¡La cosa está dura en la economía!

Nunca en la historia los pronósticos sobre la economía habían cambiado tanto, tan rápido y tan mal. Cuando llegó la pandemia, las multilaterales y los analistas anticipaban una caída grande y transitoria de la economía mundial, pero con posibilidades de una recuperación relativamente rápida para 2021. Lo que los economistas llaman recuperación en forma de V. Hoy casi todos hablan de la peor depresión desde la gran crisis mundial de 1929 y de una recuperación más lenta, en forma de U. Las consecuencias sociales de este cambio de letras son impredecibles.

En la última semana han salido todo tipo de estudios y voceros que presagian el desastre. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ya advirtió que esta tiene pinta de ser una recesión sin precedentes en la historia de su país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que la pandemia agravará las vulnerabilidades financieras acumuladas por años, y la Cepal advirtió que en 2020 se disparará el desempleo en América Latina, hasta sumar 11,5 millones más de desocupados.

En Colombia los pronósticos no fueron menos dramáticos. La Universidad de los Andes dijo que la pobreza podría subir al menos 15 puntos, con un retroceso de 20 años en materia de desarrollo económico y social. Bancolombia, al revisar sus proyecciones, advirtió que la economía caerá este año a niveles históricos cercanos al 6 por ciento.

Incluso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que por su cargo suele adobar todo pronóstico económico con un bálsamo de optimismo, no le hizo el quite a la dura realidad. Esta semana reconoció que el segundo trimestre será el peor en la historia del país, y la economía podría caer 5,5 por ciento en el año completo.

Para tener una dimensión del tema basta darle una ojeada a la destrucción del empleo en Estados Unidos, que alcanzó cifras inéditas: en nueve semanas ya más de 38,6 millones de ciudadanos piden subsidios para sobrevivir. Los billonarios paquetes de ayuda a empresas y familias en Europa, la volatilidad de los mercados y la crisis de confianza de los inversionistas y los consumidores dan cuenta de que la cosa será más difícil de lo pensado.

La nueva situación de los colombianos comenzará a quedar en evidencia con las cifras de desempleo y pobreza que el Gobierno divulgará en las próximas semanas.

En abril, las proyecciones del FMI y del Banco Mundial vaticinaban un sombrío panorama para 2020, con caída del 3 por ciento. Hoy esos pronósticos se han duplicado. A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos por salvar sus economías, el planeta entero quedará bastante más pobre que a final de año. El ministro de Hacienda acaba de confirmar lo que muchos intuían: que este trimestre será el peor de la historia del país.

A la caída del producto interno bruto (PIB) hay que sumarle el aumento del endeudamiento, que ya bordea el 60 por ciento del PIB –casi 10 puntos por encima del nivel actual– como consecuencia de las medidas para controlar los daños económicos de la pandemia.

“El Gobierno no será chichipato” a la hora de gastar ni tiene miedo de tomar las medidas necesarias para reactivar la economía, dijo un envalentonado Carrasquilla al anunciar que seguirá inyectando ayudas a familias y empresas para pasar este trago amargo.

Pero otros centros de estudios, analistas y gremios plantean escenarios iguales o más preocupantes. El más radical es el de la Universidad de los Andes con el aumento de la pobreza en 15 puntos y el retroceso en 20 años.

Fedesarrollo, en su panorama más pesimista, estima una contracción del 7,9 por ciento. Asobancaria proyecta una contracción entre el 2,9 por ciento y el 4,8 por ciento, con aumento sustancial del desempleo entre el 19,8 y el 22,5 al cierre del año.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo esta semana, en un foro de revista Dinero sobre reactivación, que abril y mayo dejan una idea muy preocupante sobre “lo que probablemente está pasando en destrucción de empleos, e incremento de la pobreza y la pobreza extrema” que se verá más adelante.

Críticos y amigos del Gobierno coinciden en que las medidas de aislamiento preventivo han servido para frenar el avance del coronavirus y evitar un colapso en los sistemas de salud. Pero también que la cuarentena le está pasando una costosa factura a la economía. Las cifras que comienzan a salir así lo revelan.

