SOS a la economía

En los próximos dos meses, el presidente Iván Duque tendrá que tomar las decisiones más difíciles y audaces que le hayan tocado a un mandatario en Colombia. En manos de este Gobierno recayó la decisión de cómo sacar adelante al país en uno de los momentos más difíciles en su historia. Porque tres trenes se acercan a gran velocidad: el avance de la pandemia, la crisis económica y el malestar social. Un drama entrecruzado que requiere respuestas rápidas, contundentes y simultáneas por parte del Estado. El pico del virus se dará en pocas semanas, el desafío humanitario ya empezó y la parálisis de la economía no aguantará mucho tiempo. 

Superado el falso dilema entre salud y economía, la pregunta es cómo encontrar un sano equilibrio entre evitar el contagio del virus y reactivar la economía. Con un problema adicional: que la cuarentena es vital contra la pandemia y mortal para la economía. El desafío, entonces, es aplanar la curva de contagio para que el sistema de salud pueda atender a los enfermos e ir reabriendo el aparato productivo. Por ahora, es muy probable que la cuarentena se prolongue, pero ya sus efectos los están sintiendo de manera angustiosa la inmensa mayoría de los trabajadores informales e independientes (más del 60 por ciento), cuyos ingresos se desplomaron a cero. Además, con una clase media vulnerable que representa el 39,8 por ciento de la población y con un alto riesgo de recaer en la pobreza. 

El presidente Duque tendrá que tomar algunas de las decisiones más difíciles que le haya tocado a un mandatario en el país.

No menos preocupante es la realidad de las firmas grandes, medianas y pequeñas, cuyo horizonte de supervivencia no se ve más allá de un mes, si acaso dos. Sin posibilidad de vender, pero con el imperativo de pagar nómina y demás costos, las empresas, los tenderos, el comercio, los restaurantes, los servicios, la cultura o los vendedores ambulantes ya sienten el agua al cuello. Y en las compañías ya empezaron los despidos.

Un panorama aterrador que la humanidad ha tenido que enfrentar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que en Europa y Estados Unidos los hospitales colapsan con pacientes infectados de la covid-19 y las cuarentenas siguen en firme, los Gobiernos toman medidas drásticas y sin precedentes para salvar sus economías. Trump, Merkel, Macron, Conte y Sánchez han anunciado paquetes multimillonarios de salvamento para darles liquidez a sus mercados, proteger el empleo y evitar una quiebra masiva de sus empresas. 

Nunca se habían visto medidas de tal calado, ni siquiera en la Gran Depresión de 1929. Los recién anunciados planes de ayudas equivalen al 10 por ciento del PIB –o más– de los países más ricos del mundo. La propia directora del Fondo Monetario Internacional, cauta y ortodoxa por naturaleza, dijo que los Gobiernos no pueden ser tímidos ante semejante crisis. Y el secretario general de la ONU advirtió que era la prueba más grande que ha enfrentado ese organismo desde su fundación, hace 75 años. A renglón seguido, la OMS pidió que se alivie la deuda externa de los países en vías de desarrollo para que puedan hacerle frente a la crisis y evitar que afecte a los más pobres. La preocupación hoy ya no es la recesión mundial, que se da por descontada, sino cómo cada país logrará evitar que se le caiga la estantería encima.

Emmanuel Macron. Francia

Colombia no tiene ni la infraestructura, ni la formalización laboral, ni la chequera de los países del primer mundo. Pero está tratando de encontrar rápidamente una hoja de ruta para reanimar la economía y sacarla del coma que indujo la pandemia. Aquí el gran protagonista es el Gobierno nacional, que, más que nunca, deberá pensar en grande, ser creativo y actuar con urgencia. La pregunta es cómo será esa gran operación de salvamento del Gobierno y cómo se ejecutará. Es decir, de dónde saldrán los recursos, con qué criterio se van a gastar y cuál será el plan de choque. Este plan de emergencia y recuperación no costaría menos de 50 o 60 billones de pesos, es decir, el 5 por ciento del PIB de Colombia, de lejos el más ambicioso en la historia del país.

