"Claramente tengo una responsabilidad": coronel (r) Rincón Amado a las víctimas de Soacha

¿Por qué considera que los hechos por los que se le acusa deben ser abordados por la Jurisdicción Especial de Paz?, le preguntaron las madres de los falsos positivos de Soacha al coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado. "Aquí sí existen garantías para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Quiero ofrecerles la verdad a la que tienen derecho", les respondió el acusado. 

Después de que la Sección de Apelaciones negó la petición de nulidad que presentó una de las víctimas cuestionando el proceso, esta ordenó la realización de una audiencia conjunta entre la Sala de Definición de situaciones Jurídicas y la de Reconocimiento de la Verdad que se llevó a cabo este martes. Durante dos horas Idalý Garcerá y Carmenza Gómez le expresaron a los asistentes por qué no ven con buenos ojos que el hombre señalado por el homicidio de sus hijos tenga una silla en la JEP.

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Pese a sus críticas, se trató más de un encuentro de exposición de motivos. "En 10 años de audiencias no nos habían dejado hablar, en la JEP sí", dijeron las víctimas. "Este proceso sin las víctimas no tiene ningún sentido", les dijo el magistrado Alejandro Ramelli, después de que su colega Óscar Parra asegurara que "la presentación de informes y de versiones voluntarias ante la Sala de Reconocimiento es el inicio de ese proceso de rendición de cuentas que tiene que estar acompañado por el de contrastación".

Siguiendo esa línea, Johana Carolina Daza, representante de una de las demandantes, aclaró antes de exponer la razón más importante por la que se dio inicio a la audiencia: "No nos estamos oponiendo a la competencia de la JEP". Renglón seguido, le pidió a los magistrados tener en cuenta que "no todos los hechos deben analizarse dentro de la lógica el conflicto". Esto debido a que –argumentaron–: "Hay hechos que se dieron en el desarrollo de la guerra pero también hubo un ataque unilateral y deliberado contra sectores sociales históricamente discriminados". 

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Luego de ser condenado a 46 años de prisión por la desaparición forzada y homicidio de cinco jóvenes de Soacha, el coronel (r) firmó el año pasado el acta de sometimiento de la nueva justicia de paz. Con ella, obtuvo el beneficio de libertad transitoria condicionada desde el 4 de mayo de 2018 porque llevaba más de cinco años en una guarnición militar y su proceso está vinculado con el caso 003 que el año pasado abrió la jurisdicción por Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 

"Mi compromiso como lo manifeste el 11 de agosto es ofrecer una verdad plena. Hasta el momento en mis dos comparecencias lo he hecho ampliando detalle con evidencias y un sin número de pruebas que serán clave para el esclarecimiento de cada uno de los hechos (...) No voy a permitir que quede un manto de duda o incertidumbre (...) claramente tengo una reposponsabildiad y no solo sobre los suyos", dijo el coronel (r) durante la audiencia, después de "pedir perdón por la situación que se presentó". 

En general, pese a la molestía que han presentado los familiares de decenas de jóvenes asesinatos y presentados como muertos en combate, quienes consideran que sus casos no hacen parte del conflicto porque se tratò de una "estrategia y política estatales que fundamentan varia violaciones a los derechos huamanos entre las que se destacan las ejecuciones extrajudiciales", lo que quedó claro este martes es que el caso del coronel (r) Rincón Amado y los miles de militares involucrados por los falsos positivos seguirán en la sombrilla de la Jurisdicción Especial de Paz. 

Como lo viene documentando la justicia desde hace varios años, hay evidencias que apuntan a que algunos militares reclutaron personas en barrios populares para asesinarlos y reportarlos como bajas en combate con el fin de recibir prebendas y beneficios. A raíz del escándalo, en octubre del 2008 fueron destituidos 27 altos mandos involucrados.

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De hecho, en el informe más completo que la Fiscalía le entregó a la JEP, se supo que hay un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Actualmente, de ese universo de involucrados, de los cuales 1.750 son miembros del Ejército, 965 miembros de la fuerza pública están en libertad condicionada, mientras 134 están en unidad militar o policial.