Coronel Publio Hernán Mejía, primer militar de alto rango llamado a juicio por la JEP. Lo responsabilizan de 72 falsos positivos

El espinoso capítulo del asesinato de inocentes por parte de miembros de la Fuerza Pública para presentarlos como bajas en combate a cambio de premios y beneficios, conocido como los falsos positivos, tiene hoy un avance trascendental en el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la que son investigados militares por participar en esta estrategia criminal que les costó la vida a miles de personas que no tenían que ver con la guerra o el conflicto.

El coronel en retiro Publio Hernán Mejía, se acaba de convertir en el primer militar de alto rango llamado a juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. La cifra que le atribuye la JEP resulta una barbaridad, según el grueso expediente de miles de páginas, habría participado en por lo menos 72 falsos positivos.

El militar podría recibir la pena máxima aplicable de hasta 20 años de cárcel por su responsabilidad en estos hechos.

La Jurisdicción Especial señaló que “cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que le pueden afirmar, con probabilidad de verdad, que durante el tiempo en que ostentó la comandancia del Batallón de La Popa, entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, desapareció y asesinó a personas en estado de indefensión para presentarlas como resultados operacionales ficticios”. En otras palabras, será acusado y llevado a juicio.

Mejía, quien estuvo detenido y ya cargaba en sus hombros dos condenas, tocó la puerta de la JEP y fue acogido, pero ante la no aceptación de responsabilidad en los macabros falsos positivos, la sala de reconocimiento pidió a la Unidad de Investigación y Acusación que llevara el caso para que finalmente determinara su responsabilidad.

Según la JEP, el coronel Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal por la conformación y dirección de la organización que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones, y por la alianza con grupos paramilitares.

La JEP cuenta con pruebas documentales y testimoniales que ponen contra las cuerdas al coronel Mejía, y una carta que es demoledora, de los 15 militares adscritos a La Popa que son investigados por el tribunal; 12 ya reconocieron su responsabilidad y rindieron testimonios que hoy son parte de las pruebas, a las que se suman órdenes de operaciones, formatos, radiogramas, informes de resultados, presentación de los casos, fechas y lugares donde ocurrieron los asesinatos de inocentes.

“Los comandantes de pelotón daban órdenes de instalar los retenes, detener a personas con determinados perfiles y distribuían tareas para preparar a las víctimas con el propósito de simular el combate. Así, miembros de la tropa se encargaban de vigilar que no se escaparan, otros las vestían y las conducían a los lugares seleccionados para el supuesto combate, todo ello con el involucramiento y conocimiento de todo el pelotón”, señala el tribunal transicional.

En sus investigaciones, la JEP develó dos modalidades de ejecución de estos crímenes: la primera en alianza con paramilitares, quienes incluso, en ocasiones, les entregaban las víctimas ya muertas. La segunda era ejecutada directamente por los militares con la finalidad de presentar resultados operacionales.

“El desprecio que tenían algunos efectivos del Batallón La Popa por la vida de las víctimas se denotaba incluso en el lenguaje: ‘Tenemos dos marranos amarrao (sic), pero no tenemos comida para ellos’, o denominarlas ‘el paquete’ fueron expresiones que denotan la completa deshumanización”, concluyó la Sala de Reconocimiento.

Durante meses, la JEP se dio a la tarea de reconstruir, verificar y analizar cada uno de estos casos, confrontando testimonios con las víctimas y revisando expedientes judiciales para concluir y tener la certeza de que cada muerte es una víctima que nada tenía que ver con el conflicto, tampoco murieron en combate, sino que quedaron atrapadas en esa cadena mortal que se conoce como falsos positivos y que en el Batallón La Popa fue una tragedia.

La JEP señaló que hubo negligencia por parte de las autoridades que llevaron al archivo de investigaciones sin que se llevaran a cabo investigaciones serias sobre casos de falsos positivos cometidos en el departamento del Cesar, por lo que compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que verifique la responsabilidad penal y disciplinaria que pudieron tener funcionarios al interior de estos organismos y que dieron lugar a situaciones de impunidad.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, explicó que el militar (r) aún podría declararse responsable de las conductas que se le atribuyen y entrar en un proceso en el que se acuerden mecanismos de reparación para sus víctimas o no aceptar la responsabilidad en estos hechos y exponerse a la máxima pena.

No obstante, en un documento radicado ante la JEP anteriormente, la negativa del coronel fue tajante. “No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la unidad militar, pero sobre los cuales no tenía control efectivo, ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.