Giuseppe  Conte. Italia

El Gobierno no se ha quedado quieto. En las últimas semanas, al amparo de la emergencia económica y social, ha sacado una batería de decretos enfocados a hacerle frente a la crisis. Esto le ha permitido expedir un paquete de medidas para los colombianos más vulnerables, que incluyen ayudas económicas a las familias más pobres y garantía de suministro de servicios públicos. Asimismo, se aprobaron decretos para asegurar el abastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país, garantizar la operación de logística de sectores y empresas clave en momentos de crisis y para disponer de recursos que permitan atender esta emergencia.

Son medidas de choque necesarias que resultan insuficientes ante la magnitud del problema. Debido a la estrechez fiscal del Gobierno y a la urgente de necesidad de enormes recursos en el corto plazo, es necesario salir a buscarlos. ¿Qué opciones hay?

Plata... ¿de dónde?

Nadie sabe con exactitud cuánto tendrá que invertir el Gobierno para hacerle frente a la crisis, pero cualquier cifra desborda lo que se ha hecho en nuestra historia económica. Algunos especialistas han hecho cálculos a mano alzada, y, en principio, los 15 billones de pesos anunciados por el Ministerio de Hacienda parecen ser solo la cuota inicial de la munición financiera que debe invertir el Gobierno. El desafío que implica poner a punto el sistema de salud, atender la emergencia social y solucionar las necesidades de una economía semiparalizada es enorme. Y los recursos siempre serán insuficientes.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá que encontrar fórmulas audaces para poder buscar los millonarios recursos que se necesitan para enfrentar la crisis.

Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República, asegura que se necesitarán al menos 60 billones de pesos para cubrir los costos, que van desde la ayuda humanitaria hasta medidas para salvar el empleo y evitar que se quiebren muchas compañías. Por su parte, el consultor empresarial Mauricio Cabrera y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, coinciden en que la cuenta podría llegar a 50 billones de pesos. 

Estas cifras representan entre 5 y 6 puntos del PIB colombiano, que es prácticamente la mitad de lo que están destinando otros países desarrollados para enfrentarla. Dinamarca planea invertir 13 por ciento de su PIB, y en Estados Unidos la ley aprobada por el Congreso, por 2 billones de dólares, representa el 10 del PIB, una cifra muy parecida a la que invertirán Francia y Reino Unido. 

Alemania, incluso, ha ido más allá. La semana pasada aprobó un paquete por 750.000 millones de euros, equivalentes al 22 por ciento de su PIB, y que abarcan todo tipo de ayudas, entre ellas un gran fondo para salvar o nacionalizar las empresas en problemas. La cifra alcanza niveles históricos, y, de paso, le hace un esguince temporal a la regla constitucional teutona que es muy rígida en materia de deuda. Pero como son tiempos inéditos, la propia canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que harán “lo que sea necesario” para salvar la salud y la economía de su país, y ayudar a los Estados más vulnerables de la Unión Europea.

Mauricio Cabrera. Consultor

Comparado con países vecinos, Chile anunció recursos equivalentes al 5 por ciento de su PIB. Pero en Colombia meter 50 o 60 billones de pesos a fin de atender la crisis no estaba en las cuentas de nadie y rompe todos los cánones. Por eso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá que moverse rápidamente y acudir a todas las fórmulas posibles para lograrlo en momentos en que en el país escasea la plata. Colombia es una economía de ingreso medio, con un porcentaje alto de población pobre o en condiciones de vulnerabilidad, y hay que ser muy creativos y pensar fuera de la caja para buscar nuevas fuentes de recursos, que resultan indispensables en el corto plazo.

Pensar fuera de la caja

Algunas fórmulas han empezado a surgir de un grupo de economistas, gremios y analistas que coinciden en que, ante situaciones extraordinarias, es preciso tomar medidas extraordinarias. 

La directora del Fondo Monetario, Kristalina Geogieva, ha dicho que los gobiernos no pueden reaccionar se manera tímida ante la crisis mundial.

Una primera fuente de financiación sería el mercado interno. Esto es básicamente a través de la emisión de TES por parte del Gobierno central, que serían comprados por el Banco de la República o por inversionistas institucionales. Otra opción es que el Emisor le preste dinero al Gobierno. Es decir que emita para solucionar las afugias fiscales.

