Judicial
Corrupción en la SAE: Fiscalía cita a declaración bajo juramento a Daniel Rojas para que presente sus pruebas
El presidente de la SAE le envió una carta en la que retó al jefe del ente investigador a demostrar que los ha citado a reuniones para hablar de las irregularidades encontradas.
De manera sorpresiva, la Fiscalía General suspendió la mesa de trabajo que se tenía programada para adelantar las investigaciones conjuntas por presuntos actos de corrupción en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y citó a declarar a su presidente, Daniel Rojas, con el fin de que, bajo la gravedad de juramento, presente todas sus evidencias frente a las irregularidades que ha ventilado en medios de comunicación.
Este miércoles se conoció una carta en la cual Rojas retaba al fiscal a aclarar una supuesta cita en el búnker con el fin de presentar sus evidencias. “Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos, que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”.
Sin embargo, esta mesa –en la que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad y asumir las investigaciones para la judicialización de los responsables– no se instalará. Contrario a esto, tanto Rojas, como el vicepresidente jurídico de la SAE, Sebastián Caballero, y demás funcionarios, deberán presentar toda la documentación que tengan y sustentar, con pruebas, lo que han dicho ante los medios recientemente.
El pasado lunes, desde el Guaviare, el fiscal general Francisco Barbosa ya había hecho el primer llamado de atención por la no formalización de las denuncias por actos de corrupción en la SAE y les pidió que “pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar likes (...) A cada momento lo mejor es hacer escándalo, pero cuando cita la Fiscalía no van”.
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Luego de este pronunciamiento, en una carta enviada al fiscal general, Rojas sostiene que la SAE es respetuosa de la Constitución, la ley y los requerimientos de las autoridades judiciales y los entes de control.
“Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos, que estamos a espera de la confirmación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica propuesta”, dice la comunicación.
Rojas le dijo a Barbosa que para la Sociedad de Activos Especiales es fundamental la articulación y el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación “con el fin de construir y transparentar el inventario de activos a cargo de la entidad, como parte del compromiso de este Gobierno en la lucha frontal contra la corrupción. Por tal motivo, reiteramos la solicitud de iniciar prioritariamente las mesas estratégicas conforme las directrices dadas por el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego”.
Y le reitera que esa entidad se encuentra a la espera de respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación que permita instalar la mesa estratégica.
“Celebramos que exista voluntad del ente a su cargo para acompañarnos en esta iniciativa que surge desde el 7 de agosto de 2022, cuyo objetivo es, tal y como lo hemos manifestado, construir y transparentar el inventario de activos bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), teniendo en cuenta las irregularidades que se han presentado desde los tiempos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)”, se lee en la carta.
“Adicionalmente, se expidió la Resolución No. 1287 del 11 de noviembre de 2022, por medio de la cual se conforma la mesa técnica experta para la construcción del inventario de los activos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que conforma la mesa técnica experta como una instancia de apoyo para el desarrollo de las actividades relacionadas con la armonización y el levantamiento del inventario de los activos objeto de procesos de extinción de dominio que se encuentran bajo administración de la Sociedad”, puntualiza el presidente de la SAE en su comunicación.
Bienes, en la mira de la Procuraduría
En octubre pasado, la Procuraduría General hizo un fuerte pronunciamiento advirtiendo que no hay certeza del número de bienes incautados a la mafia y que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). A esta conclusión llegó el organismo de control disciplinario tras la apertura de una investigación disciplinaria para establecer las irregularidades que se habrían presentado en los últimos años.
Para el Ministerio Público no se tiene claridad sobre la vulnerabilidad en el sistema para el control del inventario de los bienes de parte de la SAE. Con el fin de establecer más fallas, se designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en inventario de bienes provenientes de la mafia y organizaciones criminales que administraba la Sociedad, que reemplazó a la muy cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
En las primeras pesquisas, adelantadas por un técnico-científico en instalaciones de la sede de la SAE en Bogotá, se encontró que no son claros los criterios para la distribución, generando una concentración de los más rentables, esto debido a que no se adelantó la respectiva auditoría. Igualmente, se registraron decenas de incumplimientos en los compromisos suscritos con particulares encargados de la administración de dichos bienes.
Uno de los puntos más grave es que existen arrendamientos de millonarios bienes con un valor muy reducido, incluso menor al que había establecido la misma SAE, hecho que generó un millonario desfalco. Frente a estos hechos, la Procuraduría busca identificar e individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de las directivas de la SAE encargadas de controlar todo lo relacionado con los bienes incautados por las autoridades a las organizaciones criminales.
El caso más sonado tuvo que ver con el exdirector de la Policía Nacional general (r) Rodolfo Palomino, quien recibió una finca que era propiedad del esmeraldero Pedro Nel Rincón, conocido con el alias de Pedro Orejas.
El oficial en retiro recibió, por medio de la sociedad Paar Consulting Group S. A. S., la hacienda Granada ubicada en Ubaté (Cundinamarca) y la cual le había sido incautada a Pedro Orejas en septiembre de 2021 junto a otros 770 bienes avaluados en un billón de pesos.
Después de que estallara el escándalo, el general Palomino publicó un comunicado de cinco puntos en el que asegura que todo el trámite fue legal y se realizó teniendo en cuenta todas las condiciones de la SAE. La búsqueda de este predio formó parte de su plan para poner en marcha su emprendimiento rural.
“Retomé una actividad vivida en mi infancia en compañía de mi padre, la ganadería en pequeña escala, y me dediqué a la producción de leche de vaca”, explicó el oficial en retiro que salió de la Policía Nacional en medio de investigaciones por casos de corrupción y la llamada Comunidad del Anillo.
Reveló que a comienzos de 2022 accedió a la página de la SAE para conocer 200 predios rurales “que podían estar disponibles para ser tomados en arriendo de acuerdo con la ley”. Fue de esta forma, y tras pedir un préstamo, que firmó todos los documentos de arrendamiento.
“La actual administración de la SAE se tomó desde el 18 del mes de agosto y todo el mes de septiembre, para revisar nuevamente los documentos y autorizar la entrega del inmueble. La SAE nunca me informó sobre la historia y trazabilidad de la propiedad del inmueble, entendiéndose que son bienes que se han recuperado y como muchos en el país han sido dispuestos de acuerdo con la ley y las normas de la SAE, ya sea como depositarios o arrendatarios de estos. Jamás, ni antes ni ahora, he hecho ningún tipo de negocio o trato con personas de quienes se tenga información alguna que estén comprometidos en algún acto ilícito”, detalló.
