran en promedio 25 personas al día (de aseo, comida, terapias, toma de muestras, enfermeras y médicos) y que cada kit de protección básica hoy está alrededor de los 25.000 pesos. “Las instituciones han invertido en equipos, en insumos y barreras de protección para los profesionales”, sostiene Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

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Conseguir los equipos es otro drama. Los respiradores, la máquina vital para atender la crisis, costaban 7.000 dólares antes del inicio de la pandemia y ahora pueden estar en 50.000 dólares. A un hospital que ya los tenía comprados y había hecho anticipos lo llamaron a decirle que el precio se había triplicado. Y que, si aún los quería, debía pagar lo que faltaba. 

Giraldo sostiene que el Gobierno está en mora de fijar un control de precios, como han hecho otros países, para evitar el abuso y la especulación. Olga Zuluaga sostiene que el ministerio debería garantizar la venta de insumos solo por canales institucionales. En el sector público temen comprar a esos precios y luego terminar empapelados por los organismos de control.

Todo esto sucede en medio de los problemas estructurales que ya sufre el sistema de salud. El peor, quizás, las deudas por cobrar. En las instituciones privadas este rubro se estima en 11 billones de pesos, casi el doble de lo que el Gobierno logró recoger con la última reforma tributaria. Y a las públicas les deben 5,4 billones. Esta cifra impacta a más de 900 empresas sociales del Estado, prestadoras de servicios de salud. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras publicó hace poco ese penoso listado: “A la Fundación Santa Fe el sistema le adeuda 124.000 millones de pesos; a la Cardioinfantil, 200.000 millones; a la Shaio, 95.000; al Erasmo Meoz de Cúcuta, que recibe el impacto de la frontera venezolana, 370.000; en Medellín, al San Vicente, 270.000, y al Pablo Tobón, 300.000”.  

Ese problema viene desde los años noventa y nadie lo ha solucionado. El Gobierno firmó a mediados del año pasado el acuerdo de ‘punto final’ para pagar las deudas pendientes con el sector salud y anunció las apropiaciones respectivas en el presupuesto general. Pero los desembolsos siguen demorados. Las clínicas hoy aseguran que, si les pagaran lo que les deben, eso les daría el flujo de caja necesario para solventar esta crisis. Los hospitales también piden girarles anticipos y que no los sometan en este momento a largos y demorados procesos de auditoría.

El procurador general, Fernando Carrillo, por su parte, denunció una situación que se ha presentado con la pandemia. Como el Gobierno ha prometido giros importantes por 2,7 billones de pesos, las EPS están “ofreciendo desembolsos rápidos por la compra de cartera anunciada, a cambio de que les concedan descuentos adicionales sobre las acreencias”.

El jefe del ministerio público también hizo énfasis en la urgencia de solucionar la mora con los hospitales universitarios, a los que el Estado les debe más de 880.000 millones de pesos. “Estos hospitales serían los lugares a donde llegarían los casos más complejos de infección por covid-19, en búsqueda de Unidades de Cuidado Intensivo –UCI–, necesarias para salvar vidas”, puntualizó. El caso del Hospital Universitario de Santander, por ejemplo, es muy diciente. Han dejado de recibir cerca de 4.000 millones mensuales y piensan invertir 10.000 para la pandemia. “Los pasivos se incrementan en más de 20.000 millones de pesos y así quedaríamos al borde de entrar en el programa de saneamiento fiscal y financiero”, cuenta su gerente, Julián Niño Carrillo. Agrega que si les pagaran al menos el 25 por ciento de los 272.000 millones que les deben, el problema quedaría resuelto.

Si el país no plantea un esquema que permita a los hospitales y a los profesionales sobreaguar los líos financieros que el sistema de salud y la cuarentena les imponen hoy, Colombia podría estar en la absurda situación de que el pico de la pandemia encuentre a los gladiadores totalmente ilíquidos.