Traición en el búnker de la Fiscalía

Hace dos meses un atentando pasó desapercibido en la capital. Pero ese hecho podría ser clave para destapar uno de los más grandes escándalos de corrupción de los últimos años en una de las entidades más importantes del país: la Fiscalía General de la Nación (FGN).

El caso ocurrió el 3 de mayo en la carrera 30 con calle 68, occidente de Bogotá. A las 8:30 de la mañana una camioneta avanzaba por ese lugar cuando de un momento a otro sonó un golpe, fuerte y seco, en la ventanilla trasera izquierda. En ese sitio estaba sentada Marcela Yepes, la directora de Control Interno de la Fiscalía. Al escuchar el estruendo, el conductor y los escoltas reaccionaron, aceleraron y se abrieron paso como pudieron en medio del tráfico. Al llegar a una instalación segura se dieron cuenta que el golpe provenía de un impacto de bala que, aunque dañó el vidrio, no penetró el blindaje.

Foto del impacto que recibió la camioneta de la auditora del Sistema de Interceptaciones de la Fiscalia. 

Pocos días después expertos en balística de la Policía y peritos especializados determinaron que se había tratado de un proyectil calibre 9 milímetros. Y pasó algo extraño: algunas personas de la Fiscalía buscaron a los policías para pedirles cambiar el resultado del dictamen y anotar que el impacto en el vidrio correspondía al golpe de un tornillo o una piedra. Los uniformados no accedieron a la inusual solicitud.

¿Quién disparó contra Yepes, una de las funcionarias de la cúpula de la Fiscalía, responsable de auditar y realizar los controles en la entidad? ¿Por qué funcionarios de la propia Fiscalía intentaron cambiar el dictamen? ¿Qué investigaba esta curtida funcionaria para recibir semejante ataque? ¿Qué descubrió? Ese atentado sin duda reflejaba algo muy grave.

Exmilitares que trabajan para la mafia utilizaron ilegalmente varias de las salas del sistema de interceptación de comunicaciones de la Fiscalía, antes conocido como sistema Esperanza

Algo huele mal

Parte de las respuestas a estas y muchas otras preguntas puede tener relación con una misión especial encomendada en octubre a Yepes y su equipo de Control Interno por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Se trataba de auditar todas y cada una de las 32 salas de interceptación que esa entidad tiene por el país. Ellas integran el Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SIC), conocido hasta el año pasado como Sistema Esperanza.

Se trata de una de las herramientas más útiles para combatir a los delincuentes. Les permite a los fiscales, previa autorización de un juez, interceptar cerca de 20.000 líneas telefónicas, fijas y celulares. Los funcionarios hacen estas escuchas en salas con cupos determinados para interceptar –que van entre las 400 y 800 líneas telefónicas– y la mayoría tiene nombres clave como Oro, Magenta o Diamante. Cada una de estas a su vez está asignada a dependencias específicas, como la unidad de Terrorismo, Lavado de Activos o Seguridad Ciudadana, entre otras.

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El fiscal ordenó realizar una auditoría detallada al SIC por primera vez en más de 20 años de funcionamiento luego de un gigantesco escándalo por chuzadas ilegales que estalló en septiembre pasado. El caso enredó al general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, dos oficiales retirados del Ejército y una ingeniera de sistemas, a quienes la Fiscalía señaló de conformar una empresa criminal dedicada a chuzar ilegalmente. En ese momento, el país se escandalizó cuando el propio fiscal Martínez reveló que esa organización espió ilegalmente las comunicaciones de centenares de empresas y personas, incluido él mismo.

El fiscal general (e), Fabio Espitia, dio la orden de descubrir las redes que infiltraron el sistema dentro y fuera de esa entidad. El coordinador de una sala de interceptaciones y el fiscal Fabio Martínez (arriba) ya fueron capturados por presuntamente permitir esas chuzadas ilegales.

La investigación reveló en primer lugar los roles de cada uno de los integrantes de esa banda. Una de ellos, la ingeniera de sistemas Marialicia Pinzón, la hacker del grupo, vivía y desarrollaba sus actividades desde su residencia en Ipiales, Nariño. Otro personaje, el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, dirigía una empresa de consultoría en seguridad, JHS Consultores. Los dos formaban parte del grupo de seis capturados iniciales por el caso, junto con Guatibonza, su socio Carlos Arenas y dos más, el mayor retirado Luis Quiroga y Carlos Pérez. En sus primeras declaraciones ante la Fiscalía todos contaron detalles de su estrecha relación con Guatibonza y los negocios que realizaron.

