¿Marchas inoportunas?

Cuando comenzó 2020, todo el mundo esperaba que en este año se consolidara el movimiento de protesta social, y las marchas incidieran en las decisiones del presidente Iván Duque. El año anterior cerró con multitudinarias manifestaciones, y la cacerola se convirtió en el símbolo de una clase media empoderada que reclamaba sus derechos pacíficamente.

Por ese motivo, estaba prevista la fecha para reactivar las concentraciones y darle un nuevo impulso al paro nacional. Pero dos semanas antes de la cita del 25 de marzo, llegó el primer caso conocido de covid-19 en el país, lo que obligó a los colombianos a acatar la cuarentena decretada por el Gobierno. Con la gente confinada en sus casas, la protesta quedó suspendida.

Pero con el levantamiento progresivo de las restricciones, todo indica que las marchas podrían estar de regreso. Por lo menos así lo vio el país el 15 de junio en Bogotá y Medellín. Centenares de personas salieron a protestar pacíficamente contra el racismo por la muerte del afroamericano George Floyd, asesinado por un grupo de policías en Estados Unidos. Los manifestantes también reclamaron medidas urgentes para auxiliar a las personas más vulnerables en medio de la pandemia.

En las calles de la capital del país, un grupo de vándalos acudió a la violencia y destrozó estaciones de TransMilenio y sedes bancarias, lo que derivó en enfrentamientos con el Esmad. En el centro de Medellín, una marcha estudiantil también terminó en confrontaciones con la Policía.

Está claro que la Constitución ampara el derecho a la protesta social. Pero las concentraciones masivas de personas resultan inoportunas en esta difícil coyuntura. Sobre todo porque, por obvias razones, esos movimientos no permiten el distanciamiento físico, y algunos manifestantes usan incorrectamente el tapabocas, lo que pone en peligro su salud y la de millones de personas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha advertido que se deben “evitar actos multitudinarios innecesarios” por el riesgo que representan, debido a que el virus es altamente contagioso. En España hubo un debate intenso por la marcha feminista del 8 de marzo que convocó a 120.000 personas en las calles de Madrid, pese a las advertencias sanitarias.

Al ver lo ocurrido en Bogotá y Medellín, el presidente Duque advirtió que no era el momento para manifestaciones que terminan en actos de vandalismo y aumentan los contagios.

También es preciso tener en cuenta que algunos de los que salen a marchar buscan sembrar el caos y poner contra las cuerdas a los alcaldes, que afrontan la mayor emergencia sanitaria, económica y social en la historia reciente.

Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López sostuvo que quienes promueven las manifestaciones en estos momentos tienen el interés de “desestabilizar” la salud y la democracia. Lo mismo piensa el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien agregó: “Los que saben de estas cosas aseguran que estas marchas no son contra el Gobierno nacional, sino que buscan que a los alcaldes les vaya mal. Lo están logrando, pero a qué precio: ayudando a diseminar más una pandemia que podría matar a sus propios padres y abuelos”.

Uno de los líderes políticos que más ha defendido la protesta social, el senador Gustavo Petro, en días pasados dijo que “Colombia va a salir a las calles, no hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir, es un derecho constitucional”. Su mensaje tiene algo de contradictorio porque, en su momento, se había opuesto a la apertura de centros comerciales, debido a que vienen aumentando los casos de covid-19 en la ciudad.

Cuando Petro perdió las elecciones presidenciales frente a Duque, prometió oponerse al Gobierno desde las calles, y lo ha cumplido hasta ahora. Pero la pandemia obliga a poner en primer lugar el derecho a la salud de los colombianos que tratan de cuidar sus vidas y, al mismo tiempo, reactivar la economía para evitar una crisis social aún mayor.