Muchos economistas advierten que el Banco de la República le debe dar  la mano al Gobierno. Es una medida poco ortodoxa, contraria a lo que ha sido la historia monetaria del país, pero la situación es tan crítica que el palo no está para cucharas.

Jaime Alberto Cabal. Presidente Fenalco

Seguramente, las calificadoras de riesgo levantarán las cejas, pero ahora las prioridades son salvar la economía y el aparato productivo. Por eso, la decisión de Fitch esta semana de bajar la calificación de Colombia y poner al país al borde de perder el grado de inversión no fue bien recibida ni por ortodoxos ni por heterodoxos, que creen que no es momento para estar pidiendo austeridad y exigiendo la cartilla al pie de la letra.

El mundo –no solo Colombia– está en guerra para defender su economía y todos los países alistan su arsenal para enfrentarla. Muchos acuden a la emisión como única opción para no colapsar. Las calificadoras, que parecen estar en otro planeta, tendrán que replantear sus mediciones en un escenario poscrisis, para mirar a los países y ajustar las evaluaciones.

Sin embargo, la posición no es unánime en cuanto al papel que debe jugar el Banco de la República. Algunos creen que este tipo de decisiones pueden ser muy costosas para el país a mediano y largo plazo. El exministro Mauricio Cárdenas ha expresado abiertamente su oposición, pues considera que sería una muy mala señal para el mercado. Y Mejía, de Fedesarrollo, cree que esta debería ser la última opción del Gobierno, aunque dada la situación no la descarta.

Mauricio Cárdenas. Exministro.  Aunque tienen matices sobre las fórmulas de endeudamiento y de cómo buscar los millonarios recursos que se necesitan, los economistas coinciden en que aumentara de manera considerable el deficit fiscal del país.

Para el exministro Carlos Caballero Argáez, el Gobierno tiene que acudir a todas las formas de lucha y acopiar recursos de todas las fuentes posibles, ya sea endeudándose con las administraciones locales –como ya lo hizo para recoger los primeros 15 billones de pesos– o cambiando el destino de fuentes como las regalías, así sea de manera temporal. Además, acudir a créditos con las entidades multilaterales y, en última instancia, pedirle el crédito al Emisor. 

Otra vía de financiación son las entidades multilaterales. De hecho, es la fuente externa más segura porque es poco probable conseguir recursos de los inversionistas privados en el exterior, que en este momento buscan activos menos riesgosos en sus países de origen. Ya el Banco Mundial, el BID y la CAF han anunciado fondos para apoyar a sus países socios. Sin embargo, algunos son escépticos, como el exministro Cárdenas, quien señala que ni el BID ni la CAF nos van a salvar porque son entidades con una caja limitada para prestar, y además están en este momento llenos de solicitudes de un sinnúmero de países que piden ayuda.

Carlos Caballero Argáez. Exministro

El exministro Juan Carlos Echeverry, sin embargo, cree que el país debe optar por una línea de crédito flexible de multilaterales, como el FMI, por al menos 11.000 millones de dólares. Por otro lado, Colombia tiene una muy buena reputación en el manejo macroeconómico de su deuda externa, así que también está la posibilidad de acudir a la banca privada internacional para pedir préstamos.

Finalmente, existe la posibilidad de vender activos del Estado. Pero si la situación económica es muy mala, este remedio podría ser peor que la enfermedad.  

Las únicas empresas realmente interesantes para los inversionistas en estos momentos serían Ecopetrol e ISA. La primera es invendible en las actuales circunstancias –quizás también en el futuro– y con los bajos precios internacionales del petróleo, menos. La segunda podría ser interesante porque no depende de los precios internacionales (son regulados), tiene una buena caja y está en negocios que generan apetito como la transmisión de energía. Pero la venta de ISA tampoco tendría viabilidad política: es un buen ejemplo de empresa pública y tiene un gran valor estratégico para el país.

Rosmery Quintero. Presidente Acopi.  Los presidentes de los gremios tambien han salido a plantear ambiciosas propuestas para mitigar el impacto de la crisis.

