Diez estrategias para evitar colapso de red sanitaria en el sur del país

Crear un corredor humanitario para trasladar a migrantes venezolanos que ingresan masivamente a Colombia, por 37 pasos irregulares en la frontera con Ecuador, es una prioridad para evitar el colapso de la red sanitaria en el sur del país. A esa conclusión llegaron la Gobernación de Nariño, así como las alcaldías de Cali e Ipiales. 

Precisamente este fin de semana se tuvo el reporte del ingreso de más de 200 venezolanos por Ipiales, y según proyeciones, se espera que ese número ascienda a 500 antes de que termine esta semana.

El paso desesperado de los migrantes tiene una razón: buscan retornar a su país debido a la situación crítica en Ecuador tras la llegada de la covid-19. 

Desde Cali y Pasto ya se han organizado corredores humanitarios para trasladar a los migrantes hasta la frontera con Venezuela. Por ejemplo, desde la capital del Valle han salido alrededor de 700 venezolanos en caravanas de buses. 

No obstante, la Universidad San Martín, sede Pasto y Cali, diseñó un decálogo para que el Gobierno nacional pueda organizar un corredor humanitario y permanente desde el sur del país.

La propuesta fue planteada por Juan de Dios Villegas y Édgar Villota, decanos de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín en las dos ciudades mencionadas.

"Cali tiene aproximadamente 470 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos y un 50 % están ocupadas. Cuando la curva suba, se van a ocupar de manera rápida con la población del departamento y la ciudad. Si a esto se le suma la población migrante, todo sobrepasará la capacidad instalada del sistema hasta llevarlo a colapsar", explicó Villegas.

Villota, por su parte, afirmó que en Nariño la situación es más que angustiante: "Hoy tenemos 247 casos, más de 100 solo en Ipiales, y de los 64 municipios que componen el departamento, menos de la mitad cuentan con camas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y respiradores mecánicos. Si no se controla está situación, seguramente los contagiados se van a incrementar en más de un 50 %".

Para evitar este escenario, proponen instalar campamentos de aislamiento en la zona fronteriza, especialmente en Ipiales, Tumaco y Pasto, con el fin de enfrentar una posible emergencia y evitar que colapse el sistema de salud fronterizo. Además, plantean incrementar y robustecer las medidas de bioseguridad, tecnología, suministros y salarios del personal médico en esta región del país.  

En un tercer punto, instan al Gobierno a crear centros de alojamiento permanente en Nariño, Cauca y Valle del Cauca con medidas de confinamiento escalonado, con pruebas de detección combinadas, rápidas y PCR, según el caso.

Piden trasladar desde Ipiales y algunos municipios en las cercanías a Esmeraldas y Sucumbios, en Ecuador, a los migrantes venezolanos para que no sigan deambulando en los límites fronterizos, convirtiéndose en riesgosos portadores o diseminadores potenciales del virus.

Otra peticiones son: mantener el cierre de la frontera con Ecuador y fortalecer su vigilancia, especialmente en los 37 pasos ilegales, hasta mediados de junio; realizar el doble de pruebas a la mayor población fronteriza posible en Ipiales y Tumaco, y fortalecer las medidas de seguimiento y de vigilancia epidemiológica a los casos positivos para garantizar la debida atención en salud a quienes resulten enfermos y sintomáticos.

Piden, además, aumentar la atención domiciliaria, continuar con el aislamiento preventivo, según el comportamiento de la pandemia, y fortalecer todo el despliegue frente a los casos positivos asintomáticos o con síntomas leves.  

Un elemento clave de la estrategia es, para los decados, inyectar mayores recursos económicos a los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, con el fin de ampliar los servicios hospitalarios, las camas de UCI con su correspondiente dotación, los ventiladores mecánicos y medicamentos con el propósito de fortalecer el sistema y evitar su colapso, por lo menos en el corto plazo.

Dicen que se tendría que saldar la deuda vigente con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE), que causa dificultad en la atención de pacientes con la consecuente disminución de la calidad de la atención.

Finalmente, con relación a la población indígena de la frontera, piden fortalecer la atención, enfatizando en el apoyo logístico y nutricional ante las difíciles condiciones que enfrentan estas comunidades.