El país arrancó el año con fuerza y en el primer bimestre la economía crecía a un ritmo del 4,1 por ciento, pero en marzo sufrió un tremendo revés. Esto llevó a que en el trimestre el crecimiento fuera de solo 1,1 por ciento, es decir, 1,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019. Comparado con la mayoría de países de la región y varios desarrollados, que reportaron caídas importantes en el PIB durante el primer trimestre, el caso de Colombia resultó menos dramático. Pero las cifras no dan para cantar victoria.

La caída en marzo, del 4,9 por ciento, significó un frenazo y la explicación es ya conocida: la enorme incertidumbre ante el inicio de una inédita cuarentena.

El deterioro se acentuó en abril, cuando se endurecieron las medidas de aislamiento. La actividad productiva pasó de crecer por encima del 4 por ciento a desplomarse casi 5 por ciento. Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, eso significa que la cuarentena produjo una contracción cercana al 36 por ciento.

Esta desastrosa contracción tuvo como consecuencia lógica un impacto sobre el mercado laboral, que ya lo había sentido en marzo, cuando solo hubo diez días de aislamiento obligatorio. El desempleo en Colombia llegó ese mes a 12,6 por ciento, es decir, 1,8 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior y el peor registro en la última década. Esto significa 290.000 desocupados más, por lo que el número ya alcanzó la triste cifra de 2,9 millones de personas sin trabajo.

Pero hay un dato más preocupante. En marzo casi 1,6 millones de personas perdieron su puesto, aunque no pasaron a ser desempleadas, pues metodológicamente se requiere que hayan buscado trabajo para entrar en esa categoría. Pero no pudieron hacerlo por la propia cuarentena.

El economista Eduardo Lora cree que las cifras de marzo pueden ser un poco engañosas y que en realidad pudieron desaparecer más empleos. “Eso quiere decir que las cifras de abril son brutales y veremos que los empleos cayeron de 4 a 4,5 millones de personas, la mitad de ellos informales”.

Esto implica niveles de desocupación sin precedentes y así lo calculan ya analistas de Bancolombia, que prevén que este indicador podría llegar este año a bordear el 20 por ciento.

Mauricio Santamaría, director de la Anif, cree que, por efectos de las medidas de aislamiento social, los ingresos laborales de los hogares caerían hasta 12,8 billones de pesos para finales de mayo. Un aislamiento hasta finales de julio causaría en la economía un daño de mayor magnitud: una pérdida de ingresos de los hogares de 30 billones de pesos.

Con un agravante: las clases medias vulnerables, o sea, aquellas que en las últimas décadas salieron de la pobreza, así como los hogares de ingresos más bajos dependen de sectores muy débiles ante la crisis. Por eso serán los más afectados, y eso tendrá impacto en los niveles de pobreza y desigualdad.

El aumento de la pobreza y la pérdida de empleos y de tejido empresarial es enorme. La reactivación, en términos seguros de salubridad, no da espera.

Un estudio de la Universidad de los Andes estima que la pobreza podría treparse casi 15 puntos porcentuales. Eso equivaldría a devolver al país casi dos décadas, cuando esta condición afectaba a más del 40 por ciento de la población. La pobreza en el país pasó del 49,7 por ciento en 2002 a 27 por ciento en 2018.

El estudio va más allá y explica que la disminución de la pobreza en Colombia se ha traducido, sobre todo, en crecimiento de una clase media frágil. O vulnerable: hogares con niveles de ingreso y consumo apenas superiores a las líneas de pobreza, pero no suficientes para acumular capital.

Estos hogares son los más sensibles a cualquier cambio económico por la alta informalidad y porque muchos se ganan la vida por cuenta propia o con fuentes de ingreso asociadas a los sectores más afectados, como restaurantes, bares, turismo y entretenimiento, entre otros.

El estudio dice que esta crisis podría llevar a la pobreza a casi 7,3 millones de personas, lo cual traería un impacto en los niveles de desigualdad que significará retroceder a niveles de comienzo de siglo.

