Corrupción en el Comando de las Fuerzas Militares, bajo la lupa del Congreso

El escándalo del presunto desvío de los gastos reservados de la inteligencia llegó al Congreso. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, y el general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, se presentaron este miércoles a la Comisión II del Senado, la que se ocupa de asuntos de defensa, a rendir cuentas por el posible entramado de corrupción revelado por SEMANA.

El debate de control político fue convocado por el senador Iván Cepeda, con base en los dos capítulos de una investigación que esta revista publicó en diciembre y abril, en los que se presentan detalles y testimonios de la que, al parecer, es una red de oficiales y suboficiales del Comando General de las Fuerzas Militares (CFFM) y de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) que habrían maquillado pagos de fuentes falsas. Esto para desviar recursos hacia cuentas personales y a la compra de aparatos de vigilancia cibernética que habrían sido utilizados para hacer seguimientos irregulares a personajes de la vida nacional.

Cepeda abrió el debate planteando los presuntos ejes sobre los que, considera, se mueve este escándalo: el desvío de fondos reservados; la compra de de aparatos de inteligencia; los seguimientos ilegales y -una arista que toma visibilidad por el momento político del país- el supuesto suministro de la información ilegalmente recaudada a campañas y candidatos presidenciales.

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En ese último punto, el senador del Polo Democrático recogió un episodio que le narró Alejandro Ordóñez a la periodista Claudia Gurisatti en septiembre de 2016. Entonces, según el exprocurador, dos agentes de la inteligencia militar llegaron a su oficina a contarle que su salida del Ministerio Público, decretada por el Consejo de Estado, había sido acordada entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Para el congresista, las autoridades deben aclarar si este u otros episodios de filtración fueron urdidos en medio de las movidas corruptas en las máximas instancias de la inteligencia militar.

Cepeda también le preguntó al ministro de Defensa si existe una lista de las personas que habrían sido espiadas, y si eran miembros de la  mesa de diálogos de paz de La Habana. Además, aseguró, citando otros escándalos de espionaje pasados también destapados por SEMANA, como las Chuzadas del DAS y las movidas turbias de Andrómeda, que la espiral de espionaje ilegal dentro de la inteligencia del Estado, en vez de depurarse, parece refinarse con el tiempo.

Villegas, por su parte, aprovechó su intervención para dar claridad sobre algunos puntos del escándalo. Dijo, por ejemplo, que el dinero malversado no podría superar los 9.000 millones de pesos, pues ese era el presupuesto asignado a los gastos reservados en los dos años anteriores, los que están bajo la lupa. Sin embargo, la investigación de SEMANA señala que esas operaciones turbias podrían haberse extendido durante el último cuatrenio.

El ministro de Defensa también resaltó que la evidencia de este caso no desapareció, como ha sucedido en escándalos anteriores de espionaje, y que está bajo la custodia del general Jairo Salguero, designado para protegerla. Las pesquisas dentro de las fuerzas comenzaron por orden de Villegas el pasado 11 de diciembre, luego de que SEMANA publicó el primer capítulo de la investigación. El 6 de marzo, dijo el ministro, recibió "un informe serio" de la oficina de control interna que le remitió a los entes de control junto a la evidencia recaudada.

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Así mismo, dijo Villegas, los aparatos de espionajes que se habrían comprado con el dinero torcido no se destruyeron, sino que fueron entregados a los peritos de la Fiscalía, quienes los están examinando para establecer si se usaron para seguimientos ilegales. "¿Hubo interceptaciones ilegales? Lo único que puedo decir es que los aparatos están en el laboratorio forense del fiscal", respondió.

Sin embargo, una de las fuentes le narró a SEMANA un panorama distinto. Tras la entrega de la primera parte de la investigación, los implicados habrían desmontado el lugar de operación de las interceptaciones, conocido como La Finca, las otras fachadas y gran parte de lo que allí ocurría. “Después de ese artículo tocó esconder equipos, tratar de legalizar y organizar cuentas, y borrar y guardar en lugares seguros algunas cosas de las que hacíamos”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa también entregó un balance de las medidas tomadas frente al escándalo. La semana pasada había dado a conocer la determinación de eliminar las unidades que están en la palestra, la RIMEC y el Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi). Sin embargo, el ministro sostuvo que esa decisión ya se venía preparando antes de conocer el escándalo, y que estaba impulsada por la reestructuración que ya adelantaban las fuerzas para fortalecer la transparencia en su interior. También informó que de los 7 oficiales y 5 suboficiales que están vinculados a las investigaciones, 9 ya fueron retirados del servicio y los otros 3 fueron reubicados, pues las pruebas sobre ellos aún no son contundentes.

En su intervención, Villegas también abrió un espacio para referirse a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch quien, según las fuentes de SEMANA, habría sido uno de los espiados. En referencia a las declaraciones que Vivanco ha dado desde que se conoció el caso, Villegas dijo que "No puede ser que en un artículo condene a las fuerzas y luego se lave las manos (...) A mis fuerzas las respeta".

El general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, también tomó la palabra. "Esconder y tapar no son las formas de esta cúpula militar (...) El futuro de las Fuerzas Militares se protege dándole la cara al país", aseguró, para introducir que las actuaciones tomadas frente al escándalo han seguido esa premisa, y que todos los hallazgos de las investigaciones internas han sido puestos en conocimiento de los organismos de control.

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"No se puede pensar que suprimir el comando y la Rimec son acciones para suprimir las pruebas. La sociedad no puede castigarnos por decir la verdad", dijo Mejía, quien pidió que no metan a todos los integrantes de las fuerzas en la misma bolsa de los pocos corruptos.

Al final del debate, la mayoría de senadores de la comisión aplaudieron la actitud de las cabezas de la defensa nacional. Cepeda, sin embargo, aseguró que no quedó satisfecho con sus respuestas. "Espero que la actitud de querer despejar dudas se vea en los resultados", concluyó.

El debate terminó con tres puntos suspensivos. Al comienzo de la sesión, Villegas le pidió a la comisión que el evento fuera reservado, para poder revelar información reservada. Pero como la mayoría de senadores rechazaron su propuesta, quedó en el aire la idea de programar un nuevo debate de control, esta vez a puerta cerrada, en el que los congresistas accederían a información clave de estas investigaciones que apenas comienzan a revelar qué fue lo que pasó en la cúpula de la inteligencia militar.