La búsqueda de recursos, como ya lo planteó el ministro Carrasquilla, vendrá acompañada de más deuda y de dos hechos relevantes para la economía colombiana. Por un lado, las preocupaciones fiscales en un escenario bastante complejo para el Gobierno, en especial en 2021, cuando entra en vigencia la Ley de Crecimiento Económico, que le da beneficios a las empresas, y por la caída de los precios del petróleo, muy posiblemente sin utilidades provenientes de Ecopetrol. Algunos cálculos con estos escenarios advierten menores ingresos para el año entrante por unos 14 billones de pesos.

Y, por otro, por si fuera poco, aparecen las tensiones y limitaciones que hay con la regla fiscal, y el aumento del déficit que viene vía crecimiento de la deuda. Llegará el momento de definir, entre el Gobierno y el Comité Consultivo para la regla, qué caminos y acciones se toman, que seguramente se empezarán a ver en el segundo semestre, cuando se defina el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por ahora, esta no es la prioridad.

¿Cómo gastar la plata?

De cara a la emergencia, el gasto prioritario en medio de esta crisis debe ser en salud. La cuarentena es una estrategia de prevención que permite aplanar la curva, mientras el país aumenta la capacidad instalada del sistema de salud. Por eso, más allá de la ampliación de unidades de cuidados intensivos y de comprar respiradores –cruciales para los enfermos críticos–, es indispensable invertir en la realización masiva de pruebas de covid-19 para lograr aislamientos focalizados y selectivos, como está ocurriendo en los países asiáticos.

Sandra Forero. Presidente Camacol y Consejo Gremial

Esto permitiría contener el avance del virus sin paralizar la economía. Las pruebas combinadas con tecnologías y monitoreos nos permitirían ‘convivir’ con el virus mientras se encuentra una vacuna.

El siguiente desafío es proteger no solo a los más pobres, cosa que el Gobierno está haciendo, sino a los informales e independientes que viven del día a día y que no están cobijados por estos programas sociales del Estado. En Colombia el 27 por ciento de la población es pobre y otro 39,8 es vulnerable (salió de la pobreza, pero no es clase media). Esto significa que 6,5 millones de hogares están en alto riesgo de caer nuevamente en la pobreza. 

Angela Merkel. Alemania. En Europa, los Gobiernos de Alemania, Francia, España e Italia, entre otros, han salido con históricos paquetes  de salvamento de 10 por ciento del PIB de cada país.

Es claro que los programas sociales llegan hoy solo a la mitad de estos hogares pobres o vulnerables, por lo que subsidiarlos a todos resultaría altamente costoso. Según estimaciones de la Universidad de los Andes, un giro de 117.600 pesos por miembro (equivalente a la línea de pobreza) para todos los hogares del régimen subsidiado representaría un costo de 2,67 billones mensuales (0,3 por ciento del PIB). Por lo que, si se implementa por tres meses, alcanzaría un monto de casi un punto del PIB. 

Pero hay que pensar también en los trabajadores formales de los sectores que tuvieron que frenar en seco por las medidas de aislamiento, como la construcción, el comercio, los hoteles, los restaurantes, los eventos, entre muchos otros. De los 22,3 millones de ocupados, un poco más de 9 millones estaban en estos sectores y según la misma investigación de Uniandes, sus ingresos llegan a casi 8 billones de pesos mensuales.

Por esto, la gran prioridad del Gobierno en materia económica debería ser preservar el tejido empresarial y evitar la quiebra masiva de empresas y una disparada de desempleo, como está ocurriendo en Estados Unidos, que perdió 700.000 empleos solo en el mes de marzo, una cifra que no registraba desde 2009, cuando vivió el coletazo de la crisis financiera. Las previsiones de la pandemia sobre el mercado laboral en este país son muy preocupantes.

Pedro Sánchez. España

En las naciones desarrolladas están implementando gigantescos paquetes fiscales y utilizando estrategias muy agresivas, como que el Estado pague una parte importante de las nóminas de las empresas. Dinamarca, por ejemplo, pagará el 75 por ciento del sueldo de los trabajadores amenazados con ser despedidos por el coronavirus; en Rusia el presidente Vladímir Putin mandó un mes a todos a la casa y anunció que el Gobierno pagará los sueldos. Pero también Chile y Perú estarían estudiando medidas de este tipo. 

