Los increíbles casos de jueces y fiscales corruptos

El pasado 14 de agosto, el CTI de la Fiscalía capturó a 11 personas del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. Entre los detenidos está el juez noveno municipal Edwin Volpe Iglesias, el mismo que dejó en libertad al polémico empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca Eljoude, investigado por homicidio y por presuntamente tener nexos con grupos armados al margen de la ley. Además de Volpe, también fueron capturados el juez 12 penal municipal, José Vergara Otero, y la juez 4 penal del circuito, Gloria Amparo Giraldo.

La operación es de gran relevancia ya que junto a los tres jueces también fueron capturados el fiscal Óscar Contreras Amaris, un comisario, un inspector de Policía, abogados y funcionarios de la oficina de asignación de procesos de la Dirección Judicial. Tras un año de investigaciones, las autoridades determinaron que los capturados se dedicaban a manipular y direccionar procesos judiciales y eran conocidos en Barranquilla como el ‘cartel de las libertades’.

Este es uno de los casos de corrupción judicial más graves y recientes de los últimos años, que además causa un sinsabor enorme y deja en evidencia que algo preocupante está ocurriendo con la Justicia. Que justamente varios fiscales y jueces, encargados de impartir justicia, hoy estén tras las rejas, es inquietante por decir lo menos. Como si esto fuera poco, no es la primera vez que jueces y fiscales van a prisión, lo cual mostraría un panorama cada vez más preocupante.

En febrero de este año, las autoridades capturaron a dos hermanos fiscales, en Guaduas (Cundinamarca) y Soledad (Atlántico). Uno de ellos, Manuel Hernando Molano, intentó montar un proceso contra el director de la Dian en Barranquilla, a través de una orden ilegal de interceptaciones telefónicas. Por su parte, Ismael Molano le pidió 50 millones de pesos a un hombre que portaba ilegalmente un arma de fuego para no seguir con la investigación. Un mes después, Alberto Amaya, fiscal de Cimitarra (Santander), fue detenido por cobrarles dinero a varios traficantes de madera para no procesarlos.

Sin duda, uno de los casos que más impacto causó fue la captura en abril de este año de John Walter Osorio Espitia, quien paradójicamente se desempeñaba como jefe de capturas del CTI. Según la Fiscalía, Osorio llevaba 14 años en la entidad y al menos dos extorsionando a ciudadanos con la apertura de procesos en su contra y cobrándole a los delincuentes para no hacer efectivas sus órdenes de captura. Fue detenido cuando recibía 30 millones de pesos de una mujer a la que extorsionaba. En ese mismo mes, el CTI capturó a Abelardo Andrade Meriño, juez 22 civil municipal en Barranquilla, investigado por el presunto delito de prevaricato por acción al concederle libertad al exgobernador de La Guajira José Francisco ‘Kiko’ Gómez y a alias Cara’e vieja, cabecilla del Clan Úsuga.

En junio pasado, el fiscal 11 seccional de Pasto adscrito a la Dirección Nacional Antinarcóticos, Jaime Felipe Folleco, fue capturado por hombres de la Sijín de la Policía ya que, según la Fiscalía, habría aceptado un dinero para tomar una decisión ilegal. Así mismo, a principios de agosto se dictó medida de aseguramiento contra Teresa López Muñoz, jueza 13 civil del circuito de Cali, investigada por embargar cuentas sin soportes ni pruebas, y por presuntamente haber recibido 8 millones de pesos para no cambiar unos secuestres en un proceso judicial.

Lo más grave de todo este asunto es que la corrupción judicial no solo es un fenómeno de este año. Ya en octubre de 2014 otros dos togados, los jueces municipales 29 y 35 de Bogotá fueron detenidos por amañar tutelas.

Que solo en los últimos diez meses ocho jueces y siete fiscales hayan terminado involucrados en delicados casos de corrupción, sin duda es una pésima señal para un país que diariamente reclama justicia. Nada peor que cuando la sal se corrompe.