A pesar de esas confesiones, para los investigadores algunas piezas no cuadraban o simplemente faltaban. No era lógico que con los equipos que tenían lograran interceptar comunicaciones de voz o tener acceso a detalles de conversaciones y datos que luego plasmaban en los informes que entregaban a quienes los contrataban. Sospechaban la posibilidad de que uno o varios de los integrantes de la red tuvieran contactos en la propia Fiscalía, y concretamente en algunas de las salas del SIC. Solo una profunda y detallada auditoría podría determinarlo.

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Esa labor incluía visitar físicamente cada una de las salas de interceptación a lo largo y ancho del país y revisar una a una cada línea interceptada. Con esto los investigadores buscaban determinar, entre otras cosas, que cada paso para realizar la interceptación se ajustara a la ley y los procedimientos, complejos pero no infalibles.

En términos generales, para obtener permiso para interceptar un teléfono hay que cumplir varios pasos. El funcionario de la Fiscalía debe consignar en un informe los datos del usuario y el número a interceptar a incluir las fuentes y los argumentos para oír la línea. Esta solicitud pasa a un fiscal que, después de analizarla, acude a un juez para que este autorice la interceptación. Una vez cumplido este requisito el caso se asigna a una sala. Allí un analista escucha la línea y debe hacer un resumen de las conversaciones. También debe verificar que lo que escucha corresponda al caso, por ejemplo, una banda de secuestradores o narcos. Cada una de estas salas tiene a su vez un coordinador que se encarga de supervisar y velar porque todo esté en regla.

Yepes y su equipo comenzaron esa dispendiosa labor y en muchas de las salas fueron encontrando debilidades que consignaron en informes periódicos que entregaban directamente al fiscal general: una gran colección de ‘joyas’ (ver recuadro). Gracias a esa labor determinaron que de los 1.200 números que la Fiscalía encontró en los allanamientos y computadores de la organización del general Guatibonza, al menos 80 aparecían como interceptados en salas del SIC.

Las autoridades capturaron al general retirado Humberto Guatibonza y su socio Carlos Arenas en octubre pasado, junto a otras cuatro personas, por formar parte de una organización de chuzadas ilegales. Ese caso fue el punto de partida para descubrir la infiltración en el sistema de interceptaciones de esa entidad.

La auditoría estableció que dentro de una investigación por un caso de desplazamiento forzado incluyeron y camuflaron el celular de un integrante de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el sindicato de pilotos que llevó a cabo la huelga de Avianca. Por esto, el 16 de diciembre pasado capturaron al coordinador de la sala Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora, ya que según la investigación él tuvo un papel clave en las maniobras para intervenir durante 30 días al piloto.

La auditoría realizada permitió descubrir que integrantes del sindicato de aviadores fueron chuzados ilegalmente. Sus números aparecieron en medio de un proceso por desplazamiento forzado. Duraron chuzados un mes.

El 17 de junio un juez lo condenó a 8 años y 4 meses, después de que aceptó los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público. No pocos quedaron sorprendidos porque en la audiencia de condena el exfuncionario afirmó que se había negado a cualquier negociación con la Fiscalía porque de hacerlo corría peligro su vida y la de su familia. Ese temor y esa declaración dejaron en claro el peligro de las mafias enquistadas en estas redes de chuzadas ilegales.

A medida que las auditorías avanzaban, también lo hacía la investigación. El 8 de mayo, en las instalaciones del propio búnker de la Fiscalía, agentes detuvieron al fiscal 32 especializado contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo. Acusaban al funcionario judicial de permitir ilegalmente incluir en la sala Diamante el número del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel-Codensa, espiado desde allí. Por este mismo expediente, la semana pasada capturaron a Laude Fernández, exjefe de Inteligencia del desaparecido DAS, y representante en Colombia de la multinacional BRG (Berkeley Research Group). La Fiscalía busca determinar la posible responsabilidad de Fernández ya que esa firma tuvo un contrato con Avianca.

En esa audiencia de legalización de captura la Fiscalía reveló algo que también causó conmoción y dará mucho de qué hablar. Nada tenía que ver directamente con Fernández, pero el ente investigador reveló que alguien había vulnerado al SIC en otros casos, como el adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos. Según la Fiscalía, en el SIC manipularon los audios de las interceptaciones de varios de los involucrados (ver recuadro).

A medida que las pesquisas avanzan aparecen no solo los problemas en las salas, sino el modus operandi de quienes han infiltrado el SIC (ver recuadro). Pisar esos callos ha traído consecuencias más allá del atentado contra Yepes. La funcionaria y parte de su equipo han sufrido seguimientos y campañas de desprestigio basadas en acusaciones por medio de anónimos. El fiscal general encargado, Fabio Espitia, la ha respaldado y ha afirmado enfáticamente que las pesquisas deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y que deben dar con todos los responsables de esta red de chuzadas, dentro y fuera de la Fiscalía.