Colombia no tiene la capacidad fiscal para semejante esfuerzo, así que muchos expertos consideran que la mejor opción es abaratar los costos laborales y de contratación a las compañías. Algo de esto ha venido haciendo el Gobierno con el aplazamiento de impuestos, el congelamiento de los arriendos y el establecimiento de líneas especiales de crédito. Con la capitalización del Fondo Nacional de Garantías se permitirá ofrecer 70 billones de pesos en créditos para distintos sectores de la economía.

Sin embargo, ante la magnitud de la crisis hay que plantear propuestas mucho más ambiciosas. Mejía, de Fedesarrollo, propone disminuir transitoriamente los costos de contratación. Es decir, no pagar parafiscales como las cajas de compensación familiar durante el tiempo que dure la emergencia. Obviamente, la suspensión del pago de parafiscales u otras reducciones estaría condicionada a que las compañías no despidan personal. 

Luis Fernando Mejía. Director Fedesarrollo

También han surgido propuestas desde el lado empresarial. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, propuso el congelamiento de la deuda empresarial por un año dado que los costos financieros son una de las principales cargas financieras de las empresas. Y Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, planteó una reducción del 60 por ciento en los salarios mientras dure la emergencia por el coronavirus.  

El Gobierno va a tener que actuar rápidamente, pues el oxígeno de las compañías es limitado. Un estudio de Corficolombiana mostró que las grandes empresas podrían soportar un escenario de parálisis de sus ventas que dure entre uno y dos meses, pero más allá de ese tiempo se verán seriamente afectadas. Muchos empresarios han mostrado su talante y se han comprometido a seguir pagando las nóminas de sus empleados durante la cuarentena, a pesar de la vertiginosa caída en sus ventas.

Pero esto son las grandes compañías. Las micros, medianas y pequeñas resisten mucho menos. Un estudio de JP Morgan analizó 600.000 empresas pequeñas y medianas (pymes) en todo el mundo para saber cuantos días les duraba el efectivo. Al 25 por ciento, 13 días y a otro 25 por ciento, 60 días. El promedio es que las pymes aguantarían máximo 27 días. Por esto Acopi ha insistido en la necesidad de que el Gobierno se encargue de las nóminas de las pymes. Un escenario difícil dada la estrechez  fiscal, pero el Gobierno debe estudiar todas las opciones. Si bien se han buscado mecanismos para que las empresas no tengan que despedir a ningún trabajador, se requieren verdaderos alivios. Entre ellos, una inyección de capital, créditos, ayudas o medidas agresivas por parte del Gobierno para no terminar en una ola de despidos masivos.  

El director de la OMS, Tedros Adhanom, pidió aliviar la deuda externa de los países en desarrollo para evitar que la pandemia afecte a los más pobres.

Entre más nos demoremos en ‘reiniciar’ las actividades económicas, más tiempo pasará para reactivar el mercado laboral y recuperar el crecimiento económico. Una cuarentena demasiado larga puede causar “un impacto económico demasiado grave y casi que irreversible”, advirtió Mauricio Santamaría, director de Anif. Sin embargo, la decisión de levantarla tiene que venir avalada por un criterio de salud pública.

Fedesarrollo estima que si las medidas del Gobierno tienen éxito para controlar la covid-19 durante los próximos dos o tres meses, un escenario optimista, la economía crecería un 2,3 por ciento y el desempleo aumentaría en promedio al 13,3 por ciento en 2020. En un escenario medio, que exija resolver los problemas actuales en un periodo de cinco a seis meses, el crecimiento sería del orden del 1,2 por ciento y la tasa de desempleo alcanzaría niveles del 15,4 por ciento.

La infrestructura y la construcción son dos sectores claves que generan mucho empleo y tendrán que tener un gran impulso del Gobierno.

Pero si los efectos de la pandemia y el choque petrolero son más duraderos, que es el escenario pesimista, la economía caería un 0,4 por ciento y el desempleo podría alcanzar el 19,5 por ciento, un nivel similar al que tuvo el país en la gran crisis de finales de los noventa. Esto significaría que en el peor de los casos el número de desempleados podría duplicarse en los próximos meses. Hay proyecciones aún más negativas, como la que ha hecho Goldman Sachs que cree que América Latina decrecerá este año 3,8 por ciento y Colombia 2,5 por ciento.

