La olla podrida del principal hospital de Meta

La Procuraduría acaba de abrir una investigación dentro del proceso de intervención del hospital departamental de Villavicencio por las graves irregularidades que se presentan en el principal centro de atención del oriente del país.

El Ministerio Público investiga a cinco funcionarios que habían sido designados por la Superintendencia de Salud con el fin de corregir las fallas, pues la situación del hospital empeoró. Luis Óscar Gálvez Mateus, agente especial interventor designado por la Superintendencia de Salud; Never Mejía Marita, contralor del hospital; Edna Paola Najar Rodríguez, superintendente delegada para Medidas Especiales y Javier Villarreal exsuperintendente delegado para las Medidas Especiales, hacen parte de esta lista.

La Procuraduría encontró una serie de irregularidades. Por ejemplo, fue modificado el estatuto interno de contratación del hospital, al parecer eliminando requisitos que favorecían el trámite de procesos transparentes.

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Según los hallazgos algunos de los más importantes procesos de contratación fueron adelantados con un único oferente y en otros casos existen dudas sobre la real existencia del segundo proponente. Al parecer, la modificación del estatuto de contratación propició la firma de contratos de suministro de medicamentos, de insumos médicos y el servicio de imágenes diagnósticas, cuyos objetos contractuales, los plazos de ejecución de los contratos y sus valores son modificados indefinidamente.

Como casos emblemáticos de estas presuntas irregularidades han sido reportados dos contratos, uno de suministro de medicamentos e insumos médicos y otro de imágenes diagnósticas que han sido adicionados.

El primero fue modificado en 43 oportunidades e inicialmente suscrito por un valor de 9.900 millones y hoy llega a más de 41.000 millones. El caso del segundo, suscrito por valor de 3.800 millones hoy supera los 25.000 millones de pesos de ejecución gracias a las 27 modificaciones de que ha sido objeto mediante otrosíes que han adicionado el objeto, el plazo y el valor.

En tan solo tres años, el Hospital Departamental de Villavicencio habría celebrado más de 17 contratos con personas naturales y jurídicas, sin proceso de selección, en forma directa, con el objeto de adelantar las gestiones de cobro de cartera a las EPS pactando como pago de honorarios sumas fijas y el 10 por ciento del valor de la cartera recaudada, lo que ha concluido con el pago de miles de millones de pesos a particulares contratados en forma directa.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, al parecer, uno de los contratos, fue suscrito con un profesional insistentemente mencionado dentro del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Tenía como fin supuestamente la recuperación de cartera de Caprecom EPS en liquidación y por la cual el Hospital le pagó más de 3.500 millones de pesos por la recuperación de cartera, gestión que la propia institución estaba en capacidad de hacerlo.

Como si todo este collar de perlas de irregularidades fuera poco, también se detectó que habría un grave deterioro de la infraestructura física del hospital. No se han efectuado las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos, generando sobreocupación de más del 250 por ciento en servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa.

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Tres años después de la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el Hospital Departamental de Villavicencio mantiene la calificación de riesgo alto. A corte de 31 de diciembre de 2018, se observan variaciones negativas de los indicadores financieros: sus activos presentan un déficit del 14 por ciento, el patrimonio ha bajado en el 41 por ciento y los pasivos habrían crecido en un 57 por ciento pasando de 25.000 millones en el 2015 a 70.000 millones en el 2018.

El informe de la Procuraduría igualmente cuestiona el papel de vigilancia sobre el proceso de intervención que ha estado a cargo de la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, y de la firma Sac Consulting, que ejerce como contralora con funciones de revisoría fiscal. Por todo esto, y mucho más, la Procuraduría trasladó hoy los respectivos hallazgos a la Fiscalía y a la Contraloría General.