Salas oscuras

La auditoría y las investigaciones avanzan con hallazgos importantes. Pero en realidad no solo la red de Guatibonza logró por medio de sobornos que funcionarios deshonestos traicionaran la entidad para chuzar ilegalmente a cambio de sumas de dinero.

SEMANA estableció que un grupo de militares activos y retirados, la mayoría de ellos antiguos integrantes de la Regional de Inteligencia Militar 7 (Rime 7) también acudieron a estas prácticas ilegales. Los uniformados tenían en su nómina a los funcionarios de una de las salas de interceptación dedicada a labores contra el terrorismo. A cada uno de ellos les pagaban entre 2 y 6 millones de pesos mensuales a cambio de permitirles introducir números, que camuflaban en medio de casos contra organizaciones terroristas. Muchas de esas interceptaciones ilegales tenían el fin de chuzar a investigadores o funcionarios, policías y militares, que los investigaban a ellos o a sus ‘clientes’, algunos narcotraficantes. A los funcionarios de la Fiscalía involucrados los conocen dentro y fuera de la entidad con el remoquete de “los gordos”. Y los miembros de la red llamaban el Monasterio a la sala, que operaba fuera del búnker.

Los hallazgos han llegado muy lejos. En el primer piso del edificio del búnker de la Fiscalía se instaló hace dos años una sala conocida como la de Seguridad Ciudadana. Se trataba de una sala alterna a la conocida como Sala Granate, la cual cambió este año de coordinador. En la cúpula de la Fiscalía enfrentan un hecho inédito: en las últimas semanas los trabajos de investigación hechos desde allí desaparecieron. Al parecer las órdenes de interceptación terminaron repartidas en varias salas por todo el país. Algunos la comienzan a conocer como la sala fantasma.

Muchas bandas aprovecharon las debilidades de quienes operan el SIC para realizar toda suerte de actividades ilegales. La auditoría, así como la captura de funcionarios por chuzadas ilegales, ha revelado hasta ahora la punta del iceberg de una mafia de chuzadores. Dar con ellos plantea el reto más importante de la Fiscalía en este momento. 

Audios manipulados en caso Uribe

En el despelote por el manejo de las salas de interceptación de la Fiscalía también está involucrado el expediente del caso de Álvaro Uribe.

La Sala de Instrucción de la corte deberá definir en los próximos días el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.

El año pasado, cuando la Corte Suprema anunció una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, ordenó también informar por qué a finales de marzo del 2015, el infalible sistema Esperanza de la Fiscalía misteriosamente no grabó. Los temores quedaron confirmados esta semana, cuando se reveló en una audiencia judicial que seis comunicaciones de este caso habrían sido alteradas.

Al analizar un paquete de audios, peritos encontraron “fuertes indicios” de algún tipo de “manipulación o modificación” en llamadas ocurridas el 8, 20, 24 y 30 de marzo de 2015. “Sus fallas o transformaciones no ocurren en etapas cercanas de la reproducción sino tienen inicio funcional y luego se presentan cambios en la señal o a lo largo de su duración, solo se presentan fragmentos pequeños con información seguidos o superpuestos a silencios o tonos puros (pitos)”, dice el peritaje.

El hallazgo no tiene antecedentes. En la Sala Oro del búnker alguien habría editado grabaciones sensibles luego enviadas a la corte. Los audios dan cuenta del detrás de cámaras en una declaración clave. Se trata de Óscar Monsalve Correa, antiguo mayordomo de la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez, quien compareció por videoconferencia. El patriarca y sus hijos están ligados a la investigación por el nacimiento del bloque Metro de las AUC en Yarumal. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar, condenado como exintegrante de este grupo, sostiene que en su corto paso por la finca conoció del hurto de 600 cabezas de ganado, luego recuperadas por paras.

La declaración del padre de Juan Guillermo era clave en la investigación que la corte adelantaba contra el senador Iván Cepeda, demandado por Uribe por supuestamente haber manipulado testigos en su contra. De hecho, sus abogados pidieron sentar al exmayordomo en el estrado para que ratificara haber recibido plata de Cepeda para declarar contra el expresidente. Pero el caso terminó desfavorablemente para Uribe.

La Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar al senado Uribe.

La corte encontró en interceptaciones que, desde que se supo de su comparecencia, sobre Monsalve Correa cayó una gran presión. La diligencia del 24 de marzo de 2015 estuvo marcada por una ráfaga de 46 llamadas a su teléfono 3144751637. Entre las 2:18 y las 2:40 p.m., recibió 10 llamadas de una línea telefónica de propiedad de Juan Guillermo Villegas, un ganadero también señalado como cofundador del grupo paramilitar, y cercano al expresidente Uribe. Según la corte, en esos meses Villegas “supervisó” a la familia Monsalve.