En esta fase de choque, el Gobierno tendrá que enfrentarse muy pronto a la decisión de qué empresas estratégicas deberá salvar debido a su alto impacto en la competitividad del país. Las aerolíneas son las primeras en la lista y el caso de Avianca seguramente llegara al despacho del presidente Duque. Ya casi todos los Gobiernos de los países desarrollados han dicho que saldrán al rescate de sus aerolíneas bandera. Para el caso de Avianca, con el 50 por ciento de los pasajeros y la carga del país, y su valor estratégico para la conectividad, la movilidad, la competitividad o el turismo, deberá encontrar una fórmula de salvamento dada la crítica situación financiera de la aerolínea. Su desaparición sería mucho más costosa en el mediano plazo que salvarla hoy.

El Gobierno tendrá que enfrentarse pronto a la decisión de qué empresas estratégicas deberá salvar y Avianca está de primera en la lista. Una eventual desaparición de la aerolínea bandera sería mucho más costosa para el país que salvarla hoy.

Más allá de las medidas de emergencia, el Gobierno tendrá que pensar también cómo le mete un gran impulso en el segundo semestre a los dos grandes generadores de empleo: la construcción y la infraestructura. Luego de la crisis del año 1999, estas dos actividades fueron los motores de la recuperación cuando se aceleraron los programas de concesiones de grandes obras de infraestructura 3G; con la participación de capital privado, se cambió el sistema Upac de financiación de vivienda por la UVR –ligada a la inflación–, y se adoptaron mecanismos para estimular la compra de vivienda, entre ellos cuentas de fomento a la construcción, AFC.

El otro gran dilema es cuándo y cómo se debe ir reabriendo la economía. Esta decisión deberá sopesar el criterio epidemiológico con el criterio estratégico de qué sectores del aparato productivo deben iniciar primero. Sin duda, serán los sectores de alto impacto en la competitividad, que tengan bajo riesgo de contacto social como infraestructura y transporte. El Gobierno ha sido muy prudente, pero ya se vislumbra una prolongación de la cuarentena combinada con la apertura de ciertos sectores que tendrán picos y olas, controles estrictos, cambios de horarios de trabajo, condiciones de higiene, etc.

En los países asiáticos, se ha logrado controlar la pandemia y reactivar la economía gracias a una combinación de muchas pruebas de contagio y tecnología para detectar y focalizar a los infectados.

Los primeros sectores que sugieren abrir los expertos son los que navegan bien en esta coyuntura como los proveedores de servicios médicos, el retail, la agricultura y los servicios públicos.

El sector privado juega un papel primordial y debe saber articularse de manera estratégica con el Gobierno y la academia. En un estudio de Oportunidad Estratégica, Jorge Hernán Cárdenas sugiere crear un puesto de mando unificado intergremial dedicado a atender la pandemia con economistas, epidemiólogos y empresarios para diseñar y ejecutar acciones coordinadas. Un equipo de apoyo ante las distintas instituciones: Gobierno, Congreso, Cortes, academia, sector social, etcétera.

El país tiene experiencia en episodios de desastres naturales devastadores, como ocurrió con el terremoto del Eje Cafetero en 1999 y en la ola invernal de principios de la década pasada. En los dos casos la articulación entre los Gobiernos nacional y local, el sector privado y el sector social fue determinante para enfrentar la crisis.

Estados Unidos está hoy en el epicentro de la pandemia. Nueva York está en emergencia médica y el país empezara la cuarentena. Por ahora, el desempleo se ha disparado y nadie sabe qué coletazo adicional tendrá en los mercados.

Por ahora, los dos meses que vienen para Colombia serán los más duros. El virus alcanzará su pico, los hospitales estarán colapsados, muchas empresas y pequeños negocios no sobrevivirán, el desempleo aumentará y crecerá el malestar social. Será una inevitable y triste realidad para la mayoría de los países de América Latina. Y eso que, según la CAF, Colombia es uno de los países mejor parados en la región para enfrentar esta crisis. La buena noticia es que en los países asiáticos se ha controlado la pandemia, y en Europa la curva de contagios empieza a descender, a pesar de la crítica tasa de mortalidad. La mala es que en Estados Unidos la situación es dramática y nadie sabe cuál será el impacto en el empleo y los mercados, y su eventual coletazo en Colombia y el mundo.

