Coronel (r) González del Río, con un pie por fuera de la JEP por seguir delinquiendo

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió para su estudio una petición de expulsión contra el coronel (r) Robinson González del Río, uno de los principales protagonistas de los falsos positivos. Pese a que en 2018 el oficial del Ejército había recibido el beneficio de libertad condicional por parte de la JEP, a comienzos del presente año fue capturado nuevamente.

Esta vez por su relación directa con la banda criminal que comandaba Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, en el departamento del Nariño. Según la investigación, durante meses el coronel fue el enlace entre el narcotraficante y varios altos mandos oficiales del Ejército, quienes recibían sobornos para mermar las operaciones militares en la zona contra la organización Cordillera Sur.

Al momento de su detención, el fiscal General, Francisco Barbosa detalló que “el coronel González del Río, en atención a su experiencia como comando, prestaba entrenamiento logístico y militar en terreno a los integrantes de La Cordillera, y contactaba a conveniencia a uniformados activos para que auxiliaran a esa organización criminal”. Teniendo en cuenta sus influencias y conocimiento, el coronel del Río proporcionaba información clave entre Matamba y generales del Ejército.

Por considerar que violó uno de los principios fundamentales de la justicia transicional y siguió delinquiendo tras ser aceptado por la JEP, la Corporación Jurídica Libertad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia) -que acompañan a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales- pidieron la expulsión inmediata del coronel.

La magistrada Claudia Rocío Saldaña, de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, estudiará la petición y tomará una decisión prontamente. En una comunicación enviada en marzo desde su lugar de reclusión el oficial había pedido que lo siguieran escuchando en declaración, puesto que tenía mucha información frente a las ejecuciones extrajudiciales que podían aportar al caso 03. En la misiva, reveló que el nuevo proceso en su contra se trataba de un plan para desprestigiarlo.

En febrero pasado, SEMANA reveló varias de las interceptaciones en las que se mencionaba al coronel Del Río y sus vínculos con la organización de Matamba. Igualmente, se cuentan con chats de WhatsApp en la que el coronel recibe órdenes directas del narcotraficante.

En la audiencia de imputación de cargos, que se extendió por varios días, la Fiscalía General presentó varias pruebas que demostrarían los nexos entre el coronel Del Río y la organización criminal. En los chats registrados, el oficial en retiro recibía órdenes directas de Matamba, para que se orquestaran operativos en contra de sus oponentes en la lucha por el control del territorio.

Igualmente, Del Río brindó asesoramiento logístico y armado a los integrantes de la organización ilegal “para que replegaran a otros grupos criminales como el ELN” para así apoderarse de los cultivos de coca y los laboratorios de producción de estupefacientes, principalmente en los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa.

Pese a que salió por la puerta de atrás del Ejército por sus constantes escándalos de corrupción, el coronel tenía una notable influencia en la Institución. Debido a esto recibía un nada despreciable sueldo por parte de Matamba para recibir información de inteligencia sobre los operativos en la zona y así evitar el actuar de las autoridades.

Igualmente, movía sus influencias con el fin que se movieran a los comandantes de inteligencia y así bajarle a los operativos contra Matamba y su organización que buscaban el control total de las rutas del narcotráfico.

La Fiscalía General le imputó al coronel en retiro los delitos de concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.

González del Río fue condenado por 40 casos de falsos positivos, pero en 2018 recuperó la libertad, después de pasar cinco años detenido, tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz. El juez sexto de Ejecución de Penas de Ibagué, en acogimiento a la ley, tomó entonces la determinación de dejarlo en libertad, luego de hacer una revisión de sentencias acumuladas.