El coletazo de la corrupción en España llega a Colombia

Una nuevo entramado de empresas, sociedades, licitaciones e irregularidades comienzan a retumbar en la justicia colombiana. Esta vez es por cuenta de la ‘Operación Lezo‘ (de lavado) que destapó un gran escándalo de corrupción en España.

Esta semana fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid (2013 – 2015), Ignacio González, a quien se le acusa de graves delitos por corrupción en los negocios del Canal de Isabel II y sus empresas filiales en Latinoamérica, entre las cuales se encuentran cuatro compañías de servicios públicos con sede en Barranquilla, Santa Marta y Ríohacha.

También fue detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid y el expresidente de Interamericana de Servicios S.A. Inassa.

Al mismo tiempo que se dieron las detenciones en España, una de las sociedades de servicios públicos en Colombia daba por terminado el contrato para llevar los servicios de agua y alcantarillado en Santa Marta; en la operación de dicho contrato se advierten serias irregularidades.

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La Procuraduría abrió indagación preliminar a la contratación del Canal Isabel II, empresa que extendió su operación a Latinoamérica por medio de Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81.24% de las acciones de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.).

Inassa tiene un 35% por ciento de la participación societaria de Metroagua, que el pasado 17 de abril dio por terminado un contrato para la prestación del servicio público en Santa Marta, en medio del ruido por presuntas irregularidades y quejas de mala operación. En Metroagua tiene además el 28% de participación del Distrito de Santa Marta y el 33% de Termotécnicas y Eléctricas de Medellín.

La Procuraduría advierte que de dicho contrato, que duró más de 20 años, se derivaron múltiples irregularidades relacionadas con la deficiente prestación de los servicios. Se detectó la ausencia de inversiones a las redes de acueducto y alcantarillado así como su mal estado.

El Ministerio Público investiga, por ejemplo, por qué las cláusulas del contrato variaron de modo que terminó afectando al Distrito de Santa Marta como arrendador: “del 33% de la facturación bruta que se pactó como cánon inicial se pasó a un 2%”, dice.

Aunque era evidente la falta de inversiones y el mal estado de las redes, el contrato terminó siendo prorrogado, lo que despertó los interrogantes de la Procuraduría. De hecho, cuestiona que en el último otrosí se haya acordado que el Distrito pagaría a Metroagua el valor de las “mejoras”, advirtiendo que la arrendataria seguiría operando las redes hasta que de mutuo acuerdo estuviera a paz y salvo con el Distrito por todo concepto.

Una segunda empresa con participación importante del grupo Inassa es Triple A. La entidad prestadora de servicios públicos tiene la siguiente composición: Inassa con un 82.16% de participación; el Distrito de Barranquilla 14.5% y otros con 3.34%. Triple A tiene la operación del servicio de acueducto de Barranquilla, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande, Soledad, Sabanalarga, Piojo, Ponedera, Puerto Colombia, Usiacuri, Baranoa, Santo Tomás, Juan de la Costa y Galapa.

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Aunque para el Ministerio Público, Triple A es una empresa que presta un buen servicio de acueducto, existen suspicacias alrededor de cómo Barranquilla pasó de ser la socia mayoritaria con el 84% de las acciones a tener hoy sólo el 14%. Según los directivos de Triple A -dice la Procuraduría- el Distrito no capitalizó las inversiones que se hicieron entre 1998 y 2004, cuando se hicieron las inversiones de cobertura en los barrios más pobres de Barranquilla.

La tercera empresa es Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (ASAA), de la que también tiene participación Inassa, y que tiene la operación del servicio de Riohacha. Y en el municipio de Providencia y Santa Catalina, donde la operación del servicio se presta de forma directa, la alcaldía suscribió con Findeter un contrato de consultoría especializada para la gestión del servicio de acueducto, el cual se ejecutará por parte del grupo Inassa.

El Ministerio Público anunció que las irregularidades detectadas en el caso de Metroagua están en manos de la Procuraduría delegada para asuntos disciplinarios. Y anunció vigilancia especial para las gestiones de la empresa en Colombia.

OHL es investigada en la Superindustria

En el marco de la Operación Lezo, esta semana también fue detenido en España, un alto directivo de OHL. Se trata de Francisco Javier López Madrid, quien es yerno de Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo.

El juez lo dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros, monto que deberá depositar el 28 de abril para no ser conducido a la cárcel. López Madrid está acusado de haber pagado comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la adjudicación de una obra.

En este caso, las autoridades colombianas también iniciaron una vigilancia especial. OHL Colombia es la misma firma que denunció las irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol tramo dos, cuando fue excluido del proceso por supuesta falta de experiencia. Dicha licitación se la terminó ganando el consorcio de Odebrecht.

OHL Concesiones Colombia SAS está siendo indagada preliminarmente por la Superintendencia de Industria y Comercio por supuesta cartelización para la adjudicación del tercer carril Bogotá - Girardot.

La firma participó de la licitación a mediados del año pasado y quedó junto con Conalvías y Estructuras Plural TC Girardot Bogotá (conformado por CASS Constructores & CIA SCA y Carlos Alberto Solarte Solarte) por fuera de la licitación. Las obras se las terminaron adjudicando a Conconcreto, sin embargo, aunque no hayan ganado, el mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que surgen “enormes dudas” con relación a que todas las firmas que participaron en esa licitación incurrieron en prácticas colusorias agrupadas en dos bandos.

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