Donald  Trump.  Estados Unidos

Estamos ante uno de los mayores desafíos en los últimos 100 años. De la manera en que reaccione la economía saldrá más rápido de la crisis y el impacto social será menos grave. En estas circunstancias, el Gobierno y el presidente son determinantes a la hora al liderar al país y tomar decisiones. Pero no son los únicos. Los gobernantes locales y regionales, la clase política, los empresarios, la academia, las Cortes, y los líderes de opinión serán parte crucial en la solución. En el pasado, Colombia ha demostrado tener una gran resiliencia y capacidad de reaccionar ante la adversidad. En estos momentos de incertidumbre, el país –como nunca antes– necesitará cooperación, solidaridad, carácter y mucha fortaleza para salir adelante. 

Las medidas oficiales

Para enfrentar la crisis que el coronavirus le ha planteado al país, el Gobierno acudió a una emergencia económica y social y ha adoptado varias medidas. Las primeras que anunció fueron de carácter humanitario, para atender a los colombianos más vulnerables. Estas incluyen el adelanto de giros para 2,5 millones de hogares que hacen parte del programa de Familias en Acción, 204.000 beneficiarios de Jóvenes en Acción y 1,5 millones de colombianos de más de 65 años que integran el programa Colombia Mayor.

Los trabajadores informales y los independientes son hoy la mayor preocupación. Sus ingresos colapsaron y no están en los programas de atención del Gobierno.

Además, el Gobierno dispuso reconectar gratuitamente los servicios públicos para un millón de familias; se redujo el precio de la gasolina, se prohibieron los desalojos de familias que se atrasen en sus pagos de arriendos (33 por ciento de los colombianos viven en alquiler) y a través del Ministerio del Interior, el ICBF y Prosperidad Social se están entregando millones de mercados a las poblaciones más pobres.

En materia laboral, se aprobó el aplazamiento en el pago de parafiscales a empresas de turismo, restaurantes, eventos y sector aéreo, que son de las más afectadas por la pandemia. También se les permitirá a los trabajadores usar sus cesantías cuando acuerden con sus empresas salir con licencias no remuneradas, y se dispuso que las cajas de compensación otorguen un subsidio a quienes hayan perdido el trabajo en los últimos seis meses, entre otras.

Bruce Mac Master. Presidente Andi

Para ayudar a las empresas, también se diseñó un paquete de alivios. A través de Bancóldex se lanzó la línea Colombia Responde para todos los sectores de la economía, con un cupo que ya alcanza los 600.000 millones para todos los tamaños de empresa y todos los sectores de la economía. Y con Finagro se otorgarán créditos a los productores del campo a tasas muy favorables para garantizar la seguridad alimentaria.

Para avalar estos créditos, se capitalizó el Fondo Nacional de Garantías, que responderá hasta por 70 billones en préstamos otorgados, de ellos 20 billones para las micros, pequeñas y medianas. La Dian dispuso también aplazar el cobro de algunos impuestos como el pago de la segunda cuota de renta para sociedades, de la sobretasa a los bancos, de obras por impuestos, de anticipos del régimen simple, así como el pago de impuestos de normalización y patrimonio.

Una de las posibles fuentes de financiación para el Gobierno es el BID, en cabeza de Luis Alberto Moreno.

También han salido al rescate las autoridades financieras. La Superfinanciera fijó la hoja de ruta para que las entidades del sector puedan brindar soluciones a los clientes que durante la crisis tengan problemas para cumplir con sus obligaciones. Esto les permitió a los bancos lanzar nuevas líneas especiales de crédito a las empresas en condiciones más favorables, ampliar los plazos de pago de tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, periodos de gracia para créditos contratados, reducción de tasas de interés en compras de bienes de primera necesidad e incluso renegociación de créditos sin impacto en las centrales de riesgo.

El Banco de la República también ha sacado toda su artillería. Redujo las tasas de interés, les inyectó liquidez a los mercados financieros a través de títulos de deuda corporativa, comprará TES del Gobierno y no descarta utilizar las reservas internacionales, cosa que tendrá que hacer más temprano que tarde.