Lo que el virus se llevó: iniciativas clave bajo amenaza

La pandemia del coronavirus ha tenido efectos devastadores. Entre ellos, se acaba de llevar por delante una ambiciosa agenda legislativa que el Congreso venía discutiendo de tiempo atrás y prometía convertirse en realidad. El trabajo realizado durante meses por funcionarios del Gobierno, senadores y representantes quedó relegado ante la amenaza viral. ¿Qué consecuencias llegarán en las próximas semanas?

En primer lugar se hundirán iniciativas a punto de ser aprobadas luego de sortear tropiezos en los debates en la Cámara y el Senado. El Ministerio del Interior habla de 32 proyectos de origen gubernamental a los que les faltan entre dos y cuatro debates. De ese total, 22 van a quedar en nada de ahora al 20 de junio debido a la dinámica de las sesiones virtuales. En la plataforma Zoom, senadores y representantes se han dedicado mayoritariamente a debatir la emergencia sanitaria. En un segundo plano quedó la votación de las iniciativas pendientes.

Entre los proyectos afectados por las dinámicas de la pandemia están el de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y también el que evita que los delitos sexuales contra menores de edad prescriban a los 20 años. Otro proyecto del presidente Iván Duque para reformular la política migratoria del país, en momentos en que Colombia acoge a 1.700.000 venezolanos, sufre la parálisis del poder legislativo. Al radicar esta iniciativa, a mediados del año pasado, la Cancillería explicó la necesidad de darle vida a una nueva normatividad sobre migración por cuenta del desorden de leyes promulgadas hace años, cuando no existía el fenómeno masivo. El coronavirus, que evidencia justamente el desamparo de miles de venezolanos, va a aplazar ese proyecto vital.

También andan en el limbo iniciativas como la ley de fronteras, que busca mejorar la situación de los departamentos limítrofes, que tienen preocupantes indicadores sociales y económicos, y el de vivienda rural. En este último sus defensores habían hecho énfasis en las cifras que ilustran el drama: “Las malas condiciones de vivienda contribuyen en 13,2 por ciento en la incidencia de la pobreza multidimensional”. Para el 58 por ciento de los hogares rurales, la vivienda no tiene los estándares mínimos de calidad. Por eso, la iniciativa pretendía cambiarles la vida a dos millones de hogares rurales que demandan tener vivienda nueva o mejorar la actual.

La propuesta del senador Álvaro Uribe y el Centro Democrático de autorizar una prima adicional para la canasta familiar de los trabajadores más vulnerables no había logrado el apoyo del Gobierno ni de los gremios. Pero también va a terminar hundida porque los tiempos no cuadran.

Al proyecto que obliga usar pliegos tipo para los contratos del Estado, uno de los puntos votados en la consulta anticorrupción, le falta solo la conciliación luego de más de un año de debates. Pero hoy tiene un destino incierto.

Ley del adulto mayor

También está bajo amenaza la ley del empleo para el adulto mayor, que brinda beneficios tributarios a las empresas que contraten a mujeres de más de 57 años y a hombres de más de 62 que no hayan accedido a una pensión. De salir aprobada, beneficiaría potencialmente a 2.500.000 personas. También está en riesgo la ley de pasantías, que permite que prácticas y monitorías universitarias cuenten como experiencia profesional válida, a partir de una tabla de equivalencia que debe definir el Gobierno. Esto es clave, ya que el desempleo juvenil alcanza el 17 por ciento, es decir, seis puntos porcentuales por encima del promedio general.

Estas dos últimas iniciativas, lideradas por el representante a la Cámara José Daniel López, también podrían resultar útiles para la reconstrucción social y económica del país en los próximos años. Una similar, promovida por el Partido Alianza Verde, crea el mínimo vital de agua, que permite que hogares de estratos 1 y 2, en uso residencial y mixto, cuenten gratuitamente con 20 metros cúbicos mensuales del líquido.

Pero la covid-19 puso todo patas arriba. “Es urgente que el Congreso empiece cuanto antes a discutir y votar los proyectos. Para las plenarias requiere una plataforma virtual más especializada”, recomienda López.

El escenario no resulta favorable porque el reglamento y los tiempos del Congreso son estrictos, además las decisiones de los congresistas están sometidas al control de la Corte Constitucional. La virtualidad, en ese sentido, no ayuda. Las reformas constitucionales requieren cuatro debates de ahora al 20 de junio y hay que cumplir términos, como que pasen ocho días entre un debate y otro, y 15 días entre el tránsito de los proyectos de Cámara a Senado y viceversa.

La ministra del Interior, Alicia Arango, asegura que hoy es “muy compleja la tarea de socializar las propuestas que venía trabajando el Gobierno para radicarlas este año”. En el segundo semestre esperan presentar las reformas a la Justicia, al sistema electoral, a las consultas previas y al Icetex. También hay iniciativas sobre explotación ilícita de minerales, eutanasia, seguridad ciudadana, porte de armas blancas, reformas a la Superintendencia de Servicios Públicos, al régimen de los departamentos y al Sistema General de Participaciones, que regula las transferencias de la nación a los entes territoriales.

Por ahora, nadie tiene en su agenda la reforma pensional ni la laboral. Antes de la llegada del coronavirus, no había consenso en las mesas de concertación, uno de los objetivos de la ministra Arango.

Incertudimbre

La pandemia genera una incertidumbre tan alta que no es claro lo que va a suceder con los proyectos del Gobierno durante todo 2020. ¿Perderá el año el Congreso? Es difícil sacar conclusiones, pero no hay optimismo entre los congresistas ni en el propio Gobierno ante lo que pueda venir en esta materia.

“No podemos ir contra la realidad. Cualquier fecha que demos de un proyecto está sometida a lo que estamos viviendo”, asegura la ministra Arango. Su estreno como encargada de la política había generado expectativas y quedó aplazado por el coronavirus. “Me ha tocado debutar virtualmente”, dice.

El presidente del Senado, Lidio García, asegura que el virus ya “se llevó por delante muchas cosas” y reconoce que las comisiones no han podido sesionar como requieren. Adicionalmente, siguen las dudas jurídicas sobre la legalidad de lo que están haciendo de manera virtual. García dice que una cosa es debatir virtualmente, como han hecho en las últimas semanas, y otra aprobar leyes desde la pantalla. “La diferencia es grandísima”, anota. Y suspender los términos de los proyectos para intentar salvarlos se estrella con tres artículos de la Constitución que son explícitos en cuanto a los plazos que rigen en cada legislatura.

Algunos congresistas, como Roy Barreras, reclaman un esquema mixto, virtual y presencial en el Congreso. Eso implica que cada partido designe delegados que asistan personalmente al Salón Elíptico a votar los proyectos bajo protocolos sanitarios. “El Congreso virtual es como narrar partidos de fútbol de PlayStation, es una caricatura, así no se aprueba una agenda legislativa seria y no cumplimos nuestro deber”, asegura Barreras.

Hay pocas esperanzas. La agenda legislativa más ambiciosa que recuerde el país en su historia reciente, que puede ser oportuna para estos tiempos difíciles, terminó literalmente confinada.