Caso grafitero: a La Picota dos coroneles de la Policía

La juez 12 de Conocimiento determinó que los coroneles Nelson de Jesús Arévalo y Javier Vivas deberán ir a la cárcel La Picota mientras se desarrolla el proceso en su contra por su presunta participación en la alteración de la escena del crimen del joven Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto del 2011.

Los oficiales, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como comandante de la Estación de Suba y subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, respectivamente, fueron dejados en libertad el pasado 2 de julio, cuando la juez 64 Penal con función de control de Garantías indicó que no existían las pruebas que demostraran que los dos oficiales ayudaron a manipular los hechos.

Sin embargo, la superior de la juez de primera instancia determinó lo contrario este miércoles, cuando entró a valorar que los dos oficiales constituyen un peligro para las víctimas y podrían, desde la libertad, obstruir el proceso al inducir a coimputados o testigos a que actúen de manera desleal.

“Resulta lógico pensar que si los imputados se prestaron para manipular una escena de los hechos con el fin de beneficiar a un miembro de la institución, hechos por los que se encuentran investigados, muy probablemente lo harán para beneficiarse en su propia causa”, dijo la juez a indicar el interés que podrían tener Vivas y Arévalo para cambiar la versión de lo ocurrido.

La juez explicó que es claro que dos oficiales presuntamente tuvieron la intención de desviar la investigación de lo ocurrido la noche en que perdió la vida Diego Felipe Becerra, pues estaba en juego nada más que su carrera de oficiales.

“Salta a la vista que las consecuencias jurídicas de su accionar, que no sólo pone en tela de juicio de reputación sino que está en juego su futuro profesional y sus prósperas careras en ascenso como oficiales de la Policía, por lo que no cabe duda que su proceder podría estar encaminado a obstruir a la justicia y buscar su propio beneficio”, aseguró.

Peligro para la comunidad

Otra de las razones que tuvo en cuenta la juez es que los dos oficiales tenían la confianza de la ciudadanía, pues se sabe que la finalidad de la Policía es proteger a las personas de bien y no terminar por atacarlas como si fueran sus enemigos.

“Es indiscutible que no sólo la sociedad resulta afectada por personas como las aquí implicadas, pues se espera de ellas una conducta intachable, pues que son quienes representan a una institución creada para la defensa y la protección de la ciudadanía. Parece que hubieran perdido el Protección a las víctimas

De la misma forma, la juez incluyó en su determinación la necesidad de proteger a los familiares del joven fallecido. Indicó que si presuntamente han existido amenazas ante los mismos miembros de la Policía implicados en el caso, es factible que los dolientes de Becerra se vean afectados.

“Si tales amenazas se han impetrado a personal de la fuerza pública que pertenecen a la intuición, qué podría esperar la familia de la víctima, cuando en su intención de hacer justicia resultan implicados oficiales de tan alto grado como los aquí vinculados”, aseguró.

Nelson Rojas, defensor del coronel Arévalo, indicó que es normal que este tipo de cosas sucedan en un proceso penal, pero que demostrarán que se está alterando la verdad de lo sucedido.

“Dentro del procedimiento penal es una situación normal. Es un caso tan complejo, que cada juez puede evaluar desde un punto de vista. Hay tantas pruebas, tanta disposición, que aquí no se acaba todo. Se ha manipulado la verdad y nosotros estamos investigando y se va decir la verdad”, aseguró.

Gustavo Trejos, padre adoptivo de Becerra, aseguró que es una noticia que estaban esperando puesto que las pruebas dejan en evidencia a los dos coroneles. “Con el arma que apareció en la escena del crimen pretendían involucrar a mi hijo con un atraco y de acuerdo con esa arma es que se derivan los cinco delitos por los que se les están imputando”, aseguró el padre del joven.

¿De qué los acusan?

Los dos oficiales, según la Fiscalía, estuvieron en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, el día en el que perdió la vida Becerra, al parecer a manos del patrullero de la Policía Wílmer Alarcón. En la imputación hecha por el ente acusador se da cuenta de que los dos coroneles habrían participado en la manipulación de la escena del crimen.

Según la Fiscalía, Vivas hizo presencia en el lugar de los hechos y no se opuso a que se hiciera el presunto montaje, en el que se buscaría hacer ver a Becerra como un delincuente tras poner un arma de fuego en el sitio.

Para sustentar la imputación, la Fiscalía utilizó el testimonio del patrullero Nelson Rodríguez, quien acompañó a Alarcón la noche de los hechos. El pasado 28 de febrero, el uniformado le contó a la entidad todo lo que ocurrió luego de que Becerra fue llevado a una clínica.

Rodríguez le dijo a la Fiscalía que Alarcón se transportó con los coroneles Arévalo y Vivas en una camioneta que se dirigió al lugar de los hechos. Rodríguez contó que, al llegar al sitio, encontraron el lugar acordonado, pese a que, por un largo tiempo, el sitio habría quedado solo y sin la custodia de ninguna autoridad.

El mismo policía vincula a los hechos al abogado Héctor Ruiz, quien para la época fungió como asesor jurídico de la Policía y el cual está actualmente detenido por, presuntamente, ser la persona que consiguió el arma y la puso en el lugar.

El uniformado aseguró que le hicieron cambiar su declaración, e incluso precisó que el documento de su primer testimonio fue roto por el abogado Ruiz, quien lo obligó a decir que él (Rodríguez) recibió el lugar de los hechos con el arma de fuego, con la que, supuestamente, el grafitero le disparó Alarcón. Según el oficial, el jurista le manifestó que había oficiales involucrados en el caso, razón por la cual no podía mencionarlos si quería conservar su integridad y la de su familia.

En otro de los testimonios con los que cuenta la Fiscalía, entregado esta vez por el teniente Madrid, el oficial dice que el coronel Arévalo le ordenó que designara como primer respondiente del hecho a una patrulla de su cuadrante.

Según el fiscal, la escena del crimen no había sido alterada antes de la 1:25 a. m., es decir, antes de la llegada de Arévalo y Vivas al lugar. Lo dicho por el ente acusador indicaría que los dos oficiales cometieron omisiones y se involucraron en hechos que iban más allá de lo que les permitían sus funciones.

A Vivas y Arévalo, la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, además de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, cargos que no fueron aceptados por los acusados.

En su determinación la juez solicitó que se les haga un estudio de seguridad para determinar cuál será el lugar de reclusión final, mientras esos permanecerán en el pabellón para servidores públicos en la cárcel La Picota en Bogotá.