El Gobierno ha reaccionado para proteger los ingresos de las familias con instrumentos como la devolución del IVA a los hogares más vulnerables, y los giros adicionales a los programas sociales, como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, y la nueva iniciativa de Ingreso Solidario. Estas decisiones son las correctas, y tal vez las únicas posibles. Pero como destaca Lora, si bien resultaron oportunas, son insuficientes para atender la enorme necesidad de las familias pobres y vulnerables.

Nada ‘chichipatos’

Además de las ayudas a las familias, el Gobierno lanzó una batería de medidas para mitigar los impactos sobre las compañías. Sin embargo, apenas se harán efectivas la próxima semana, cuando empezarán a desembolsar los subsidios a la nómina para las micros, pequeñas y medianas empresas a fin de garantizar el empleo.

Se trata de un programa que entregará ayudas de 350.000 pesos por trabajador a las compañías con más de tres empleados, que por la pandemia vieron caer sus ventas más del 20 por ciento.

La iniciativa está bien encaminada, pero quizás llega tarde y en una proporción menor a la requerida. Como dirían los gringos, “too little, too late”. Al fin y al cabo, aparece cuando muchos empresarios ya han cerrado negocios y despedido gente.

Lora y el exministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, habían advertido esta situación a comienzos de abril, cuando pidieron al Gobierno adoptar con urgencia salvavidas para las compañías.

El ministro de Hacienda ha calculado en 2 billones de pesos mensuales el costo fiscal del programa de ayuda a las empresas que durará tres meses. Ante la insistencia de algunos gremios y analistas, también incluirá a las personas naturales que generen más de tres empleos.

Las cifras resultan insuficientes para atender las necesidades del sector productivo y de las familias. Pero, según Carrasquilla, ya están comprometidos 30 billones de pesos. Es decir, casi 3 puntos del PIB.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo

Una cifra similar ha dispuesto el Gobierno para mantener la liquidez de las compañías en forma de créditos en condiciones especiales de tasa y plazo y con el aval del Fondo Nacional de Garantías (FNG). El Gobierno ha puesto su confianza en los préstamos al sector productivo para reflotar la economía. Y subió las garantías del Estado a los créditos, por medio del FNG, que ahora llegan al 80 por ciento. O sea que si una empresa que pidió un crédito en un momento dado no puede pagarlo, el Gobierno le responde al banco en esos porcentajes.

Algunos cuestionan en montos y oportunidad las cifras de Carrasquilla sobre lo que el Gobierno le ha inyectado a la economía. El excodirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz insiste en que los datos oficiales del FMI indicarían que el gasto efectivo ha sido muy modesto: apenas 1,8 por ciento del PIB. Mientras que Mac Master lo califica de ‘muy tímido’, y Lora cree que ha tardado mucho.

Este respaldo es inferior al que han ofrecido países de la región como Chile y Perú, que han comprometido hasta del 10 por ciento de su PIB para enfrentar la crisis. Ni qué decir de Estados Unidos, que ya anunció 12 por ciento, o Alemania, con un 22 por ciento. Se trata de una crisis inédita que requiere medidas extraordinarias.

Conseguir la plata y endeudarse a niveles descomunales es la única opción y esto puede encender las alarmas fiscales, entre otras razones porque la economía apenas empezaba a recuperarse cuando apareció la pandemia. Sin embargo, el Comité de la Regla Fiscal, consciente de este tema, ya autorizó una meta de déficit fiscal –la diferencia entre los ingresos y los gastos– del 6,1 por ciento del PIB para 2020. En 2019 fue del 2,5.

¿Hora de reformas?

Los cálculos preliminares indican que la deuda pública del país podría aumentar alrededor de 10 puntos del PIB.