Villegas se comunica con Monsalve a las 2:36 p.m. en una llamada que dura 12 minutos, pero de la que solo se escuchan 30 segundos: “A mí no me robaron una res ni una bestia allá”, le dice Monsalve a su interlocutor (escuche audio en Semana.com). El audio comienza y termina con un prolongado silencio.

Este fragmento da cuenta de una versión de Monsalve que ni su hija esperaba. Laura Monsalve en sus conversaciones manifiesta entre lágrimas: “Pero es que mi papá es un testigo clave (...) es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo”. Para los investigadores, Laura cree que en Guacharacas sí ocurrió un ataque de la guerrilla y un robo de ganado, tal como ha sostenido Juan Guillermo. El mismo 24 de marzo a las 5:17 p.m. Laura sostiene otra llamada a la que también le faltan piezas.

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El informe técnico lleva seis meses en manos de investigadores sin que hasta ahora nadie sepa quién manipuló las escuchas. Para marzo de 2015, la Fiscalía había renovado su sistema de interceptaciones al adquirir la plataforma Target 360. Aunque las llamadas de la familia Monsalve debieron quedar grabadas mediante este programa, resultaron interceptadas en el obsoleto Octopus. Hasta ahora nadie explica las consecuencias: fuentes le confirmaron a SEMANA que desaparecieron los registros de log in de varias grabaciones del sistema Octopus, entre esas, las de los Monsalve. Estos registros permiten asociar las interceptaciones al analista responsable. Para ese entonces, las salas de interceptación estaban bajo el mando del exdirector del CTI Danny Julián Quintana. 

Búnker de la Fiscalía General de la Nación

Las joyas de la auditoría

Informes alertan por el descontrol en varias salas de interceptación. El sistema sirvió hasta para bloquear investigaciones.

• La auditoría revela que algunos fiscales se escudan en la reserva de sus investigaciones y en la consecución de positivos para restringir información a otros. En algunos casos las evidencias reposan en una bodega sin uso alguno, Control interno cuestiona esa circunstancia, en la medida en que otros fiscales que sí quieren investigar no lo pueden hacer porque la línea ya está bajo escucha. Teme que de este modo bloqueen investigaciones inconvenientes.

• De 1.200 números que aparecían asociados al expediente de chuzadas por las que responden ante la justicia el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y el general (r) Humberto Guatibonza, 80 líneas fueron interceptadas desde el búnker de la Fiscalía. Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá, los casos más avanzados.

• Van dos capturas en la entidad por chuzadas: Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante, y el fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir, pues ellos consiguieron desde dentro del búnker información reservada que sirviera a los clientes de la organización criminal. Van tras la pista de otros tentáculos internos en la entidad.

• Analistas oyen entre 15 y 30 teléfonos simultáneamente. Este nivel de congestión impide escuchar en tiempo real y ocurren delitos, pero resulta tarde para que las autoridades alcancen a frenarlos.

• En varias salas del país han detectado excesos en la figura “visitantes”. Argumentando congestión, algunos fiscales designan a un investigador de confianza para realizar las escuchas. En otros casos, a pesar de contar con analistas, los fiscales envían a su personal para realizar este trabajo. Estos casos resultan sensibles ya que dificultan los controles en el uso y legalidad de los audios interceptados. Los visitantes no deben entregar controles. informes parciales o finales al coordinador de la sala.

• Copias espejo y duplicados. A pesar de que para realizar este procedimiento se requiere una orden de Policía Judicial, en algunos casos han detectado que los fiscales tienen copia de las interceptaciones sin cadena de custodia. En ocasiones, todo el despacho los usa.

• Carlos Arenas, señalado socio de Guatibonza en la red de chuzadas, estuvo interceptado por la Fiscalía durante diez días. Su línea telefónica fue asociada a un expediente de narcos que enviaban droga desde Buenaventura y Barranquilla. El analista de la sala de interceptación informó que estas conversaciones no arrojaban resultados, por lo que el fiscal Ricardo Iván Romero Moreno canceló la interceptación el 19 de junio. Las autoridades sospechan que detrás de esta jugada había un intento de la organización por descartar que Arenas estuviera bajo pesquisas. Esto por cuanto un mismo teléfono no puede ser intervenido dos veces.

• Los investigadores tienen interrogantes frente al manejo de las interceptaciones telefónicas en el caso de corrupción que involucra a la familia Ávila Chassaigne, en La Guajira. La auditoría alerta porque a pesar de que en registros no aparecen retiros de evidencia desde la bodega, los investigadores sí consiguen tener acceso. Esta se une a otras presuntas irregularidades bajo la lupa. 

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