Coronel Benjamín Núñez fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre

El coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo pagará una condena de 29 años de prisión por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la retención, las amenazas y los actos de tortura en contra de Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, quienes fueron señalados de ser parte del Clan del Golfo.

Los jóvenes fueron retenidos en la tarde del 25 de julio de 2002 en zona rural del municipio de Chochó (Sucre) y montados a la fuerza en una patrulla de la Policía donde fueron golpeados en repetidas oportunidades hasta causarles heridas mortales.

Así lo determinó la jueza cuarta de conocimiento de Sincelejo que avaló el preacuerdo que firmó el oficial con la Fiscalía General, por medio del cual aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.

Igualmente, se comprometió a entregar información a las autoridades y a los otros entes de control en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelanten sobre estos hechos.

En el análisis del preacuerdo presentado por la Fiscalía General se advirtió que la negociación realizada se ajusta a la ley, rechazando así las peticiones presentadas por la Procuraduría General y los abogados de las víctimas. “No se vislumbra ninguna anomalía”. El coronel Núñez tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes (unos cien millones de pesos) y la inhabilidad de 29 años para ejercer funciones públicas.

“Existe evidencia [de] que ha colaborado con la justicia [...], aun en detrimento de su situación jurídica [...]. Informó a la Fiscalía de ciertas circunstancias que le produjeron que el 26 de octubre de 2022 la Fiscalía le adicionara a la imputación el delito de falsedad en documento público. Así mismo, sumó un supuesto fáctico que configuraba el ocultamiento de elementos materiales probatorios”, precisó la jueza.

En el análisis, rechazó los cuestionamientos que presentaron los abogados de las víctimas acreditadas, puesto que es claro que las declaraciones del coronel Núñez han permitido identificar el papel de los otros policías y esclarecer los hechos.

El oficial se comprometió a ser testigo de cargo en los procesos que se adelantan contra otros uniformados y podría vincular a otras personas que participaron en estos hechos.

El coronel Núñez, quien se encuentra privado de la libertad desde el pasado 14 de septiembre, reveló lo que ocurrió con los tres jóvenes y el retén en el punto conocido como La Garita, en el municipio de Chochó. Fue, precisamente, en una intersección que comunica tres municipios en el departamento de Sucre, tras acusarlos de ser parte de la banda criminal que supuestamente había ejecutado un plan pistola en contra de los policías en la región.

Fue el coronel, según la Fiscalía, quien tomó la decisión de montarse en el platón de la camioneta de la Policía, donde llevaban a los jóvenes capturados, y fue el oficial quien ordenó tomar una vía alterna al camino, supuestamente al hospital de Sincelejo, y en ese trayecto asesinó a los tres jóvenes.

“Existe la prueba suficiente para demostrar que al coronel Benjamín Núñez se le respetaron todos sus derechos, se le anticipó que podría comunicarse con un abogado, que efectivamente se encontraba a su lado y que todo lo que dijera podría usar ser usado en su contra. También, los derechos que lo cobijan como persona capturada”, dijo la fiscal en la imputación de cargos celebrada en septiembre pasado.

Como si fuera poco, y luego de llegar al hospital con las víctimas sin signos vitales, el coronel repuso la munición que utilizó, de acuerdo con el fiscal del caso, en los disparos repetidos, a quemarropa y sangre fría, contra los tres jóvenes que estaban acostados en el platón de la camioneta de la Policía.

Recientemente, fue vinculado a este proceso el mayor de la Policía Cristian Alberto Salamanca Betancourt, quien fue capturado. En la imputación de cargos se declaró inocente de los delitos de privación injusta de la libertad y tortura.

En contra del mayor existen varias declaraciones de integrantes de la Institución que lo señalaron de haber tenido contacto directo con los jóvenes que fueron subidos a la fuerza a una patrulla de la Policía.

Debido a la gravedad de las heridas, José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterroza y Carlos Alberto Ibáñez Mercado fallecieron en un centro médico en la capital de Sucre. Pese al pacto de silencio que se fijó desde el principio, un grupo de patrulleros declaró que los jóvenes habían sido golpeados con palos y las armas de dotación por los policías, con el conocimiento del coronel Benjamín Núñez.

En el caso del mayor Salamanca Betancourt, se indicó que él golpeó en repetidas oportunidades con la cacha de su revólver a uno de los jóvenes que ya estaba herido y en total indefensión. Estos hechos —según la declaración— se habrían presentado en el platón de la patrulla de la Policía, que estaba adscrita a la subteniente Camila Buriticá.

“Veo que mi mayor Betancourt iba de civil y chaleco negro (...). Él se acerca de rapidez. Se subió a una llanta de la camioneta y se sube a la llanta trasera y (...) le pega en la cabeza (...). Enseguida arranca el vehículo. Vi que lo golpeó con un objeto negro en la cabeza, pero no alcancé a ver si era una pistola o era otro objeto”, manifestó un patrullero, cuya identidad mantienen en reserva por protección, en medio de la declaración juramentada rendida en agosto pasado.

Después de que se conociera que los jóvenes habían muerto y que se iban a iniciar las investigaciones, el general Núñez, quien fungía como comandante operativo de la Policía de Sucre, convocó a todos los policías que habían estado en la zona y les presentó al capitán Rafael Antonio Cordero Álvarez.

En ese encuentro se hizo un pacto de silencio: “Acuérdense que tienen que colocar que ellos venían gravemente heridos. No se les olvide: gravemente heridos. Yo estaba en shock porque yo mismo los vi, yo detuve al que tenía una herida en la pierna y de eso nadie se muere. Ni uno solo más venía herido”. La idea era que se unificaran las versiones que se iban a dar ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Según los dictámenes de Medicina Legal, los jóvenes presentaban lesiones por trauma contundente en sus cabezas, coincidiendo con las declaraciones de los testigos que señalaron los constantes golpes con objetos pesados. Así como impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de distancia, es decir, a quemarropa.

En el caso de Carlos Ibáñez, de 26 años, recibió dos disparos en esa zona del cuerpo y, según la necropsia, ambos habrían sido a menos de 30 centímetros.

Además de esto, presentaban lesiones con armas blancas y otros objetos pesados en diferentes partes del cuerpo. Uno de los testigos señaló que la orden era generar el mayor dolor posible.