La situación lo amerita y nadie discute un incremento en la contratación de deuda, que podría disparar el déficit fiscal vigente en este momento. Pero luego habrá que pagar esa cuenta en un par de años, y todo el país deberá estar dispuesto a hacer sacrificios en términos de austeridad del gasto, adopción de las reformas necesarias, y, especialmente, en un proceso de reactivación de la economía. Porque el crecimiento en el mediano plazo será el único camino para solucionar los problemas económicos y sociales.

Santamaría dice que todo lo que el país invierte ahora lo tendrá que pagar en algún momento. “Y no hay otra manera que con impuestos. Eso nos va a exigir un esfuerzo y es el momento para lograr una reforma tributaria que de verdad sea estructural”, advierte.

Lora fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es un experto en crisis económicas, pues trabajó en los noventa apoyando a varios países de la región en este frente. Con esas credenciales, cree que la crisis actual le ofrece la mejor oportunidad al país para adoptar las reformas clave que necesita en materia tributaria, laboral y pensional, las mismas que ha aplazado por años.

Esperar a que pase la crisis para reabrir los debates sobre ajustes a los ingresos tributarios, la eficiencia del gasto, la financiación de las pensiones o incluso la venta de activos quizás suena políticamente correcto. Pero para ese momento de pronto sea tarde. Por eso, Lora sugiere empezar a trabajar en estos temas y convocar un gran acuerdo, que de la mano de un liderazgo adecuado haga realidad estas iniciativas.

El presidente Iván Duque ha dicho que este no es momento para pensar en reformas tributarias. Pero académicos y analistas coinciden en que es necesario hacer los cambios que permitan mejorar la estructura fiscal, el mercado laboral y la sostenibilidad pensional.

El director de la Anif, Mauricio Santamaría, ha dicho que esta crisis debe propiciar una reforma tributaria que mejore los ingresos requeridos para reducir la pobreza.

A pesar de los mensajes tranquilizantes del Gobierno, una reforma tributaria resulta inevitable, ya que por efectos de la crisis habrá una fuerte caída en los ingresos fiscales tanto a nivel nacional como regional.

La Dian ya advirtió que el recaudo se ha reducido por efectos de la pandemia en más de 2 billones de pesos mensuales y calcula que para final del año el hueco fiscal se elevará a casi 15 billones de pesos. Solo en abril, el recaudo se redujo en 75 por ciento, ha dicho José Andrés Romero, director de la entidad.

También los recaudos han caído en las regiones. Un informe de la Federación Nacional de Departamentos calculó en 45 por ciento la pérdida de ingresos durante abril. Estos entes territoriales habrían recaudado 352.000 millones de pesos menos el mes pasado en comparación con el mismo periodo de 2019.

Trabajar para que el país por fin modernice su estatuto tributario, su sistema pensional y su estructura laboral son temas clave. Pero será necesario generar consensos y para hacerlo habrá que dejar de lado las ideologías.

En el corto plazo también será fundamental lograr una reapertura gradual y segura de distintos sectores. Las críticas cifras demuestran lo catastrófico que hubiera resultado mantener un confinamiento por mucho tiempo.

La esperanza está centrada en que la peor parte de la covid-19 haya quedado atrás en la medida en que las normas de distanciamiento social se van flexibilizando y el cumplimiento de la cuarentena es menos estricto. Además, como se convertirá en una enfermedad endémica, será necesario trabajar en mejorar estilos de vida y confianza para retomar las labores.

La recuperación de la economía tomará algún tiempo y su velocidad dependerá de varios factores, como la disciplina social para mitigar los contagios, el impacto definitivo de la cuarentena en el desempleo, el impacto de las medidas de alivio para reactivar sectores. Y, sobre todo, del retorno de la confianza.

Asimismo, el Gobierno tendrá que evaluar constantemente las medidas económicas para aumentar las ayudas en los sectores y familias que más lo requieren o ‘graduar’ y reducir los aportes a aquellos que ya empiecen a volar solos.

Esta crisis le está generando al país una nueva oportunidad para modernizar viejas estructuras que ya no funcionan, trabajar unido por transformarlas y reactivar la confianza. Esa será la clave para imprimirle una nueva velocidad a la reactivación.