Radiografía de los cementerios en Colombia: pocas tumbas y falta de protocolos

Por su cercanía con Brasil, Leticia tiene 925 casos confirmados de coronavirus y 29 muertos. Todavía no ha llegado al punto máximo de la curva de contagios y el alcalde Jorge Mendoza ya anunció -el 13 de mayo- que el cementerio de la ciudad no tiene más tumbas para enterrar a los futuros fallecidos a causa de la pandemia.

Este es un claro ejemplo de la crítica situación que se vive en varios municipios de Colombia donde la capacidad del sistema funerario está a punto de colapsar por el número de víctimas que está dejando la covid-19. El problema es que la sobreocupación y la falta de recursos son una lastre que arrastran los cementerios desde hace décadas, solo que se hace más visible por estos días.

Equitas, organización sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación forense, hizo un diagnóstico de los cementerios municipales para exponer las condiciones que tienen y saber qué tan preparados están para afrontar el reto que se viene.

Cementerios rurales están en mayor riesgo

En el informe titulado ‘Análisis y recomendaciones técnicas para la administración de la muerte en tiempos de pandemia covid-19‘ el centro forense resalta que los cementerios rurales "no surgieron como producto de la planeación, sino como respuesta a la necesidad de las comunidades de tener un sitio para inhumar a sus deudos". En ese sentido, no hubo estudios de terreno, buena distribución de las bóvedas y tumbas o mucho menos una planeación en términos de protocolos de bioseguridad. 

Como se ve en estas imágenes del Cementerio San Andrés de Tumaco, en Nariño, los espacios para procesar los cuerpos no cumplen las condiciones mínimas y, como denunció César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Orlando Fals Borda en SEMANA, "no hay más lugar para inhumar a las personas que llegan a este cementerio". El hacinamiento es tal que según Santoyo, las personas han optado por hacer entierros clandestinos en la madrugada con tal de darles un lugar de reposo a sus familiares y amigos.

Bajo la emergencia decretada por el Gobierno con la llegada del coronavirus, el Ministerio de Salud expidió unas directrices para el traslado, manejo y disposición final de cadáveres en donde señala que el personal debe manipular lo más mínimo un cuerpo que se sospeche o tenga un diagnóstico confirmado del virus. Al igual que suspendió las autopsias, exceptuando la toma de muestras post mortem no invasiva para los pacientes que murieron del SARS-Cov-2 o que hayan fallecido por causa violenta. No obstante, los sepultureros de muchos cementerios ejercen esta labor bajo la experticia de los años y no de los reglamentos.

"No hay contratos laborales para las personas que trabajan en los cementerios, no hay manejo adecuado de residuos peligrosos y por ende aumenta la preocupación sobre cómo van a manejar los cuerpos de personas fallecidas por el virus", afirmó a este medio Ginna Camacho, coordinadora técnico-cientifica de Equitas.

Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo son los departamentos donde hay mayor saturación en los cementerios, según el informe, y lo más alarmante es que en varios de ellos el número de contagios de coronavirus crece rápidamente y por ende, el riesgo de potenciales muertes también. 

La resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social, que regula los cementerios del país, establece que el área de exhumación o morgue de "todo cementerio público, privado o mixto" debe contar con condiciones de orden, limpieza y dimensiones mínimas que permitan la movilidad y traslado de los cadáveres. Pero otro dato que arroja el informe de Equitas -básandose en las cifras del Colectivo Orlando Fals Borda en 2018- es que solo el 3 % de los cementerios cuentan con una morgue o una sala de autopsia, el 45 % tienen una parcial y el 52 % no tienen ninguna. 

¿Qué pasará con las personas no identificadas (PNI), identificadas sin reclamar (PINR) y víctimas del conflicto en el marco de la pandemia?

“Los mandatarios locales deben proceder a realizar la verificación de la presencia de los cuerpos que actualmente se encuentran en morgues locales en condición de no identificados, identificados no reclamados o cualquier otra forma de ‘cadáveres de personas pobres de solemnidad’, con el fin de proceder con la inhumación estatal de los mismos”, señaló Procuraduría, a comienzos de abril.

Esta instrucción puso en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos puesto que dejó vacíos que podrían traducirse en inadecuados manejos de los cuerpos de personas víctimas del conflicto o desaparecidas que están incluyendo en el grupo de "cadáveres de personas pobres de solemnidad", y cuyos entierros o cremaciones deben asumir los entes territoriales.

Según los registros verificados por Equitas, hay 39.502 personas no identificadas y sin reclamar en Colombia; cifra tomada de la Red Nacional de Desaparecidos. Mientras que el Ministerio del Interior señala que son 28.136. Dejando de lado la disparidad en los números, esto demuestra, como señala Camacho, "la poca capacidad de gestión de los cementerios" y de las entidades que deben supervisar la diligencia en este proceso.

Bogotá y su capacidad funeraria

Foto: Esteban Vega La Rotta / SEMANA.

En la capital hay 9 cementerios (4 de propiedad del distrito) y 13 hornos crematorios, según cifras recogidas por la Revista Dinero. El Distrito señaló que Bogotá puede cremar 172 personas al día y que compró tres contenedores de refrigeración que, en conjunto, pueden almacenar 300 cadáveres. Sin embargo, estos recursos quedarían cortos si las cosas no marchan como tiene proyectado la alcaldía.

"Si en un día mueren 472 personas, 172 se podrían cremar y 300 se podrían guardar en refrigeración. Al siguiente día, de ese número podrían cremarse otras 172 y las restantes quedan ahí. El problema es que Bogotá está contando con que los hornos crematorios funcionen permanentemente 24 horas y eso es muy complicado. Es un riesgo", explica Camacho.

En el apartado sobre las cifras de Bogotá, Equitas contrastó la proyección del número de muertos de los modelos epidemiológicos utilizados por el Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) y cruzó estos datos con el número de fallecidos por covid-19 (a corte del 30 de abril) para determinar cuántas vidas se perderían a causa del virus al finalizar  2020.

Mientras que el INS proyecta fallecimientos entre 10.475 y 15.110 al final de 2020, la alcaldía pronostica que si no se mantienen las medidas de cuarentena y protección, esta cifra podría aumentar quince a veinte veces, es decir, llegar a los 230.000 fallecimientos en la capital del país.  Claro está, que la proyección no es fija, pues depende, por ejemplo, de si TransMilenio o Corabastos superan la capacidad del 35 % y se vuelven foco de contagio.